Residentes del distrito municipal de Medina en San Cristóbal denunciaron este viernes el presunto desalojo arbitrario de familias quienes les derribaron sus viviendas sin encontrarse presentes y sin una orden judicial emitida por un tribunal competente, solo con presentando un proceso verbal de desalojo por el que la alegada propietaria pagó RD$500 mil pesos.
Los afectados fueron identificados como Claudina Frías Hernández, Julián Piña Correa y otros dos propietarios, uno de los cuales falleció en 2021, quienes aseguran haber adquirido los terrenos hace unos 15 años mediante compra realizada de buena fe al señor Clarence Veras Rodríguez, de las que poseen acto de venta.
De acuerdo con los denunciantes, la señora Ana Evangelina Burgos alega ser la propietaria de los terrenos y promovió un proceso de desalojo que, según sostienen, fue ejecutado sin una orden firmada por un juez. Indicaron que la actuación se realizó mediante un acto instrumentado por el alguacil Manuel Matos Perdomo.
Los comunitarios también cuestionaron la validez del documento utilizado para ejecutar el desalojo, alegando que contiene errores en la identificación de las personas señaladas como ocupantes y que hace referencia a una notificación realizada a Kervi Doñe Marte, quien, según afirman, falleció hace cinco años.
Asimismo, denunciaron que a principios de mayo se presentaron en la comunidad dos hombres encapuchados que supuestamente actuaban en representación de la persona que reclama la propiedad de los terrenos, quienes amenazaron con “tumbar las viviendas”.
Según los testimonios de testigos, el operativo de desalojo fue ejecutado pasadas las 8:00 de la mañana con la participación de un amplio contingente policial, cuyos integrantes procedieron a derribar las viviendas, dejando a las familias afectadas sin hogar.
Claudina Frías Hernández manifestó sentirse desesperada tras perder su vivienda y aseguró que nunca recibió una notificación formal que le permitiera ejercer su derecho de defensa antes de la ejecución del desalojo.
La presidenta de la junta de vecinos Hacia un Nuevo Horizonte, Ynmaculada Piña, solicitó la intervención de las autoridades para investigar las circunstancias en que se produjo el operativo.
“Estas personas tienen 15 años que le compraron a este señor Clarence, el cual ustedes pueden ver su nombre en el documento. Pedimos a las autoridades que investiguen este acto despiadado. Ellos no son invasores, ellos compraron. Pedimos la ayuda del Estado, que este caso se resuelva, que no quede impune «, expresó la líder comunitaria.
Otra residente, identificada como Norma Upia, afirmó que conoce a las familias afectadas desde hace más de 15 años y sostuvo que estas adquirieron los terrenos mediante compra, no invasión.
“Lo grande que yo he encontrado es que no podían venir callados, tenían que mandar un aviso. Vinieron aquí y desbarataron todo sin uno estar aquí. Eso fue el abuso más grande”, declaró una de las afectadas.
Los comunitarios solicitaron a las autoridades judiciales y al Ministerio Público revisar la legalidad del procedimiento y determinar si fueron respetadas las garantías procesales correspondientes durante la ejecución del desalojo.
Hasta el momento, no se ha obtenido una reacción oficial de la señora Ana Evangelina Burgos ni de las autoridades responsables de la ejecución del procedimiento.