A solicitud del Ministerio Público, un tribunal de la provincia de La Vega, impuso un año de prisión preventiva a un supervisor y a un recluso del Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR), El Pinito, en dicha localidad, acusados por la muerte de un interno en ese centro penitenciario, un caso considerado de tramitación compleja.
La jueza Génesis Mercedes Tavárez Ortiz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia, dictó la medida contra el supervisor Delvis Johnson Minalla Rodríguez y/o Delvis Jhonson Minalla Rodríguez, así como contra el interno José Francisco Hiciano Moya, principales sospechosos junto al prófugo Ambiorix Pimentel García «La Jota», de provocar la muerte por envenenamiento al recluso Alejandro Vidal dentro del centro penitenciario.
Hiciano Moya cumplirá la medida en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) La Isleta, en Moca, provincia de Espaillat, mientras que Minalla Rodríguez lo hará en el CCR Rafey Hombres, en Santiago.
Según las investigaciones, el incidente fue resultado de una disputa por el control de territorio y cárceles para el microtráfico.
La solicitud de medida de coerción, presentada por la fiscal titular de La Vega, Aura Luz García Martínez, la fiscal Jenny María Núñez Marmolejos y el procurador de corte Miguel Ramos, indica que el incidente ocurrió el 15 de enero, alrededor de las 7:30 de la mañana.
Detalla que Hiciano Moya, condenado a 30 años por asesinato y parte de una estructura criminal, suministró intencionalmente un jugo verde mezclado con la sustancia tóxica Methomil a Alejandro Vidal (condenado a 10 años por narcotráfico), causándole la muerte por envenenamiento en una celda de máxima seguridad.
En el momento del incidente, Minalla Rodríguez estaba de turno como supervisor penitenciario, facilitando a Hiciano el acceso al área de máxima seguridad para entregar el alimento contaminado, a pesar de la prohibición expresa de entrega de alimentos sin la documentación fotográfica debida del proceso alimenticio, como parte de las medidas especiales de cuidado de Vidal debido a amenazas previas de muerte. Vidal había sido trasladado de varios centros penitenciarios para preservar su vida tras amenazas y un complot para terminar con ella, atribuidos a Joel Ambiorix Pimentel García, alias «la Jota» (prófugo).
La medida de coerción se impuso por violar disposiciones del Código Penal Dominicano en perjuicio de Alejandro Vidal y del Estado dominicano.
Durante la audiencia, se presentaron numerosas pruebas que implican la responsabilidad penal de los acusados.
La prisión preventiva fue impuesta después de varias audiencias, tras la solicitud del Ministerio Público el 1 de marzo, una vez ejecutada la orden de arresto.
