Una situación muy complicada viene atravesando una familia, pues tres de sus miembros vienen atravesando un drama por diferentes enfermedades.
La madre de familia viene presentando un tipo cáncer, mientras que su hijo tiene hidrocefalia congénita, el cual requiere de una alimentación especial.
Sin embargo, la desgracia no acaba aquí, pues su madre también presenta algunos malestares propios de la edad, por lo que, para los 3, requiere de una gran cantidad de medicinas diarias.
A través de vigilancia aérea, y utilizando la ayuda de un dron, dos migrantes haitianos, indocumentados, fueron detectados y luego detenidos.
Una patrulla terrestre integrada por miembros del ejército de la República Dominicana, en Elías Piña, fueron los encargados de realizar la aprehensión.
Según dieron a conocer, los ciudadanos extranjeros serían un hombre y una mujer, quienes fueron conducidos bajo custodia militar a la fortaleza La Estrelleta para el proceso correspondiente.
En cementerio de villa La Mata, en Cotuí, se convirtió en el escenario de un hecho preocupante, pues varios sacos llenos de osamentas fueron sacados del lugar.
Sin embargo, esto no sería lo único, pues además de esto, los objetos fueron lanzados a la parte frontal de un matadero.
Al darse a conocer la noticia, las autoridades se acercaron al lugar y vienen investigando las causas por las que los responsables tomaron esta decisión.
Desde las primeras horas del día, la principal vía de acceso al municipio las Yayas, se vio afectada por una protesta realizada por jóvenes y organizaciones comunitarias, quienes piden el acceso a agua potable.
En las imágenes captadas se logra ver cómo es que los manifestantes, incluso, realizan una quema de objetos en medio de la carretera.
Como era de esperarse, esto ocasionó un caos vehicular y peatonal, e, incluso, afectó las actividades comerciales del sitio.
Pobladores de la residencial San Isidro Labrador, en Santo Domingo Este, han señalado que se encuentran desesperados debido a los apagones.
Según han dado a conocer, todo ha llegado a tal punto que, incluso, la ausencia de luz puede durar hasta las 8 horas diarias.
Sin embargo, esto no sería todo, pues el servicio no duraría mucho tiempo para luego volver a irse por varias horas, afectando a los moradores del lugar.
Ante las afirmaciones que señalan que miles de metros cuadrados del Jardín Botánico podrían ser utilizados para la ampliación de la avenida República de Colombia, algunos funcionarios salieron a dar su opinión al respecto.
El diputado Tobías Crespo, por ejemplo, salió al frente y señaló que esta medida sería un atentado contra el Medio Ambiente.
Mencionó incluso que no entiende cómo es que las autoridades correspondientes siguen intentando esta ampliación sabiendo que las personas no se encuentran de acuerdo.
Tres jóvenes fallecieron y dos más quedaron heridos la madrugada de este lunes, al chocar dos motocicletas y un vehículo en la avenida Antonio Guzmán, frente al parque de Hato del Yaque, al sur de Santiago.
Los occisos fueron identificados como Miguel Luis Serrata Paniagua (19), Adalgisa Rodríguez (20) y Estarlin Rodríguez, confirmaron autoridades locales.
Según testigos, los fallecidos, junto con los heridos, se movilizaban en los dos motores, y se estrellaron con otro vehículo que se dirigía en dirección contraria.
Los sobrevivientes, identificados como Janndyni Jhon (de nacionalidad haitiana) y una persona aun sin identificar, fueron trasladados de urgencia al Hospital José María Cabral y Báez de Santiago.
Los cadáveres fueron llevados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para practicar las autopsias de ley, mientras que la Policía Nacional inició una investigación para determinar las causas exactas del siniestro, incluidos posibles excesos de velocidad o violaciones de tránsito.
A partir del próximo domingo 20 se inicia la segunda fase de los giros a la izquierda en la avenida Tiradentes, que en esta ocasión abarcará cinco intersecciones: la Frank Félix Miranda, Roberto Pastoriza, Rafael Augusto Sánchez, Carlos Sánchez y la Salvador Sturla.
Igual el lunes 21 arranca la fiscalización o imposición de multas a los infractores de esa medida en la avenida Lope de Vega, donde el pasado día 6 de empezó la primera fase de ese plan con un proceso de señalización y concienciación a los conductores.
La medida que forma parte del programa «RD se mueve», que busca mejorar el flujo vehicular en el Gran Santo Domingo, implicará el mismo proceso de dos semanas de sensibilización y orientación por parte de los agentes de la Dirección General de Seguridad y Transporte Terrestre (Digesett), además de que previamente se ofrecerán las rutas alternas para el desplazamiento.
El proyecto de movilidad urbana implementado por el Gobierno a través del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) busca impactar con esas prohibiciones de los giros a la izquierda, unas 80 arterias de la urbe, como además de generarles a los conductores ahorro de tiempo y combustible.
La primera fase de ese proceso en la Lope de Vega, ha generado cierta resistencia por parte de la ciudadanía, poco a poco a pocos los conductores se van familiarizando, hay quienes afirman que se le debe dar tiempo hasta ver los resultados.
Los imputados y las pruebas del caso “Operación Lobo” llegaron a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, de manera puntual este lunes, para conocerse medidas de coerción, pautado para las 2:00 de la tarde.
Los 10 acusados de sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas, son el Mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. El primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
El Ministerio Público pide prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
Abogado Valentín Medrano Peña, acusa al Ministerio Público de extorsionar a los acusadosA su llegada al Palacio de Justicia, el abogado Valentín Medrano Peña, quien defiende a uno de los implicados en este caso, acusó al Ministerio Público de utilizar las medidas de coerción para extorsionar a los acusados. “Obligan a las personas, luego de someterlos a prisión, a que declaren lo que ellos quieren”, dijo Medrano Peña, y que con estas medidas buscan malear y adoctrinar los acusados.
Un total de siete menores que eran explotados sexualmente en Sosua, Puerto Plata, fueron rescatados este fin de semana mediante la primera fase de la Operación Atlántico.
La información la ofreció la presidenta ejecutiva del Conani, quien además reveló que más de cien personas son investigadas por el caso.
En los operativos para enfrentar los delitos de proxenetismo, explotación sexual comercial y tráfico ilícito de migrantes, las autoridades realizaron 29 allanamientos en 12 pensiones y 17 centros de expendio de bebidas alcohólicas de la provincia turística.
Un incendio devastador ocurrido la noche del 14 de julio en el centro de vida asistida Gabriel House, en Fall River, Massachusetts, causó la muerte de nueve personas y dejó al menos 30 heridos.
Las llamas se propagaron rápidamente atrapando a numerosos residentes, muchos de los cuales pedían auxilio desde las ventanas. El edificio albergaba a cerca de 70 personas, en su mayoría con condiciones de movilidad reducida.
El cuerpo de bomberos recibió la alerta a las 9:50 p.m. y desplegó a 50 efectivos, incluidos 30 fuera de servicio, para controlar el siniestro.
La intensidad del fuego impidió el ingreso al edificio hasta la mañana del lunes. La causa del incendio sigue siendo investigada por las autoridades locales y estatales, quienes aún no han determinado el origen del siniestro.
Testigos y familiares describieron escenas de angustia y desesperación. Residentes fueron rescatados de entre el humo y los escombros, mientras la policía rompía ventanas para facilitar las evacuaciones.
Joe Alves, vecino del lugar, relató el dramático rescate de personas con discapacidades y mascotas heridas. Algunos fueron asistidos en el sitio con botellas de agua para aliviar sus quemaduras.
La gobernadora Maura Healey expresó su pesar por la tragedia, ofreció apoyo estatal y agradeció a los socorristas por su labor heroica.
La Policía de Fall River destacó que oficiales ingresaron al edificio lleno de humo, derribaron puertas y cargaron en brazos a residentes no ambulatorios, salvando así muchas vidas con su rápida respuesta.
Agentes de la Policía Nacional y de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) arrestaron en el municipio de Yaguate, San Cristóbal, a un hombre acusado de agredir con ácido del diablo a su expareja en el sector Cristo Rey, del Distrito Nacional.
El detenido, cuya identidad se desconoce, presuntamente utilizó un artefacto conocido como «plomerito» para lanzar la sustancia corrosiva contra la víctima, quien resultó con quemaduras graves.
Un joven perdió la vida la madrugada de este lunes en un accidente de tránsito ocurrido en la carretera Yerba Buena–Hato Mayor, próximo a la iglesia del batey El Guayabal, distrito municipal Yerba Buena.
La víctima fue identificada como Eufemio Fulgencio Vilorio, conocido como “Rafelo”, de 30 años, quien residía detrás de la procesadora de chinolas.
Fulgencio Vilorio falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Leopoldo Martínez de esta ciudad, adonde fue llevado por una unidad del Sistema de Emergencias 9-1-1.
Según informaciones preliminares, el joven supuestamente estaba compartiendo en una actividad en el paraje El Mamón, y cuando regresaba a su residencia por el batey El Guayabal, su motocicleta colisionó con una vaca que se le atravesó en la vía, provocándole heridas y golpes que posteriormente le causaron la muerte.
El animal fue retenido por las autoridades para identificar a su propietario, quien deberá responder por lo ocurrido.
La muerte de “Rafelo”, como era conocido el joven, ha causado gran tristeza y consternación entre sus familiares, amigos y conocidos. Dejó varios niños en la orfandad.
El suceso ha generado una ola de críticas hacia las autoridades de ese distrito municipal, ya que es frecuente la presencia de animales en la orilla de la carretera. Por ello, se pide al alcalde Livi Martínez “poner mano dura” a los propietarios de animales.
La presencia masiva de sargazo ha vuelto a cubrir las costas de Punta Cana y otras zonas turísticas del país, obligando a hoteleros, trabajadores y autoridades a redoblar esfuerzos para mitigar el impacto ambiental, económico y visual que provoca esta macroalga marina.
En playas como Bávaro, la imagen se repite cada mañana: carretillas llenas de algas, operarios con rastrillos y maquinaria pesada retirando sargazo para liberar la arena y facilitar el acceso al mar. Marlon, un joven de 28 años, forma parte de los trabajadores contratados por pequeños hoteles para enfrentar esta situación. “Mi jornada empieza a las 8 a. m. y hago decenas de viajes quitando algas para que los turistas puedan caminar sin obstáculos”, contó.
Mientras los grandes resorts recurren a tractores especializados, los turistas —algunos sorprendidos por la cantidad de algas— buscan adaptarse. “He venido otras veces, pero es la primera vez que veo las playas así”, comentó Fernanda, visitante española. “Definitivamente volveré, pero en Navidad”.
No solo el paisaje se ve afectado. El sector del buceo también sufre la embestida del sargazo. Pedro, guía local, asegura que muchos clientes cancelan excursiones al temer que los puntos de inmersión también estén invadidos.
El fenómeno del sargazo afecta no solo a República Dominicana, sino también a países vecinos como Puerto Rico, Cuba y México. Por ello, el presidente Luis Abinader pidió recientemente ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos (UNOC3) que se declare como “una emergencia regional”, advirtiendo que esta situación ha pasado de ser una anomalía a convertirse en una crisis ambiental, económica y social.
El impacto es significativo: el turismo aporta el 19 % del PIB dominicano, mientras que los ecosistemas marinos, la pesca y la salud de las comunidades también están en riesgo. Al descomponerse, el sargazo genera malos olores y puede afectar las vías respiratorias de las personas más vulnerables.
Consciente de este desafío, el Gobierno dominicano apuesta por convertir el problema en una oportunidad económica. A través del Ministerio de Medio Ambiente y con el respaldo de la Unión Europea, se creó el Grupo de Trabajo sobre la Valorización del Sargazo, que reúne actores públicos, privados y académicos para desarrollar cadenas de valor sostenibles en torno al sargazo: desde la producción de biomasa y fertilizantes, hasta su uso en cosméticos y alimentos.
El Gobierno también anunció compromisos concretos: recolectar el 5 % del sargazo proyectado para 2026 (50,000 toneladas métricas) y 10 % para 2027 (100,000 toneladas), además de fomentar el uso de datos oceanográficos abiertos, proteger el 30 % del territorio marino y ejecutar una estrategia nacional de gestión sostenible del espacio oceánico.
La batalla contra el sargazo continúa en tierra y mar, con la esperanza de que esta crisis pueda transformarse en desarrollo y sostenibilidad para las comunidades costeras del país.
La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá hoy, lunes 14 de julio, a las 2:00 de la tarde, la solicitud de medida de coerción contra diez implicados en la presunta red de corrupción denominada “Operación Lobo”. El Ministerio Público pide prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo.
La supuesta red involucra a militares, policías y civiles, quienes, según la acusación, incurrieron en un esquema de sobornos superior a los RD$100 millones para obtener contratos estatales de seguridad privada.
Los acusados son: Mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz; los coroneles Andrés Pacheco Varela, Ramón Quezada Ortiz, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez y Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar. El primer teniente del Ejército, Wellington Peralta Santos, Bolívar Nicolás Fernández Espinal y el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González.
De acuerdo con el expediente, los imputados utilizaron sobornos para obtener y mantener contratos de seguridad privada en instituciones públicas como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas distribuidoras de electricidad EdeNorte, EdeEste y EdeSur.
Estas acciones, según el Ministerio Público, afectaron directamente a entidades sensibles del Estado.La investigación se originó tras una denuncia remitida al Ministerio Público por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental.
El centro de operaciones de la presunta red es la empresa Servicios Nacional de Seguridad Integral SRL (SENASE), propiedad de Rodríguez González.
Según el órgano persecutor, entre 2014 y 2024, SENASE movilizó más de RD$7,247 millones a través del sistema financiero nacional, usando cuentas en bancos como Banreservas, Banco Popular y Banco BHD.
Esta cifra refleja el volumen de negocios de la empresa, que, según la acusación, se mantuvo en el Estado mediante pagos ilegales.
El expediente indica que entre un 5 % y un 10 % de los ingresos de SENASE fueron destinados al pago de sobornos a funcionarios públicos y personas ligadas a procesos de contratación.
Ese porcentaje representa entre RD$362 millones y RD$724 millones, supuestamente usados para asegurar contratos estatales y garantizar su continuidad de forma irregular.
Agentes de la División de Investigación de Delitos contra la Propiedad de la Policía Nacional, con base en el destacamento del sector Plaza Valerio, arrestaron a Rafael Osvaldo Alberto Rodríguez, alias “El Gato”, de 28 años, acusado de violencia, amenazas y acoso contra su expareja.
Según la denuncia presentada por la víctima el pasado 7 de julio de 2025, Rodríguez presuntamente la amenazó, acosó y causó daños materiales en su vivienda, conducta que, según indicó, ha ocurrido en varias ocasiones.
El arresto se realizó en cumplimiento de la orden judicial No. 2024-AJ0037550. El detenido fue entregado al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
Freddy Peralta cerró con broche de oro la primera mitad de temporada al lanzar seis entradas y dos tercios con siete ponches y una sola carrera ante los Rockies.
Su actuación le valió la ovación del públic. Sin embargo, por calendario no podrá estar en el Juego de Estrellas.
Su ausencia reaviva el debate sobre la selección al All-Star Game, en especial por la exclusión de lanzadores como Ranger Suárez y Christopher Sánchez.
El expresidente argentino Alberto Fernández enfrentará juicio por presunta corrupción en contrataciones de seguros durante su mandato. Fernández fue jefe de estado del 2019 al 2023.
Además, la justicia ordenó embargarle bienes por más de 11 millones de dólares, junto a su exsecretaria y otras 30 personas.
Fernández negó las acusaciones y denunció una persecución en su contra y sin sustento. El caso se basa en un decreto que favoreció a intermediarios que cobraban comisiones indebidas.
La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabeza en estos momentos una reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, con el objetivo de continuar fortaleciendo las estrategias que garanticen la tranquilidad y el bienestar de la población.
El encuentro se lleva a cabo en el Salón del Club de Oficiales del Palacio de la Policía Nacional, donde se evalúan las tareas asignadas, los avances logrados y las acciones en curso en materia de seguridad pública.
En esta sesión participa la Red Interamericana de Desarrollo y Profesionalización Policial (REDPPOL), un organismo de cooperación internacional orientado a la generación y gestión de conocimientos policiales acordes con las nuevas realidades de seguridad en la región. Esta red promueve el intercambio de buenas prácticas y experiencias en formación y profesionalización policial.
Junto a la vicepresidenta Peña, asisten al encuentro el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; la ministra de Interior y Policía, Faride Raful; el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso; el director general de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, y el inspector general de la Fuerza Aérea, general de brigada Euler Euménides Sierra Pérez, en representación del mayor general piloto Floreal T. Suárez Martínez.
También están presentes el viceministro de la Presidencia para Proyectos Especiales y Coordinación de Seguridad, Roger G. Pujols; la presidenta de la Comisión Técnica para la Reforma del Sistema Educativo de la Policía Nacional, maestra Mu-Kien Adriana Sang Ben; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, y el presidente del Consejo Nacional de Drogas (CND), Alejandro de Jesús Abreu.
A ellos se suman el director de la Comisión Militar y Policial (Comipol), coronel Luis Rafael Herrera Almonte; el titular de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), general Pascual Cruz Méndez; el director de la Policía de Turismo (Politur), general Minoru Matsunaga; el director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, general Werner Núñez Quezada; el director de la Policía Escolar, coronel Martín Miguel Tapia Sánchez; el director general de Prisiones, Roberto Hernández Basilio, y el comisionado ejecutivo para la Reforma Policial, Luis Ernesto García Hernández.
Asimismo, participan oficiales en representación de los cuerpos castrenses: el coronel Pablo Alexander Belén por el Ejército Nacional, el coronel paracaidista Osvaldo W. Montero Mena por la Fuerza Aérea, y el capitán de navío Rafael García Aybar por la Armada de República Dominicana. Por el Comando Conjunto Unificado, está presente el vicealmirante Agustín Alberto Morillo Rodríguez.
En representación del Ministerio Público asiste una comisión de fiscales integrada por:
Rosalba Ramos (Distrito Nacional)
Ramona Santana (San Cristóbal)
Aura Luz García (La Vega)
Juan Antonio Mateo Ciprián (María Trinidad Sánchez)
Claudia Garrido (La Altagracia)
Suleyka Mateo (San Pedro de Macorís)
Smaily Yamel Rodríguez (Duarte)
Milcíades Guzmán (Santo Domingo Este)
Eduard López (Santo Domingo Oeste)
Víctor Mejía (Valverde)
Zoila Agustina Rodríguez Ynfante (Hermanas Mirabal)
Wellington Matos Espinal (Barahona)
Ángel Darío Tejeda Fabal (Peravia)
Yeisin Alcántara (Dajabón)
Yorelbin Rivas (Espaillat)
Kevin Santana (La Romana)
Esta amplia representación interinstitucional reafirma el compromiso del Gobierno dominicano con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la reforma integral del sistema policial.
Indignante. Desde hace más de un mes, un árbol caído obstruye gran parte del acceso al hospital Dr. Vinicio Calventi, ubicado en Los Alcarrizos.
La situación afecta la movilidad tanto de peatones y vehículos. Además, los vecinos denuncian que también representa un riesgo para la salud pública.
Por último, los habitantes de Los Alcarrizos exigen a las autoridades del hospital y del ayuntamiento una pronta intervención.