El Ministerio Público ha confirmado que un total de 52 bufetes de abogados han representado a imputados en casos de criminalidad organizada, quienes han llegado a acuerdos con la fiscalía para admitir su culpabilidad. En todos estos casos, los acuerdos han sido presentados ante los tribunales para su judicialización, sin excepción.
Es importante destacar que el Ministerio Público ha asegurado que ninguna persona empleada por ellos ha participado en estos acuerdos. Desde 2020, bajo la dirección de la procuradora general Miriam Germán Brito, se ha garantizado que todos los acuerdos sean transparentes y se lleven a los tribunales, sin aceptar intermediarios. Cada abogado que firma estos acuerdos debe asegurarse de que se basen en la verdad, sean voluntariosos y no sean resultado de presiones externas, sino de una cooperación frente a las pruebas contundentes obtenidas durante las investigaciones.
Todos los acuerdos realizados han sido judicializados conforme a la ley vigente y únicamente han implicado la confiscación de activos como propiedades, vehículos, embarcaciones y cheques certificados. El Ministerio Público ha desmentido cualquier otro tipo de acuerdo, como recibir cesiones o promesas de obras futuras.
El comunicado del Ministerio Público reconoce el derecho de la ciudadanía a cuestionar las acciones del órgano constitucional, pero denuncia como deshonesto y poco profesional cualquier intento deliberado de difamarlo, especialmente cuando las acusaciones falsas quedan desmentidas por las pruebas documentadas ante los tribunales.
El Ministerio Público ha sido claro en que no ha realizado acuerdos con ninguna firma de abogados donde haya trabajado una ex empleada que no estaba involucrada en las áreas de persecución del Ministerio. Se han tomado medidas para evitar el uso de recursos ilícitos en campañas difamatorias y se ha asegurado que toda la información relevante esté disponible públicamente para la transparencia.
Además, el Ministerio Público ha defendido el uso de soluciones alternas en el proceso penal, una práctica común en sistemas acusatorios como el dominicano, enfatizando que se aplican bajo estrictos criterios legales y no son exclusivos de casos de criminalidad organizada.
En conclusión, el Ministerio Público reafirma su compromiso de perseguir todos los delitos sin distinción, basándose en la ley y las pruebas disponibles, y se compromete a mantener su integridad frente a cualquier intento de desinformación o ataques infundados.