Exigen el cumplimiento de una serie de reivindicaciones que van desde aumento salarial hasta facilidades para la adquisición de viviendas.
Denuncian que viven en casas precarias y a punto de colapsar, lo que pone sus vidas y las de sus familias en constante riesgo.
Aseguran haber esperado cerca de dos años una respuesta, por lo que están analizando qué medidas tomarán para ser escuchados.
Aseguró que esta acción es una muestra del compromiso del Gobierno dominicano en situaciones de emergencia en Haití.
Solicitan al Ministro que interceda en su pedido para darle solución a su demanda, aseguraron que esta situación afecta a más de 700 productores.
Enfatizó que lamenta la situación que viene atravesando el hermano país de Haití y que el Gobierno actual ha hecho esfuerzo en apoyarlos.
Aseguró que la autoridad pretende despojarlo de un tractor que fue donado por el presidente Luis Abinader para los trabajos del campo.
Aseguró que la Dirección Nacional de Inteligencia - DNI, intervino los teléfonos celulares de varios congresistas de oposición.
Son siete las plazas senatoriales que no fueron acordadas por las organizaciones opuestas al Gobierno.
Aseguran que tienen pruebas que demostrarían que se habría usado dinero de bonos navideños en comprar votos este próximo domingo.
Aseguró que le incremento de la delincuencia, la alta criminalidad, los apagones entre otros es producto de la incapacidad del actual Gobierno.
Exigen a las autoridades el pago de cerca de 113 millones de pesos, el cual debe ser entregado por certificación de actos notariales.
Exigen al Presidente Abinader a derogar la Ley 01-24, la cual autoriza al DNI a reclamar cualquier información en todos los ámbitos de la privacidad y del ejercicio profesional.
Asegura que se planteó hacer reformas sustanciales; sin embargo, no ha cumplido con ninguna de ellas.
Esta acción tiene como principal finalidad de impulsar las reformas que requiere la República Dominicana.
Asimismo, recusan al Magistrado Vallejos por haber asumido públicamente la vocería del Gobierno y renunciar su condición de magistrado.
Ellos exigen a las autoridades pertinentes ser reubicados en la zona y que la institución cumpla con su palabra.
Manifestó que la Ley 1-24 destruye todos los controles y protocolos judiciales establecidos en otras leyes que garantizan el respeto a los derechos individuales de privacidad.
Las más de 470 familias aseguran haber pagado más de 20 millones de pesos como parte de la inicial para adquirir un solar.
Afirman que, de no recibir respuesta por parte del Gobierno, tendrán que salir a las calles para realizar una huelga nacional.