Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas, (DNCD) realizaron un nuevo operativo en el sector de Capotillo, Distrito Nacional, donde incautaron 33 porciones de presumible cocaína, con un peso de 3, 963 gramos, 10 porciones de un vegetal que aparenta ser marihuana, equivalente a 298 gramos, así como cinco porciones de un material rocoso, que se cree es crack, con un peso de 900 miligramos, para un total de 4, 261 gramos.
Se confiscó además, 06 cámaras de vigilancia, 02 balanzas, 14 cajetillas de cigarrillos, 10 tabacos, dinero en efectivo, entre otras evidencias.
Los detenidos en esta reciente operación, siete en total, están siendo entregados al Ministerio Público, para conocerle medidas de coerción en las próximas horas por violacion a la Ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.
Esta nueva intervención, es parte de las nuevas estrategias de las autoridades, que buscan llevar más seguridad a la zona, para que los residentes de la barriada, puedan desarrollar sus labores en un ambiente de tranquilidad y convivencia pacífica.
Durante las operaciones conjuntas que iniciaron el pasado 31 de mayo en el sector de Capotillo, las agencias de seguridad, han arrestado a unas 35 personas y han logrado incautar más de 25, 000 mil gramos de distintas sustancias, decenas de radios de comunicación, balanzas, chalecos antibalas, así como el desmantelamiento de una red de videovigilancia ilegal, entre otras acciones puntuales para erradicar el tráfico de drogas.
Después de dos días de relativa calma, Israel amaneció este jueves bajo una nueva ofensiva de misiles balísticos lanzados desde Irán, uno de los cuales impactó directamente en un hospital del sur del país, dejando al menos 240 heridos. Otras explosiones afectaron zonas periféricas de Tel Aviv, reavivando la tensión en el séptimo día del conflicto.
El ataque al centro médico generó fuerte indignación tanto en la sociedad israelí como en el gobierno, que respondió con duras declaraciones.
El primer ministro Benjamin Netanyahu acusó a Irán de terrorismo y prometió represalias contra “los tiranos de Teherán”. Aunque insistió en que la caída del régimen iraní no es un objetivo formal de Israel, no descartó que pueda ser una consecuencia del conflicto.
Netanyahu aclaró que el cambio de régimen es asunto del pueblo iraní, pero subrayó que Israel continuará actuando para neutralizar amenazas.
Informó que ya han destruido más de la mitad de los lanzamisiles iraníes y reiteró que su país tiene la capacidad para atacar todas las instalaciones nucleares de Irán, aunque valoró el apoyo internacional.
Mientras crece la expectativa por una posible intervención directa de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, la ofensiva militar israelí se intensifica, en medio de una escalada que podría tener consecuencias regionales de gran magnitud.
El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las 235 personas muertas y las más 180 heridas del desplome del techo de la discoteca Jet Set Club, el pasado 8 de abril.
El titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público calificó “como una burla a las víctimas” la decisión de la jueza Fátima Veloz, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, quien favoreció a los imputados con una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país. El caso fue declarado complejo.
“Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Camacho.El procurador adjunto Wilson Camacho anunció que el Ministerio Público apelará las medidas de coerción impuestas la madrugada de este jueves a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados de cometer homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias en perjuicio de las 235 personas muertas y las más 180 heridas del desplome del techo de la discoteca Jet Set Club, el pasado 8 de abril.
“Creemos que el tribunal no ha valorado en su justa dimensión los hechos”, dijo Camacho.
“Creemos que el tribunal no valoró correctamente la magnitud del daño que han traído para la sociedad dominicana los hechos; pero, sobre todo, el daño que significa para 235 personas que murieron, más de 180 personas que resultaron heridas y más de 130 niños que quedaron huérfanos como consecuencia de esta conducta y como consecuencia del comportamiento de Antonio y Maribel Espaillat que pusieron sobre el interés de las personas que ahí estaban, las que acudían normalmente a esa discoteca, su interés económico”, agregó.
Al responder preguntas de la prensa en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva luego de terminada la audiencia, el procurador adjunto ponderó que “todo el mundo en el salón de audiencia reconoció la calidad de la investigación del Ministerio Público, eso lo hicieron todos los querellantes y lo hizo también el tribunal en su fallo”.
El tribunal reconoció también la calificación jurídica otorgada por el Ministerio Público al caso, al tratar los hechos con un código penal del siglo XIX que “no contempla otras formas de evaluación de este tipo de acontecimiento, que, realmente, encaja en lo que se conoce como culpa consciente”.
Durante la audiencia, que se extendió por aproximadamente 14 horas, el procurador adjunto Wilson Camacho encabezó el equipo litigante junto a la los fiscales Rosalba Ramos (titular del Distrito Nacional), Héctor García, Magalys Sánchez, Emmanuel Ramírez, Rosa Ysabel Mejía, Miguel Collado y Vladimir Viloria.
El equipo del Ministerio Público presentó más de 130 elementos de prueba con las que sustentaron la solicitud de prisión preventiva contra Antonio Espaillat y arresto domiciliario contra su hermana Maribel Espaillat.
La jueza Veloz ratificó la calificación jurídica presentada por el Ministerio Público, que les atribuye la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, los cuales tipifican y sancionan el homicidio involuntario y las lesiones causadas por imprudencia o negligencia.
Como parte de los elementos que agravan la responsabilidad de los imputados, la investigación determinó que los propietarios del Jet Set sobrecargaron la estructura del techo de la discoteca mediante la instalación de climatización de gran volumen, incluyendo seis aires acondicionados de 15 y 20 toneladas cada uno, y tinacos de agua, todo ello sin realizar ningún estudio que garantizara la capacidad de la estructura para soportar dicho peso.
Los fiscales establecieron que Antonio y Maribel Espaillat recurrieron a soluciones paliativas inadecuadas, siempre con la intención de ahorrar recursos, a pesar de tener conocimiento directo y constante de los problemas graves del techo, mediante reportes visuales, fotografías, videos y comunicaciones de sus propios empleados.
Miguel Báez, esposo de Zulinka Pérez e integrante de la orquesta del fallecido merenguero Rubby Pérez, generó revuelo este jueves tras publicar un mensaje en redes sociales que ha sido interpretado como una posible advertencia.
Su comentario, cargado de tensión, decía: “¡Waoo, qué pena que la envidia llegue tan lejos! El silencio no es cobardía. Están provocando que se abra una caja que no se va a poder cerrar. Comienza el juego”.
La publicación, sin más contexto, ha provocado múltiples reacciones y conjeturas entre sus seguidores, quienes especulan sobre un conflicto latente o una revelación por venir.
La frase “comienza el juego” ha sido percibida por muchos como una señal de que podrían surgir nuevas tensiones o denuncias.
Hasta ahora, ni Zulinka Pérez ni personas cercanas al entorno familiar o musical han comentado sobre el mensaje, lo que ha aumentado la expectativa en redes sociales. Algunos interpretan la publicación como respuesta a las críticas por los pagos recibidos tras la tragedia del Jet Set.
El ambiente sigue cargado de incertidumbre mientras crece la atención sobre lo que podría implicar el mensaje de Báez y si marcará el inicio de una nueva etapa en el caso que aún se desarrolla en los tribunales.
El Gobierno y la empresa eléctrica aún no se han pronunciado sobre el apagón, a diferencia de incidentes similares anteriores.
La situación se enmarca en un contexto de inseguridad creciente, impulsada por grupos armados como la coalición Vivre Ensemble, responsables del desplazamiento forzado de miles de personas en la región central del país.
En paralelo, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humanitarios (OCHA) alertó sobre la falta total de recursos para enfrentar la temporada de huracanes, la cual se prevé más activa de lo habitual.
La organización advierte que Haití no cuenta con reservas de emergencia ni fondos para una respuesta rápida, lo que agrava su vulnerabilidad ante fenómenos climáticos extremos.
Actualmente, más de 5,7 millones de haitianos padecen inseguridad alimentaria severa, y hay 1,3 millones de desplazados por la violencia, más de la mitad de ellos niños.
La combinación de crisis energética, violencia e incapacidad de respuesta ante desastres convierte la situación humanitaria en Haití en una de las más críticas del hemisferio.
Unos 14 integrantes de la orquesta del fallecido merenguero Rubby Pérez fueron compensados económicamente por la empresa Inversiones E & L, S. R. L., propietaria del Jet Set Club, además de Zulinka Yadhira Pérez Lizardo, hija del artista y parte de su equipo musical, así como su esposo, Teosaris Miguel Báez Polanco, también músico de la orquesta.
La entrega de un cheque por un millón de pesos a Zulinka tras el colapso del techo ocurrido el pasado 8 de abril, tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos, generó controversia en redes sociales, lo que la llevó a ofrecer declaraciones públicas para aclarar que el pago buscaba cubrir gastos médicos y personales derivados del suceso, y no implicaba renuncia a la búsqueda de justicia para su padre.
Entre los músicos que figuran en el documento presentado por la defensa de los Espaillat están los músicos Aníbal Arodi Albuerme Rosa, Deivis Alberti Antigua Paulino, Esdras Hernández Segura, Jean Carlos Ubiera Payano, Jordy Ramírez Matos, Juan Luis Gómez Espinal, Junior Radhamés Sánchez Pérez.
Así como también Manuel de Jesús Tatis, Martín José Encarnación Pineda, Misael Abreu Cruz, Máximo Leonardo Núñez Díaz, Raúl Andrés Castro Valerio, Teófilo Blas Dimil Reyes Céspedes y Félix Fernando Soto Rodríguez.
Según el documento el recibo de descargo y desestimiento busca dar “una asistencia o apoyo económico destinado a cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el establecimiento comercial conocido como Jet Set, incluyendo, la afectación que pueda haber recibido como empleado y miembro de la orquesta del señor Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido popularmente como Rubby Pérez, quien lamentablemente falleció a raíz del aludido suceso”.
Estas compensaciones forman parte de una serie de acuerdos entre la empresa y afectados, que han sido incluidos en el expediente de defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por la tragedia.
Sin embargo, sectores de la sociedad siguen exigiendo que el proceso judicial determine responsabilidades más allá de los arreglos económicos.
El presidente Luis Abinader presentó ante el Congreso un proyecto de ley para regular, supervisar y prevenir el lavado de activos en los juegos de azar.
La propuesta incluye la creación de la Dirección General de Juegos de Azar, que licenciará y controlará 15 tipos de actividades, como casinos, bingos, loterías y juegos en línea.
Entre las medidas, se establece que las bancas deportivas deben ubicarse a al menos 500 metros de otras entidades reguladas, no tener más de 10 máquinas tragamonedas ni operar en zonas rurales.
En Estados Unidos, una niñera fue arrestada tras ser captada en video golpeando brutalmente a dos niños bajo su cuidado en una residencia del Bronx.
Los niños, de 4 y 6 años, presentaban hematomas e hinchazón en varias partes del cuerpo, tras ser agredidos con un cinturón.
Uno de los menores recibió más de 50 golpes, según detalló el reporte policial. Ambos fueron trasladados a un hospital para su evaluación.
La jueza Fátima Veloz del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró como caso complejo el proceso penal por el colapso del techo del Jet Set Club, tragedia que dejó 235 muertos y más de 180 heridos el pasado 8 de abril.
Esta decisión amplía a ocho meses el plazo para que el Ministerio Público profundice la investigación.
En la resolución judicial, también se impusieron medidas de coerción a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios del local: impedimento de salida del país, presentación periódica y una garantía económica conjunta de 100 millones de pesos, una de las más altas registradas en casos de homicidio involuntario.
La jueza fundamentó su decisión en la magnitud de los hechos, la cantidad de víctimas y la complejidad del proceso probatorio, que requiere múltiples peritajes técnicos, entrevistas a testigos y análisis estructurales. Señaló que la pluralidad de delitos, incluyendo violaciones al Código Penal y a la Ley de Urbanismo, justifican el tratamiento especial del caso.
También se tomó en cuenta la dimensión internacional del proceso, ya que algunas víctimas eran extranjeras y varios peritos involucrados en las investigaciones provienen del exterior. La resolución busca garantizar una investigación exhaustiva y con base técnica que permita esclarecer responsabilidades en esta tragedia.
Un grupo de residentes del sector Nuevo Amanecer, en el municipio de Los Alcarrizos, denunciaron el mal estado de sus calles y la falta de respuesta por parte de las autoridades.
Los vecinos manifestaron su inconformidad con las respuestas de personal de Obras Públicas. Según relataron, los compromisos de las autoridades no siempre se traducen en acciones inmediatas.
Ante esta situación, los residentes advirtieron que, de no iniciarse los trabajos, organizarán un plan de lucha para exigir mejoras.
Zulinka Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, emitió este jueves un comunicado público para aclarar los malentendidos surgidos en torno al pago recibido tras el trágico colapso de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril, hecho en el que también perdió la vida su padre.
Sobre el cheque que ha sido objeto de controversia, confirmó haber recibido una compensación económica junto a su esposo, el también músico Miguel Valls, como miembros de la orquesta afectada, y no en calidad de heredera de Rubby Pérez.
“Aclaro lo anterior, porque no se trata de lo que se ha insinuado. Es una compensación como parte del equipo artístico, no como hija del maestro”, subrayó.
Asimismo, Zulinka Pérez lamentó la desinformación generada en los medios y aclaró que su intención no es polemizar, sino proteger la memoria y la dignidad de su familia.
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Reiteró que el caso debe manejarse con transparencia, a través de los canales legales pertinentes, y agradeció el apoyo recibido de parte de la ciudadanía durante este proceso.
En su mensaje, Pérez expresó su profunda solidaridad con las víctimas y sus familias, al tiempo que manifestó el dolor que ha experimentado personalmente por la pérdida de su padre. “Solo Dios puede darnos la sabiduría para enfrentar un dolor tan irreparable”, afirmó.
“Espero que con el tiempo podamos dejar atrás todos estos momentos y avanzar con paz, respeto y justicia”, concluyó.
Zulinka Yadhira Pérez, hija del fallecido merenguero Rubby Pérez, recibió un pago de un millón de pesos por parte de la empresa Inversiones E & L, propietaria de la discoteca Jet Set, a cambio de no emprender acciones legales tras el colapso ocurrido el pasado 8 de abril, donde perdió la vida su padre.
El acuerdo fue revelado durante la audiencia de medida de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, señalados como responsables de la tragedia.
La Policía Nacional informó que investiga un hecho ocurrido la madrugada del miércoles 18 de junio en el sector El Progreso, municipio Los Alcarrizos.
Durante el hecho sangriento, un hombre falleció tras recibir atención médica por unas heridas en el cuello. Aparentemente, el fallecido intentó quitarse la vida.
Horas antes, el hombre, identificado como Luis Alberto Díaz Cruz, de 56 años, presuntamente habría causado la muerte de su pareja, Noemí Marte Encarnación (38), y de su hijastro de siete años.
Una de las sobrevivientes del colapso en la discoteca Jet Set llegó en silla de ruedas al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
“Eso fue un momento muy tenebroso… uno se sintió como en un túnel sin salida”, declaró visiblemente afectada.
Además, aseguró que la tragedia pudo haberse evitado, ya que se habrían emitido advertencias esa misma noche antes del colapso.
El documento, fechado el 28 de mayo y legalizado ante notario, forma parte del expediente de defensa y contiene copia del cheque emitido y un recibo de desistimiento firmado por Zulinka.
En el texto, se especifica que el dinero fue otorgado como una asistencia económica para cubrir gastos personales, médicos y cualquier otro perjuicio derivado del derrumbe del local.
Además del vínculo familiar, el acuerdo también reconoce a Zulinka como miembro de la orquesta de Rubby Pérez, afectada emocional y laboralmente por el colapso. Con la firma del documento, la artista renuncia de manera formal a cualquier reclamo judicial relacionado con el hecho.
Este acuerdo se suma a una serie de pactos similares realizados entre la empresa y otras víctimas o familiares, en un esfuerzo de la defensa por mostrar cooperación.
Sin embargo, sectores de la sociedad y algunas familias afectadas han manifestado su rechazo, argumentando que estos pagos no sustituyen la responsabilidad penal que se debe establecer en los tribunales.
Durante la audiencia del caso Jet Set, el abogado penalista Félix Portes informó que más del 80 % de los abogados presentes solicitaron que Maribel Espaillat, administradora del establecimiento, reciba prisión preventiva y no arresto domiciliario.
El hombre de leyes explicó que la mayoría también pidió cambiar la calificación del delito a homicidio voluntario por dolo eventual, debido a la gravedad del hecho, que dejó 235 fallecidos.
Aunque Portes sostuvo que los elementos apuntan a un homicidio involuntario, afirmó que, por la magnitud del caso y su impacto social, sí se justifica la prisión preventiva.
A más de dos meses del trágico suceso ocurrido el 8 de abril en el centro de entretenimiento Jet Set, la familia Espaillat y la empresa Inversiones E & L, S.R.L. emitieron un comunicado en el que, por primera vez, se pronuncian públicamente sobre el caso, asegurando que han actuado con responsabilidad, transparencia y respeto hacia las víctimas y sus familiares.
En el documento, la familia explica que su silencio hasta ahora fue por respeto al dolor de las víctimas y en atención al proceso judicial en curso.
Sin embargo, ante la difusión de informaciones que consideran imprecisas, decidieron ofrecer su versión basada en documentos, peritajes y acuerdos legales.
El comunicado aclara que el señor Antonio Espaillat, vinculado al establecimiento, se encontraba fuera del país el día del incidente por compromisos profesionales, pero regresó voluntariamente el mismo día y desde entonces ha colaborado con las autoridades.
Entre las acciones destacadas se menciona:
Además, se reafirma el trato respetuoso hacia los testigos, entre ellos Gregory Adames, y se descartan intentos de intimidación.
“No hemos buscado protagonismo ni justificaciones”, afirma el comunicado. “Ponemos a disposición de los medios y el tribunal todos los documentos que sustentan nuestra defensa con base en evidencias, estudios técnicos y acuerdos firmados con víctimas y familiares”.
Finalmente, el documento anuncia la entrega de un inventario detallado de actuaciones que, según la familia, desmonta versiones inexactas sobre su rol en el caso.
La presidenta de México exhortó a la población a mantenerse alerta y seguir las indicaciones oficiales ante la inminente entrada del huracán Erick, prevista para los primeros minutos del jueves 19 de junio entre las costas de Guerrero y Oaxaca.
“Ante la entrada del huracán Erick entre las costas de Guerrero y Oaxaca en los primeros minutos del jueves 19 de junio, llamamos a la población a mantenerse atenta a la comunicación oficial, dijo Claudia Sheinbaum a través de un mensaje publicado en la red social X.
La mandataria pidió a los ciudadanos resguardarse en sus hogares y, en especial, a quienes viven en zonas bajas o cercanas a ríos, trasladarse a los refugios habilitados por las autoridades.
“Resguardarse en casa y, si vive en zonas bajas o cerca de ríos, trasladarse a refugios disponibles. Continúan las acciones de prevención y atención en ambos estados”, sostuvo la mandataria.
Asimismo, informó que continúan activas las acciones de prevención y atención en ambos estados, con el despliegue de equipos de emergencia y protección civil para salvaguardar a la población.
El gobierno federal reitera su compromiso de priorizar la seguridad de las comunidades más vulnerables frente al fenómeno meteorológico, que se espera traiga lluvias intensas, fuertes vientos y riesgo de inundaciones.
Un documento presentado por la defensa de Antonio y Maribel Espaillat reveló que más de 30 personas afectadas por el colapso del techo de la discoteca Jet Set firmaron acuerdos de compensación económica con la empresa Inversiones E & L, propietaria del local.
Entre los firmantes hay sobrevivientes, empleados, familiares de víctimas y músicos, incluyendo a Zulinka Yadhira Pérez Lizardo, hija del artista Rubby Pérez, quien confirmó haber recibido ayuda financiera para cubrir gastos personales y médicos.
La defensa sostiene que ya suman más de 40 las personas que han llegado a acuerdos, lo que, según sus abogados, demuestra voluntad de cooperación con las víctimas.
Sin embargo, algunos familiares han cuestionado estos pactos, exigiendo justicia total en los tribunales y señalando que no debe haber impunidad pese a las compensaciones económicas.
El desplome ocurrió el pasado 8 de abril durante una presentación de Rubby Pérez, causando 236 muertes y más de 180 heridos. Investigaciones apuntan a negligencias graves, como modificaciones estructurales no autorizadas y desatención a advertencias previas sobre grietas y filtraciones en el techo.
Pese a la gravedad del caso, el tribunal decidió no imponer prisión preventiva a los hermanos Espaillat. En cambio, se les ordenó pagar una garantía económica de 50 millones de pesos, presentarse periódicamente ante el juez y se les prohibió salir del país, mientras continúa el proceso judicial.
El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), Wilson Camacho, expresó su desacuerdo con la medida de coerción dictada a favor de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, acusados de homicidio involuntario tras el colapso del local que dejó 235 muertos y más de 180 heridos.
Camacho calificó la decisión como una “incorrecta valoración” de los hechos y anunció que el Ministerio Público apelará la resolución. Aunque reconoció que la jueza avaló la calidad de la investigación y la calificación jurídica presentada, cuestionó que no se impusiera prisión preventiva considerando la magnitud de la tragedia.
Destacó que el tribunal también acogió la petición del Ministerio Público de declarar el caso como complejo, lo que permite una extensión de los plazos procesales para la investigación y enjuiciamiento, y respaldó la necesidad de una reforma al Código Penal, vigente desde el siglo XIX, por considerarlo inadecuado para abordar este tipo de delitos.
El procurador insistió en que no se valoró correctamente el impacto social y humano del hecho, subrayando que cientos de familias quedaron destruidas y más de 130 niños perdieron a sus padres. A su juicio, la medida impuesta refleja una falta de justicia hacia las víctimas.
Camacho concluyó afirmando que tanto los imputados como la decisión del tribunal representan una burla al sistema judicial y reiteró que el Ministerio Público agotará todas las vías legales para lograr que se haga justicia en este caso.
La jueza Fátima Veloz decidió no imponer prisión preventiva a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set, como solicitaba el Ministerio Público, y en su lugar estableció una garantía económica de 50 millones de pesos, impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades.
Asimismo, acogió la calificación jurídica del Ministerio Público, que atribuye a los acusados la violación de los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, relacionados con homicidio y lesiones involuntarias por negligencia.
El Ministerio Público acusa a los hermanos de homicidio involuntario por presuntas negligencias que provocaron el colapso del techo de la discoteca, donde murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas. También afirman que las remodelaciones al establecimiento se hicieron sin los permisos necesarios.
El director de persecución, Wilson Camacho, anunció que apelarán la decisión, argumentando que los imputados podrían interferir en el proceso. Además, los acusa de intentar intimidar a un testigo clave, quien era empleado del lugar al momento del accidente.
Por su parte, el abogado defensor Miguel Valerio afirmó que la decisión judicial es justa, destacando que sus clientes han colaborado con las investigaciones y han manifestado su disposición de ayudar a las víctimas y sus familias. Recalcó que las medidas de coerción buscan garantizar el proceso y que los hermanos han cumplido con todos los requerimientos judiciales hasta la fecha.
Durante la audiencia también participaron abogados de unas 80 víctimas, quienes solicitan que se cambie la calificación del delito a homicidio voluntario, alegando que hubo negligencia consciente. Mientras continúa el proceso, los hermanos Espaillat deberán presentarse mensualmente ante el Ministerio Público y cumplir con todas las citaciones judiciales.
Los residentes de la calle Americo Ludo, en el sector Villa Juana, denunciaron que uno de los tanques de agua se encuentra roto. Esta problemática genera que el agua se desperdicie y cree charcos de lodo.
