La Comisión Nacional de los Derechos Humanos denunció que la Policía Nacional habría ejecutado a 60 ciudadanos durante los primeros 100 días de la actual gestión policial, utilizando supuestos intercambios de disparos como método para dar muerte a jóvenes sin protocolos adecuados.
El presidente de la entidad, Manuel María Mercedes, calificó esto como violación al Estado de Derecho. Como prueba, Denisia Soriano afirmó que su hijo Osvaldo Javier fue abatido mientras estaba sentado en una iglesia, sin vínculo con delitos.
Congresistas rechazaron las acusaciones y defendieron la labor policial contra el crimen organizado.
