Uruguay se convirtió en el primer país de América del Sur en legalizar la eutanasia tras la aprobación en el Senado de la Ley de Muerte Digna.
La norma, que fue sancionada con 20 votos a favor, permite que adultos mentalmente aptos con enfermedades incurables o sufrimientos insoportables soliciten asistencia médica para morir.
El proceso exige que el paciente exprese su voluntad por escrito de manera inequívoca y que dos médicos confirmen tanto el diagnóstico como su capacidad mental para decidir.
Dado que en caso de existir dudas una junta médica revisará el caso, el Ministerio de Salud Pública será el organismo encargado de supervisar el cumplimiento ético de toda la práctica.
