Las organizaciones feministas dominicanas cuestionaron el nuevo Código Penal debido a que mantiene la penalización del aborto incluso en circunstancias excepcionales, lo que según denuncian las organizaciones incrementa la vulnerabilidad de las mujeres frente al sistema de justicia.
Las activistas manifestaron que la criminalización no resuelve el problema de fondo y que, por el contrario, genera condiciones que ponen en riesgo la vida de quienes requieren atención médica en situaciones extremas.
En respuesta, grupos conservadores defendieron la legislación argumentando que cualquier modificación atentaría contra el principio constitucional que protege la vida desde la concepción.
