A través de la Embajada de los Estados Unidos, la DEA y los Marshals, extendieron formal invitación a las autoridades de la Procuraduría General de la República (PRG) y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) para visitar las instalaciones de la Oficina Central de la Drug Enforcement Administration (DEA) en Washington, D.C.
La delegación Dominicana que asistió a las actividades en Washington estuvo encabezada por la procuradora general de la República Dominicana, Miriam Germán Brito, y el vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, presidente la Dirección Nacional de Control de Drogas, quienes fueron recibidos en su despacho por la Administradora de la Drug Enforcement Administration, por sus siglas en inglés DEA, señora Anne Wilgram.
Así como Ronald L. Davis, director de los United Marshals Service; Renita Denise Foster, directora de la División del Caribe, y Clifford Brown, sub-director de la División del Caribe, quienes fueron acompañados por el supervisor de la Oficina de Santo Domingo División Caribe de la DEA, DR. Melitón Cordero y por los U.S Marshals, Silvestre del Rosario y Sasha Zacarías, supervisora Investigadora.
En el marco de las actividades realizadas entre el 15 y 19 de abril del año en curso, la Administradora de la Drug Enforcement Administration, felicitó al Gobierno dominicano por las operaciones recientes, dando duros golpes al narcotráfico y al crimen organizado, así como el director de los U.S Marshals, Ronald E. Davis, que en visita programada a la sede central de la institución, hizo un reconocimiento especial al Gobierno dominicano, encabezado por el honorable presidente Luis Rodolfo Abinader Corona, por escalar de la posición 10 a la número 3 en la captura de fugitivos que huyen de la justicia norteamericana.
Como parte del apoyo continuo del gobierno de los Estados Unidos hacia la República Dominicana, se trataron temas para el fortalecimiento de las relaciones de cooperación y de acción rápida efectiva, utilizando como ejemplo el éxito de la reciente operación Caimán, que fue reconocida por ambas instituciones como una de las más contundentes de los últimos años, realizada de manera conjunta en la República Dominicana.
En las reuniones realizada en Washington, los representantes del Gobierno dominicano enfatizaron el compromiso de continuar en la lucha contra el crimen organizado en todos los escenarios.
La Junta Central Electoral inició la pasada jornada el proceso de clonado de los equipos de escaneo, digitalización, impresión y transmisión que van a ser utilizados en las elecciones presidenciales y congresuales del próximo 19 de mayo.
Según la Presidencia de la República, los diez diplomáticos llevarán a cabo una agenda en el país para conocer de primera mano la posición dominicana con relación a Haití.
Mariano Berroa fue víctima de la agresión del haitiano Simeus Birthsley José, quien utilizó para esto una cadena utilizada para cerrar la puerta de los vehículos en los que son transportados los ciudadanos en condición irregular cuando son detenidos, informó la Dirección General de Migración en un comunicado.
Michel Patrick Boisvert, quien se desempeñaba como ministro de Economía y Finanzas, fue nombrado primer ministro interino de Haití por el Consejo Presidencial de Transición tras la renuncia de su predecesor, Ariel Henry.
La FEDAPMAE y el Movimiento «La ADP me tiene Jarto» no solo protestaron enérgicamente, sino que también anunciaron su disposición a presentar un recurso constitucional para salvaguardar el derecho a la educación de los alumnos.
La jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Judicial de La Altagracia, Francis Diloné, dictó este viernes tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra un agente de la Dirección General de Migración (DGM) acusado de violar a una adolescente haitiana de 14 años en esa provincia.
La magistrada Diloné dispuso que el raso de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, Paulino de la Cruz, deberá cumplirla la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Anamuya (CCC14).
Según el expediente del Ministerio Público, De la Cruz penetró en la residencia de la víctima y se aprovechó de que la misma estaba sola para cometer el hecho.
La investigación del hecho, encabezada por los fiscales Hendrich Ramírez, Silveria Poueriet, Ronny Mercedes y Rocío García, tras la denuncia realizada por la madre de la menor de edad, en su expediente imputa provisionalmente a Paulino de la Cruz, la falta a los artículos 330 y 331del Código Penal Dominicano, que castigan la violación sexual.
Paulino De la Cruz es un agente de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD), adscrito a la Dirección General de Migración (DGM), para los operativos que realiza la institución migratoria.
El presidente de Kenia, William Ruto, aseguró que su país “está listo y dispuesto” a enviar policías para ayudar a restablecer el orden en Haití tras la instalación el jueves del Consejo Presidencial de Transición (CPT) en el país caribeño, sumido en una grave crisis de violencia.
“Kenia asegura al CPT de Haití su pleno apoyo mientras guía al país a través de este complejo interregno”, afirmó Ruto en un mensaje publicado en su perfil de X a última hora de este jueves.
Kenia, subrayó, esta “lista y dispuesta, en concierto con una amplia alianza de naciones de África y CARICOM (Comunidad del Caribe), comprometidas con la estabilidad de Haití, a ejecutar rápidamente la infraestructura de apoyo a la seguridad prevista” en la resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU.
Esa resolución, aprobada en octubre de 2023, contempla el despliegue de una misión multinacional para atajar la crisis de seguridad en la nación caribeña.
El presidente keniano mostró su “compromiso” con la “estabilidad de Haití” y expresó su confianza en el CPT en su “singular tarea de actuar rápidamente para restablecer los órganos clave del Estado críticos para la restitución de la ley y el orden y necesarios para llevar esperanza a todos los haitianos».
Kenia planea desplegar en el país caribeño más de mil agentes, procedentes de varias unidades y entrenados en combate, para ayudar en la misión. Este jueves quedó instalado el Consejo Presidencial de Transición de Haití, el organismo de transición encargado de organizar la celebración de elecciones y la formación de un nuevo Gobierno.
Su instalación supone el primer paso en el camino para superar la crisis que sufre Haití, al menos a nivel institucional, ya que la violencia de las bandas armadas no parece encontrar freno, mientras se espera la llegada de la misión multinacional para pacificar el país.
La situación en Haití ha estado marcada en los últimos años por crisis políticas, económicas y sociales. Desde la devastadora secuela del terremoto de 2010, el país ha enfrentado numerosos desafíos.
Las tensiones políticas y la falta de liderazgo efectivo han obstaculizado los esfuerzos para abordar los problemas de fondo, como la pobreza extrema, la corrupción y la falta de infraestructura básica. El primer trimestre de 2024 ha sido el más sangriento en el país desde 2022, cuando empezó la peor ola de delincuencia y criminalidad en los últimos años.
El Tribunal Constitucional conoció este viernes quince expedientes de acción directa de inconstitucionalidad durante una audiencia pública encabezada por el magistrado presidente de esta alta corte, Napoleón R. Estévez Lavandier.
Durante la audiencia, el Pleno de jueces dejó en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0047, en el que Edward Ureña Ureña atacó el artículo 73.5 de la Ley núm. 821-27 de Organización Judicial y sus modificaciones, de fecha 21 de noviembre de 1927.
Igualmente, el expediente TC-01-2023-0048, interpuesto por Manuel Samil Segura de la Cruz, quien refutó la Ley Nacional de Vacunas de la República Dominicana.
Asimismo, el expediente TC-01-2023-0049, con el que Darío Antonio Cueto Leonardo impugnó los artículos 145, párrafo II de la Ley núm. 20-23, Orgánica del Régimen Electoral, del 17 de febrero de 2023; y el décimo sexto de la Resolución núm. 38-2023, del 15 de agosto de 2023, que regula la participación de funcionarios públicos en el período de la precampaña y en la campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales, congresuales y municipales del año 2024.
Los magistrados también dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0050, con el cual Johannatan Loanders Medina Reyes atacó el artículo 291 del Código Procesal Penal.
De igual manera, dejaron en estado de fallo el expediente TC-01-2023-0051, que tuvo como accionante a Pedro Marino Peña Torres, quien refutó el artículo 53 de la Ley núm. 137-11, Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales.
También quedó pendiente de fallo el expediente TC-01-2024-0001, en el que Identidad Dominicana (IDEDOM), impugnó la Ley núm. 391, del 20 de septiembre de 1943, que establece penas correccionales para las personas que practiquen los espectáculos de «Voudou» o «Luá».
Asimismo, el expediente TC-01-2024-0002, igualmente interpuesto por Identidad Dominicana (IDEDOM), Inc, que atacó el artículo 130, párrafo II del Reglamento de Procedimientos Contenciosos Electorales, del 7 de marzo de 2023.
En la audiencia, además, se conoció y quedó en estado de fallo el expediente TC-01-2024-0003, cuyo accionante Jean Carlos Machuca de la Mota atacó las actuaciones e informes provenientes de la Policía Nacional y de los señores Ramón O. Hernández Peralta, Roberto A. Albino Filpo, Miguel Cuevas Cuevas y Flavia D. Montero Romero.
El Ministerio de Trabajo reitera a toda la colectividad empresarial y trabajadora de la República Dominicana que el Día del Trabajo, que se conmemora el miércoles 1 de mayo, es laborable y el feriado se cambia para el lunes 29 de abril.
La clase trabajadora debe reintegrarse a sus labores cotidianas el martes 30 de abril, según lo establece la Ley 139-97, atendiendo a la aplicación de los días feriados.
La celebración de esta fecha, de conformidad con lo establecido por la legislación dominicana, deberá ser aplicada en todos los establecimientos del país.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) ratificó hoy su propuesta de incremento salarial, pero las autoridades no dieron respuestas a las solicitudes, por lo que se mantiene a la espera de que las autoridades cumplan con el acuerdo firmado..
El gremio que agrupa a los maestros acudió hoy a la reunión convocada por el ministro Ángel Hernández para dialogar, como siempre ha sido la postura del gremio de sentarse en la mesa del diálogo.
Sin embargo, la comisión de la ADP, designada por su Comité Ejecutivo Nacional, reiteró a las autoridades del Ministerio de Educación su posición de exigir el cumplimiento integral.
Referente a la atención inmediata de las necesidades de la escuela y al aumento de sueldos a los docentes activos y jubilados, el cual las autoridades se comprometieron a realizar en este mes de abril del acuerdo firmado en julio del año 2023.
Asimismo, expresó su vocación al diálogo, a su membresía y su convocatoria a movilización con motivo al día primero de mayo, por el cumplimento del acuerdo de manera integral y por la libertad sindical.
La seccional de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en Azua continúa en pie de lucha y ha decidido mantener su paro parcial de docencia. Esto se mantendrá así hasta que el ministro de Educación, Ángel Hernández, tome en cuenta y atienda sus demandas.
Randy Brito, presidente del Comité Municipal en esa seccional, expresó su preocupación por la desvinculación de personal de apoyo en algunos centros educativos. Afirmó que parece que quieren obligar a los maestros a realizar tareas de limpieza como limpiar pisos y baños, lo cual considera inadecuado.
La Procuraduría General de la República incineró otro cargamento de 594 kilogramos de distintas drogas, incluyendo los más de cuatrocientos kilogramos de cocaína incautados la pasada semana en la provincia Peravia.
En un informe sobre la actividad, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) señala que en total fueron incinerados 594.390 kilogramos de drogas y 11.611 kilogramos de otras sustancias no controladas.
La entidad detalló que formaban parte de casos de cocaína 453.845 kilogramos (76.35%) y de marihuana 136.134 (22.90%), en tanto que de crack 2.658 kilogramos (0.4471%) y de ecgonina 1.250 kilogramos (0.2103%), además de éxtasis 341 gramos (0.0575%) y de hachís 162 gramos 0.0273%.
Las drogas y las sustancias no controladas correspondían a 692 casos y fueron ocupadas por miembros del Ministerio Público y de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la mayor cantidad 412,400.503 kilogramos (409,962.953 de cocaína), en la provincia Peravia.
Los operativos donde se ocuparon ambas sustancias se extendieron hasta Santiago, Santo Domingo, Distrito Nacional, La Altagracia, San Cristóbal, La Vega, Duarte, María Trinidad Sánchez, Monseñor Nouel, Barahona y Monte Plata, así como a Santiago Rodríguez, Hato Mayor, Elías Piña, Bahoruco, San Pedro de Macorís, El Seibo, Pedernales, Azua y Puerto Plata.
Cada semana los narcóticos son quemados en el recinto del Ejército de República Dominicana (ERD), en el municipio Pedro Brand, provincia Santo Domingo, en un acto que se lleva a cabo con la participación de representantes de diversas instituciones del sistema de justicia y del área de la salud.
Desde el 11 de enero y hasta el 25 de abril han sido incautados e incinerados en el país un total de 7,625.573, destacaron las autoridades a través de un comunicado de prensa divulgado por la PGR.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste dictó tres meses de prisión preventiva contra tres mujeres apresadas en flagrancia tras intentar hacer compras en un supermercado con 89 tarjetas del programa de ayuda y protección social Supérate.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que las imputadas Leanding Cristal Mota Arias, Perla Massiel Pérez Germán y Crisleidy Toledo Mota cumplan la prisión preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en la provincia de San Cristóbal.
De acuerdo a la solicitud de medida de coerción, las imputadas fueron arrestadas en flagrante delito, en momentos en que estás se disponían a pagar compras con 89 tarjetas del programa Supérate, en un establecimiento ubicado en la autopista Duarte.
El Ministerio Público indicó que las tres mujeres se asociaron con el objetivo de estafar al Estado dominicano, realizando compras masivas con el uso de las tarjetas del programa de subsidios que otorga el Gobierno a través de la Administradora de Subsidios Sociales (Adess).
Entre las evidencias ocupadas al momento en que ocurrió el hecho se encuentran: cuatro cajas de leche, conteniendo seis unidades, y una caja que contenía cinco unidades del producto, para un total de 29 elementos; 19 galones de aceite de 3.78 litros y 16 de 7.37 litros; cuatro fardos de café, con un total de 20 paquetes cada uno y 10 sueltos, siendo estos 89 paquetes; 23 piernas de salami de 100 gramos, cuatro fardos de leche Carnation de 24 unidades, seis plátanos verdes, un paquete de camarones de 2 libras, un paquete de toallas sanitarias, un paquete de fresa de 450 gramos y dos objetos plásticos para juguetes infantiles.
Las investigaciones iniciadas establecen que hasta el momento 22 de 89 tarjetas adscritas al programa de subsidio del Estado no coindicen con las informaciones visibles en el plástico.
El Ministerio Público les ha otorgado a los hechos descritos la calificación jurídica de asociación de malhechores, obtención ilícita de fondos, usurpación de identidad, falsificación y estafa, cometidos en violación a los artículos 265 y 266, del Código Penal, y los artículos 5, 13, 14 y 17 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Agentes policiales de la División de Investigaciones de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad (Robos), junto con el personal de Operaciones de la Subdirección Regional de Investigaciones Santo Domingo Norte, recuperaron 30 celulares sustraídos a ciudadanos mediante descuido y asaltos en la vía pública.
El operativo se llevó a cabo en la calle Anacaona, del sector Barrio Sol de Luz, distrito municipal La Victoria, en Santo Domingo Norte, donde se buscaba al reconocido antisocial apodado Junior “Musungui”, quien se dedica a la compra y venta de objetos robados, incluyendo celulares arrebatados a ciudadanos.
Agentes policiales de la Dirección Central de Investigaciones (DICRIM), arrestaron a Jesús Jiménez Meco “El Michero”, de 25 años, mediante una orden judicial de arresto. Se le acusa de ingresar a una vivienda en el municipio de Higüey, provincia La Altagracia, y robar la suma de 30,000 pesos en efectivo, así como cuatro relojes y documentos personales del denunciante. Meco fue captado por las cámaras de seguridad de la residencia durante el acto.
El detenido será presentado ante el Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
Miembros policiales de la Dirección Regional Este, con sede en La Romana, detuvieron en las últimas 24 horas a un total de 69 personas en operativos preventivos. Entre los detenidos se encuentra uno reclamado por la justicia por violación a la ley 50-88 sobre sustancias controladas, además de la recuperación de una motocicleta y un arma de fuego ilegalmente portada.
Las acciones fueron realizadas por miembros de la Subdirección Regional Este de Investigación (Dicrim), Preventiva, Unidad Toppo y Ciutran (Ciudad Tranquila).
El reporte policial indica que entre los detenidos se encuentra Ernesto Emilio Mateo (a) “Richi”, el “Fonqui” o Andy, de 44 años, quien figura con una orden de arresto por robos de varios equipos de trabajo de un taller, además de penetrar al antiguo Centro Mutualista, sustrayendo un condensador de aire acondicionado, tuberías de cobre y alambres eléctricos.
Otro detenido es Yobert Esechias Silvestre, de 28 años, quien, tras su depuración, figura con registro por violar la ley 50-88 sobre sustancias narcóticas y estar siendo buscado por la justicia.
En el municipio Villa Hermosa, fue detenido mediante persecución Joan Alexander Berroa, quien se desplazaba en una motocicleta sin placa, portando un arma de fuego de manera ilegal.
En total, se fiscalizaron 370 motocicletas, quedando retenidas 54 por violar la ley 63-17 sobre Movilidad. Además, se hicieron 90 encuentros comunitarios.
Los detenidos y las evidencias serán puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes. La Policía Nacional reitera su compromiso de trabajar por la seguridad ciudadana, realizando operativos preventivos y combatiendo la delincuencia en todas sus manifestaciones.
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