Un conglomerado de organizaciones de la sociedad civil dominicana actúa como intervinientes voluntarios en defensa del Código Penal aprobado en el año 2025, frente a una acción directa de inconstitucionalidad sometida ante el Tribunal Constitucional.
Las organizaciones rechazan la acción que imputa específicamente los artículos relativos a la protección integral de la vida humana desde la concepción, contenidos en la ley número 75-2025.
Los intervinientes afirman que la Constitución Dominicana no da margen a establecer excepciones para implantar el aborto, y advierten que la experiencia histórica demuestra que naciones que ceden terminan consagrando esta práctica como un derecho fundamental.
