Autoridades municipales encabezadas por Francisco Peña y Junior Santos sometieron una acción ante el Tribunal Constitucional para cuestionar la validez del artículo 21 de la Ley 176-07, debido a que consideran que la disposición afecta la independencia administrativa de los ayuntamientos.
Los alcaldes explicaron que la actual legislación establece parámetros obligatorios que condicionan la distribución de fondos públicos, pese a que cada municipio enfrenta prioridades distintas que requieren respuestas específicas.
Señalaron que la autonomía presupuestaria reconocida constitucionalmente implica que los gobiernos locales puedan definir libremente la inversión pública de acuerdo con las demandas reales de sus comunidades.
