La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura, el pasado martes, un proyecto de ley que prohíbe a personas condenadas por violación sexual trabajar en la educación, orientación o cuidado de niños y niñas. La iniciativa, propuesta por la diputada Lourdes Aybar del partido Fuerza del Pueblo, recibió el apoyo unánime de los 129 diputados presentes.
Según el proyecto, quienes hayan sido condenados por actos sexuales violentos, inducción a la prostitución, trata de personas, turismo sexual, actos sexuales abusivos o pornografía infantil, no podrán trabajar con menores de edad. La inhabilitación será efectiva solo cuando la sentencia por violación sexual sea irrevocable.
El proyecto también establece que, si una persona está acusada de violación sexual pero aún no ha sido juzgada, el Ministerio de Educación deberá suspender sus funciones relacionadas con el cuidado, educación u orientación de menores. Esta suspensión se mantendrá hasta que la persona sea absuelta.
Además, el proyecto inhabilita a maestros que no estén en pleno goce de sus facultades mentales o que consuman drogas y alcohol de manera habitual, impidiéndoles ejercer profesiones de instrucción y cuidado de menores.
Esta iniciativa, originada en 2014 por el exdiputado Elías Serulle y retomada en 2020 por la diputada Aybar, llevaba 10 años bloqueada en la Cámara de Diputados debido a diferencias entre los legisladores sobre su supuesta inconstitucionalidad.