El Gobierno dominicano anunció la detención inmediata de cualquier actividad relacionada con el proyecto minero Romero, ubicado en la provincia de San Juan, tras las inquietudes y preocupaciones expresadas por diversos sectores de la población.
La medida, según explicaron las autoridades, responde al rechazo manifestado por parte de la ciudadanía hacia la iniciativa minera. Indicaron que la decisión se sustenta en la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, la cual establece que proyectos de esta categoría no pueden continuar cuando existe una oposición social significativa.
De acuerdo con los datos ofrecidos, el proyecto Romero tiene sus antecedentes en concesiones de exploración otorgadas en 2005 y reiteradas en 2010. Más adelante, en los años 2015 y 2018, se autorizaron estudios técnicos destinados a definir el alcance del proyecto.
Las autoridades precisaron que, durante la actual gestión gubernamental, la iniciativa solo se encontraba en fase de evaluación ambiental y que no existía autorización para su explotación. Asimismo, reiteraron su compromiso con la transparencia, la responsabilidad y la atención a las demandas de la población.
