El caso INTRANT fue enviado a juicio de fondo por la jueza Genibeth Rivas, tras evaluar las pruebas presentadas contra el exdirector Hugo Beras y el empresario Jochi Gómez, quienes están acusados de corrupción administrativa.
La acusación del Ministerio Público incluye cargos como fraude, sabotaje, asociación de malhechores y desvío de fondos, además de la vinculación de varias empresas al proceso penal.
Pese a que la defensa sostiene que no existe perjuicio contra el Estado y cuestiona la tipificación de algunos delitos, el tribunal decidió continuar el proceso judicial, manteniendo las medidas de coerción impuestas a los imputados.
