El Congreso Nacional de Honduras aprobó una reforma al Código Penal que endurece las sanciones contra el feminicidio, estableciendo penas de hasta 60 años de prisión cuando el crimen ocurra en contexto de violencia de género extrema o durante un secuestro que termine con la muerte de la víctima.
La nueva normativa mantiene condenas base de 25 a 30 años, pero las eleva a 40 años si existen agravantes, además de crear instancias judiciales especializadas integradas únicamente por mujeres para investigar y procesar estos casos.
Las autoridades sostienen que el mensaje es contundente contra la violencia hacia las mujeres, aunque organizaciones de derechos humanos advierten que el principal reto sigue siendo prevenir los feminicidios y combatir la impunidad, pues muchos casos no se resuelven en la justicia hondureña.
