El diputado Mélido Mercedes afirmó que la decisión del presidente de suspender el proyecto minero en El Romero, San Juan, respondió a las manifestaciones ciudadanas que rechazaban la explotación y a la falta de licencia social para su ejecución, lo que, según dijo, obligaba a detener la iniciativa.
Legisladores consultados respaldaron la medida, al señalar que la protección del agua y la seguridad alimentaria deben prevalecer sobre la seguridad jurídica, mientras criticaron las advertencias del sector empresarial sobre posibles impactos económicos.
Mientras tanto, desde el Congreso se informó que se estudia un proyecto de ley para declarar la zona como área protegida, con el objetivo de evitar que futuras iniciativas extractivas avancen sin consenso social y sin el respaldo de la comunidad.
