La crisis vial en República Dominicana se profundiza en medio del bajo cumplimiento de la Ley 63-17 de movilidad y tránsito, que las autoridades estiman que no supera el 10% de ejecución.
La normativa, que fue creada para reorganizar el sistema de transporte y reducir accidentes, ha enfrentado limitaciones en su aplicación efectiva pese a múltiples instituciones involucradas. Además, se reportan más de 835 muertes por accidentes en lo que va de 2026, lo que refleja la persistencia de la siniestralidad en las vías.
En consecuencia, especialistas advierten que la falta de fiscalización y cultura vial mantiene un escenario crítico en la seguridad ciudadana.
