Efectivos del Ejército, durante patrullaje realizado en el distrito municipal de Pueblo Nuevo, provincia Valverde, detuvieron otra motocicleta marca X1000, con 04 haitianos en condición migratoria irregular, conducida por un extranjero que hasta el momento no ha sido identificado, ya que al darse cuenta de la presencia militar emprendió la huida.
Los 09 indocumentados serán entregados a la Dirección General de Migración (DGM) para los fines correspondientes, mientras que los vehículos y el detenido por tráfico de inmigrantes serán enviados al Ministerio Público.
Miembros del Ejército de República Dominicana enviaron a la justicia a un dominicano que resultó detenido cuando transportaba a cinco haitianos indocumentados en una motocicleta, en el sector Palo Alto de la provincia de Dajabón.
El hombre fue identificado como Dariel Pérez, quien conducía una motocicleta marca Súper Gato, modelo CG200, al momento de la detención con el grupo de extranjeros, integrado por 02 mujeres y 03 menores de edad.
Los haitianos con estatus migratorio irregular, el detenido y la motocicleta fueron traslados a la sede del 10mo. Batallón de Infantería para los fines correspondientes.
Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) confiscaron 60 paquetes presumiblemente marihuana, durante labores de inspección conjunta, realizadas en el Aeropuerto Internacional del Cibao, provincia de Santiago.
Los agentes antinarcóticos, asistidos por militares y unidades caninas, desarrollaban operaciones de verificación en el área de llegada de la terminal, cuando detectaron sustancias extrañas en el interior de dos maletas.
Por instrucciones del fiscal y en presencia de la imputada, se procedió a abrirlas, ocupando un total de 60 paquetes, distribuidos en las dos maletas.
Por el caso, las autoridades arrestaron a una joven estadounidense que llegó a la terminal de Santiago, procedente de Estados Unidos en un vuelo comercial. La mujer de 29 años será sometida a la justicia en las próximas horas por violacion a la ley 50-88, sobre drogas y sustancias controladas.
El Ministerio Público y la DNCD profundizan las investigaciones en torno al caso, mientras tratan de establecer si hay otros implicados en la frustrada operación de narcotráfico internacional.
Los 60 paquetes del vegetal, que se presume es marihuana, están siendo enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF),de Santiago, para los fines correspondientes.
El mandatario estadounidense, Donald Trump, instruyó al ICE a intensificar las deportaciones en ciudades bajo mando demócrata, como parte de lo que califica como el plan de expulsión más amplio jamás visto.
Esta directiva se ejecuta dentro de la “Operación Safeguard”, activa desde enero de 2025, y prioriza la detención y expulsión rápida de indocumentados, especialmente en ciudades santuario que restringen la colaboración con migración federal.
Miembros del Ejército detuvieron en Montecristi un autobús del transporte público, en el cual encontraron como pasajeros a 02 nacionales haitianos indocumentados y mercancía ilícita, incluyendo cigarrillos y otros productos.
Los soldados del ERD asignados para servicio en el puesto de chequeo El Puente, inspeccionaron el autobús marca Universe Xpress Prime, donde se encontraban los indocumentados, entre ellos 01 hombre y 01 mujer.
También durante la inspección del vehículo fueron encontrados en el maletero del referido autobús, (21,800) unidades de cigarrillos marcas Capital y Point de procedencia extranjera, (1,056) desodorantes en spray, (864) cremas hidratantes y (256) jabones.
El chofer, identificado como Cesar Antonio Rodríguez Núñez y el cobrador, Fredis Santos, junto a los indocumentados y la mercancía ilícita, fueron puestos bajo custodia militar y conducidos a la Fortaleza San Fernando del ERD, para los procesos correspondientes.
Un reconocido delincuente, identificado como Edwin Colón Ureña (a) “Pecosa” y/o “El Maléfico”, falleció anoche mientras recibía atenciones médicas en el Hospital Dr. Ney Arias Lora, luego de resultar herido tras supuestamente enfrentar a tiros a una patrulla de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en un hecho ocurrido en el sector Villa Laura, de Villa Mella, municipio Santo Domingo Norte.
Colón Ureña era activamente buscado mediante varias órdenes de arresto por homicidio y agresión sexual, por lo que agentes policiales realizaban labores de localización e inteligencia en su contra.
De acuerdo con el informe preliminar, Pecosá y/o El Maléfico» atacó a tiros a los agentes actuantes al notar su presencia, viéndose estos en la obligación de repeler la agresión, resultando herido de bala, falleciendo posteriormente en el centro de salud antes citado.
Al occiso se le ocupó en la escena un revólver marca Smith & Wesson, calibre .38, con la numeración D45786, conteniendo tres casquillos y dos cápsulas percutadas, arma con la cual enfrentó a los agentes.
Contra Edwin Colón Ureña pesaban las órdenes de arresto No. 530-2025-EMES-00985, por la muerte del ciudadano haitiano Adrien Phedre, ocurrida el 21 de abril de este año en el sector Nueva Jerusalén, San Antonio de Guerra; y la No. 973-2024-EMES-13373, por agresión sexual en perjuicio de una ciudadana, cuya identidad se hace reserva, en un hecho ocurrido en Santo Domingo Este.
La Policía Científica se presentó al lugar del enfrentamiento, donde colectó el arma de fuego utilizada por el agresor como parte del proceso de levantamiento de evidencias.
La Policía Nacional ejecutó un allanamiento en el sector Los Cocos de Jacagua, concluyendo con el arresto de un hombre y la incautación de armas de fuego, municiones y pertrechos militares.
Durante la intervención efectuada en cumplimiento a la orden judicial No. 2025-AJ0035575, fue detenido el señor Rodolfo Alfonso Cabrera Peña, de 58 años de edad.
En el operativo, se ocupó una escopeta marca Akkar, calibre 12, serie No. 12205384, con licencia permanente, un revólver marca S&W, serie CAE2166, sin documentación legal, 11 cartuchos calibre 12, uno de ellos disparado.
Asimismo se incautaron seis cápsulas calibre 38 y un casquillo del mismo calibre, un cargador de 30, un chaleco antibalas, un pantalón tipo militar, una canana de tela para revólver y un celular.
Tanto el detenido como los objetos ocupados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Estas tasas están sujetas a revisión en cualquier momento por las condiciones del mercado.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó hoy que una vaguada en niveles altos de la atmósfera, en combinación con el viento del este/sureste, está generando desde las primeras horas de este lunes un incremento en la nubosidad con aguaceros locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento sobre diversas provincias del país.
Entre las zonas más afectadas durante la mañana se encuentran Samaná, La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, San Cristóbal, Santo Domingo, María Trinidad Sánchez, La Vega, Duarte, Espaillat, San Pedro de Macorís, La Romana y Santiago Rodríguez.
No obstante, el organismo indicó que estas precipitaciones se desplazarán hacia el interior del país durante la tarde y primeras horas de la noche, impactando especialmente a Sánchez Ramírez, Monseñor Nouel, Azua, Peravia, Barahona, San Juan y Dajabón.
Asimismo, prevé que las condiciones lluviosas persistirán el martes y miércoles, días en los que se pronostican aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Las regiones noreste, sureste, la Cordillera Central y la zona fronteriza volverán a ser las más afectadas, incluyendo provincias como La Altagracia, Monte Plata, El Seibo, Hato Mayor, Elías Piña, Santiago y San Juan, entre otras.
Se recomienda a la población mantenerse atenta a los boletines meteorológicos oficiales, debido al riesgo de inundaciones urbanas, crecida de ríos y deslizamientos de tierra en zonas vulnerables.
“Yo me recuerdo mucho grito, mucho auxilio, mucha ayuda… todo oscuro”, expresó entre lágrimas Aracelis Santana, una de las víctimas afectadas por el desplome del techo en la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril.
“En ese momento uno no puede ni siquiera dormir en paz, ni estar en paz. Uno lo vive a cada instante de su vida”, confesó Santana, visiblemente afectada por la tragedia que cobró la vida de 235 personas y dejó más de 180 heridos.
Sus palabras reflejan el trauma emocional que aún enfrentan los sobrevivientes, mientras el proceso judicial contra los propietarios del centro nocturno continúa desarrollándose.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el miércoles a las 11:00 de la mañana la audiencia de conocimiento de medida coerción en contra del propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana Maribel Espaillat.
El aplazamiento busca que las pruebas sean notificadas a las partes, así como las víctimas faltantes puedan querellarse.
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El abogado Carlos Salcedo, uno de los representantes legales de las víctimas del colapso del techo del Jet Set Club, ocurrido el pasado 8 de abril, afirmó este domingo que lo ocurrido fue consecuencia de un “descuido absoluto” y una “negligencia abusiva y grave” por parte de los propietarios del centro de diversión, Antonio y Maribel Espaillat.
“La causa fue la falta de cuidado total de los propietarios. Esto no es un caso complejo, y tampoco aplica como una clasificación jurídica de alta dificultad. Es un hecho tipificado claramente como homicidio involuntario, conforme al artículo 319 del Código Penal Dominicano”, indicó el abogado, al momento de arribar al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El abogado detalló que el proceso implica una gran cantidad de víctimas, y por tanto, cada querellante aportará pruebas relevantes.
“Evidentemente, hay muchos elementos que deben ser considerados. Representamos a tres personas directamente afectadas, entre ellas, dos padres de víctimas fatales. Además, existen otras querellas que están en proceso de formalización”, explicó.
El pronunciamiento del abogado se produjo minutos antes del inicio de la audiencia de medida de coerción contra los imputados, la cual será
El director de la Dirección General de Persecución, Wilson Camacho, afirmó este domingo que la tragedia fue el resultado directo de una conducta negligente, irresponsable y criminal por parte de los imputados.
“Lo ocurrido en el Jet Set Club es una tragedia evitable, consecuencia del desprecio absoluto por la vida humana por parte de sus propietarios”, declaró.
Camacho informó que el Ministerio Público ha aportado más de 130 pruebas documentales, testimoniales, periciales y técnicas para sustentar la solicitud de medidas de coerción.
Estas incluyen imágenes, videos, conversaciones y peritajes estructurales que demuestran que los imputados estaban plena y reiteradamente conscientes del deterioro del techo y aun así no suspendieron las actividades del local.
El titular de Persecución también reveló que durante la investigación se detectaron intentos de intimidación a testigos por parte de los acusados, lo que constituye un riesgo procesal grave.
“Esto refuerza la necesidad de imponer medidas cautelares contundentes para garantizar la continuidad del proceso sin interferencias ni obstrucciones”, puntualizó Camacho.
El informe técnico de peritaje descartó factores externos como fenómenos naturales y concluyó que el derrumbe fue provocado por una sobrecarga estructural. El techo colapsó tras años de acumulación de mortero en capas sucesivas, equipos de climatización, tinacos y otras estructuras, colocadas sin evaluación técnica ni supervisión profesional.
Los responsables, según la Fiscalía, instalaron y autorizaron estos elementos de peso elevado sin estudios previos, favoreciendo un modelo de mantenimiento improvisado, orientado a la rentabilidad económica a costa de la seguridad humana.
El colapso ocurrió mientras el merenguero Rubby Pérez, quien también falleció, ofrecía un concierto en el reconocido centro nocturno.
Según las evidencias, horas antes del derrumbe ya se habían reportado caídas de plafones y advertencias directas al señor Antonio Espaillat, quien no ordenó suspender la fiesta, decisión que resultó fatal.
El Ministerio Público ha tipificado la conducta de los imputados bajo los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, referentes a homicidio y lesiones involuntarias, solicitando medidas coercitivas que aseguren su presentación en juicio.
Maribel Espaillat, propietaria junto a su hermano Antonio del centro de diversión Jet Set, asistió este domingo al tribunal acompañada por su defensa, pero nuevamente su condición física tras el colapso de la legendaria discoteca.
Espaillat ya había presentado complicaciones el pasado jueves durante un interrogatorio en la Procuraduría, donde habría sufrido un desmayo que impidió su traslado a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
Ambos hermanos enfrentan cargos relacionados con la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, cuyo desplome provocó víctimas y heridos, y ha sido declarado un caso de alto interés público por las autoridades judiciales.
La audiencia para conocer la medida de coerción contra Antonio y Maribel Espaillat, vinculados al colapso de la discoteca Jet Set, fue aplazada para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana, según dispuso el juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público pidió prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat en la solicitud de medidas de coerción que depositó ante los tribunales por la responsabilidad penal de ambos imputados en el colapso del techo de la discoteca que, la noche del pasado 8 de abril, provocó la muerte de 235 personas y dejó más 180 heridos.
Los fiscales imputan que durante años el Jet Set Club “operó con una sistemática y grave negligencia en el mantenimiento y adecuación estructural de sus instalaciones, poniendo en riesgo la vida de sus clientes y empleados”.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el próximo miércoles a las 11:00 de la mañana la audiencia de conocimiento de medida coerción en contra del propietario del Jet Set, Antonio Espaillat, y su hermana Maribel Espaillat.
El desplome del techo del Jet Set se produjo la noche del 8 de abril de este 2025 en el momento en que el cantante Rubby Pérez, quien también falleció, amenizaba una fiesta de merengue junto a su orquesta.
Tras la ocurrencia del hecho en la discoteca ubicada en la plaza El Portal, del Kilómetro 6 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, se presentó al lugar e instruyó a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público para disponer medidas tendentes a desarrollar las investigaciones, incluyendo la protección de la escena y escombros para realizar el peritaje de lugar.
Una vez se terminaron las labores de rescate, el Ministerio Público procedió a preservar los escombros para los fines del peritaje técnico.
Las investigaciones del Ministerio Público determinaron que los hermanos Espaillat López realizaban una operación comercial negligente que ponía en riesgo a cientos de vida.
Cinco ciudadanos ucranianos, incluidos tres menores, fallecieron tras el impacto de un misil iraní en un edificio residencial en Bat Yam, ciudad costera de Israel, durante los ataques del fin de semana.
El hecho ocurrió en medio de una andanada de misiles lanzada por Irán como respuesta a los bombardeos israelíes sobre su territorio, intensificando el enfrentamiento directo entre ambas naciones.
Las víctimas fueron identificadas como un niño de 10 años, una niña de 8, un joven de 18 y tres mujeres de entre 50 y 80 años. Las autoridades ucranianas están colaborando con Israel para confirmar sus identidades y organizar la repatriación de los cuerpos.
El ataque se enmarca en el mayor intercambio militar abierto entre Irán e Israel en décadas, marcando una escalada alarmante del conflicto regional.
Israel, que asegura haber atacado más de 170 objetivos militares iraníes durante el fin de semana, ha prometido represalias contundentes.
El primer ministro Benjamin Netanyahu visitó el lugar del ataque en Bat Yam y advirtió que Irán “pagará un alto precio” por la muerte de civiles. Mientras tanto, Irán ha habilitado mezquitas y escuelas como refugios y ha amenazado con nuevas ofensivas si persisten las acciones israelíes.
El conflicto ha atraído atención internacional. Estados Unidos se desligó de los ataques israelíes, aunque advirtió que responderá si Irán amenaza sus intereses. Por su parte, Irán canceló las conversaciones nucleares con Washington y acusó a EE. UU. de apoyar a Israel. A esto se sumaron los rebeldes hutíes de Yemen, quienes dijeron haber lanzado misiles hacia Israel en coordinación con Irán.
El juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, conocerá esta tarde la solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, propietarios y gerentes del Jet Set Club.
Los hermanos son imputados por homicidio involuntario a raíz del colapso del techo de la discoteca ocurrido el pasado 8 de abril, que provocó la muerte de 236 personas, incluidos artistas, clientes y empleados, y dejó más de 180 heridos.
La audiencia está programada para las 2:00 de la tarde en la sala modelo del Primer Tribunal Colegiado, ubicada en la planta baja del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel Espaillat, alegando su responsabilidad directa en la toma de decisiones operativas y estructurales que condujeron a la tragedia.
La acusación está respaldada por un expediente técnico y testimonial de más de 100 páginas, firmado por un equipo encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, la fiscal del Distrito Nacional Rosalba Ramos, y otros miembros de la Dirección General de Persecución.
El expediente detalla cómo, desde al menos agosto de 2024, los imputados estaban al tanto del progresivo deterioro del techo del establecimiento, incluyendo goteras, humedad y caída de plafones, sin que se tomaran las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad del inmueble.
Uno de los momentos críticos ocurrió el 5 de abril, apenas tres días antes del colapso, cuando una visitante grabó en video la caída de escombros desde el techo. Personal del local, en lugar de evacuar o suspender actividades, simplemente limpió el área y cambió los plafones.
Dos días después, el 7 de abril, técnicos y empleados constataron que trozos del techo original estaban cayendo sobre el falso techo, y aunque el hecho fue reportado a Antonio Espaillat, no se canceló la fiesta programada para esa noche.
El informe técnico forense concluyó que el colapso fue causado por una sobrecarga estructural derivada de la acumulación de cuatro capas de mortero, seis equipos de aire acondicionado de gran tonelaje, tinacos, casetas de aluzinc y otros elementos instalados sin estudio técnico.
Las vigas postensadas del techo, especialmente en el eje sureste, no soportaron la carga acumulada, iniciando un fallo progresivo que derivó en el derrumbe total.
El mismo peritaje descartó factores externos como movimientos sísmicos, vientos extremos o explosiones, confirmando que la causa fue exclusivamente estructural y atribuible a decisiones humanas.
Los fiscales acusan a los hermanos Espaillat de violar los artículos 319 y 320 del Código Penal Dominicano, relativos a homicidio y lesiones involuntarias, al haber actuado con negligencia grave y reiterada.
El informe técnico preliminar elaborado por peritos estructurales, como parte de la investigación en curso, confirmó que la causa principal del derrumbe del techo del Jet Set Club fue una sobrecarga extrema e indebida sobre las vigas postensadas de la edificación.
De acuerdo al análisis estructural realizado, en el techo del establecimiento se acumulaban cuatro capas de mortero fino con espesores diversos que sumaban un total de 37.5 centímetros, lo cual, sumado a equipos de aire acondicionado de gran tonelaje, tinacos, luminarias, plafones y el propio peso de la estructura, excedió con creces la capacidad de resistencia del sistema estructural.
Según el expediente del Ministerio Público, las mayores deformaciones y fallos se registraron en la zona sur del techo, especialmente sobre los ejes H y J, donde se encontraban las vigas sometidas a mayor concentración de cargas.
El análisis reveló que el momento flector provocado por estas cargas superó la capacidad de flexión de las vigas, provocando fallos a flexión, esfuerzos de torsión excesivos en las vigas perimetrales, y el inicio de inestabilidad estructural que condujo al colapso.
El peritaje también identificó como factores agravantes la colocación sucesiva de capas de mortero, sin retiro de las anteriores, lo que provocó una elevación excesiva de carga muerta sobre la estructura.
Se suman a esto cuatro tinacos de agua, seis unidades de climatización de 15 a 20 toneladas cada una, y siete casetas metálicas de aluzinc, todo instalado sin estudios técnicos previos que garantizaran la viabilidad estructural de dichas modificaciones.
Los peritos descartaron otras posibles causas del siniestro. El día del derrumbe no se registraron sismos, vientos anormales ni lluvias intensas, y el análisis forense no encontró presencia de materiales explosivos en la escena, lo que fortalece la hipótesis de una falla estructural inducida exclusivamente por sobrecarga.
A juicio del Ministerio Público, las conclusiones del informe evidencian una conducta negligente, imprudente y deliberadamente riesgosa por parte de los imputados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat, quienes tenían la autoridad operativa y la responsabilidad de gestión del establecimiento.
Ambos ordenaron la instalación de los equipos y reformas estructurales sin la debida supervisión técnica, priorizando —según el expediente— el beneficio económico sobre la seguridad humana.
El colapso ocurrió el pasado 8 de abril de 2025, durante un evento multitudinario, cobrando la vida de 235 personas y dejando a más de 180 con heridas de diversa gravedad.
El caso ha sido declarado complejo, y los imputados enfrentan cargos por homicidio involuntario, negligencia criminal y responsabilidad empresarial agravada.
A sólo tres días del colapso del techo del Jet Set Club, que dejó 235 muertos y más de 180 heridos, ya se habían registrado hechos concretos que alertaban sobre el deterioro estructural del inmueble, según revelan las investigaciones del Ministerio Público.
El pasado 5 de abril de 2025, la joven Carolina del Rosario De la Cruz acudió al club junto a un grupo de conocidos. Poco después de su llegada, captó en video la caída de escombros desde el techo, situación que fue respondida por el personal del local simplemente moviendo a los clientes a otra área y limpiando los restos caídos.
El empleado Gregorio Adames Arias (Gregory), además de recoger los escombros, subió con una escalera para retirar otros plafones que estaban a punto de desprenderse, acción que fue reportada a Antonio Espaillat por su hermana y también imputada, Maribel Espaillat.
Dos días más tarde, en la mañana del 7 de abril de 2025, Adames volvió al local y comprobó que las fallas seguían sin ser corregidas.
Al inspeccionar la zona, notó que no era agua lo que dañaba los plafones, sino pedazos de concreto que caían desde el techo real sobre el falso techo de plafón. Esta observación fue comunicada nuevamente a Antonio Espaillat.
Ese mismo día, Manuel Jiménez Mateo y su equipo, incluyendo a José Luis García Jiménez, acudieron al lugar para hacer reparaciones de emergencia. Sustituyeron plafones rotos, no húmedos, y procedieron a retirar agua acumulada en lonas colocadas entre el techo y el plafón, una solución rudimentaria y riesgosa que, según los fiscales, evidencia la negligencia persistente de los imputados.
A las 2:33 p.m., Gregory Adames envió un mensaje de texto a Antonio Espaillat, desde el número 809-838-5036, alertando: “don hay un tema importante que resolver… los plafones se están rompiendo porque están cayendo pedazos del techo y eso es peligroso”.
11 minutos después, Jiménez Mateo le informó a Espaillat que los plafones dañados habían sido cambiados y que se había contactado a una empresa para inspeccionar la estructura, indicando que esta acudiría entre miércoles o jueves. La respuesta del empresario fue escueta: “De acuerdo con ambas cosas.”
Sin embargo, y pese a estas claras advertencias, Antonio Espaillat no ordenó la suspensión de la fiesta prevista para esa noche. A las 11:40 p.m., durante la presentación del merenguero Rubby Pérez, un plafón se desplomó sobre el señor Remberto José Durán Cabrera, quien resultó herido. A pesar del incidente, el afectado rehusó ser trasladado a un centro médico y decidió permanecer en el lugar.
Gregory Adames notificó el incidente a Maribel Espaillat, quien se encontraba en funciones esa noche ante la ausencia de su hermano. Según los fiscales, cuando Gregorio sugirió suspender la actividad, Maribel se negó, alegando que solo Antonio podía autorizarlo y él estaba fuera del país. La fiesta continuó.
Horas después, en la madrugada del 8 de abril, el techo del Jet Set Club se desplomó sobre cientos de personas, provocando una de las tragedias más graves en la historia reciente del país.
Para el Ministerio Público, estos hechos evidencian que las señales de peligro eran claras, concretas y reiteradas, pero fueron ignoradas por los administradores del local, hoy acusados por homicidio involuntario y negligencia criminal.
La investigación del Ministerio Público ha revelado que sobre el techo del Jet Set Club fueron instalados múltiples elementos de alto peso, incluyendo seis aires acondicionados industriales de 15 y 20 toneladas cada uno, sin que se realizara ningún estudio técnico para evaluar si la estructura estaba en capacidad de soportar dicha carga.
Las instalaciones, autorizadas por el imputado Antonio Espaillat López, fueron ejecutadas por Manuel Jiménez Mateo, un empleado sin formación en ingeniería estructural.
Los fiscales aseguran que estas intervenciones irregulares agravaron el deterioro de la edificación, que desde agosto de 2024 hasta abril de 2025 presentó evidentes signos de colapso.
Parte de la evidencia recabada incluye imágenes y videos captados desde el celular de Jiménez Mateo, donde se documentan las reparaciones precarias realizadas al techo y al interior del local.
Cronología de las reparaciones documentadas:
Agosto 2024: Instalación de lona asfáltica en el techo ante filtraciones. Se evidencia deterioro progresivo en los plafones interiores.
Septiembre 2024: Nivelación de aires acondicionados por cúmulo de agua; aplicación de cemento y zabaletas. Se instala un nuevo aire.
Octubre 2024: Nuevas reparaciones en plafones; más instalación de lona asfáltica en el techo.
Noviembre 2024: Aplicación reiterada de cemento y zabaletas.
Diciembre 2024: Sustitución de plafones internos y colocación de líneas de concreto en el techo.
Marzo 2025: Picado y relleno con cemento dentro y fuera de casetas técnicas sobre el techo.
7 de abril de 2025: Un día antes del desplome, se registran plafones internos muy deteriorados y cambios urgentes por humedad y roturas.
A pesar de estas evidencias, los fiscales sostienen que los imputados Antonio y Maribel Espaillat persistieron en una conducta sistemáticamente negligente, sin emprender acciones efectivas para remediar los daños estructurales.
La comunicación constante entre Jiménez Mateo y Antonio Espaillat, comprobada por mensajes y fotos enviadas desde el número 809-981-0021, demuestra que Espaillat estaba plenamente informado de las goteras, el deterioro del falso techo y la caída de escombros.
El Ministerio Público concluye que el techo del Jet Set Club mostraba claras señales de colapso inminente, no solo por filtraciones de agua, sino por el deterioro estructural evidente que comprometía directamente la integridad del plafón falso y la cubierta principal.
Estas señales fueron reportadas y visualizadas por los imputados, quienes no tomaron las medidas necesarias para evitar la tragedia ocurrida el 8 de abril, en la que murieron 235 personas y más de 180 resultaron heridas.
La Procuradora General de la República exhortó al Congreso Nacional a aprobar el nuevo Código Penal para cumplir con el compromiso ciudadano de actualizar esa normativa a los nuevos tiempos y, así, evitar que delitos que requieren de sanciones más razonables tengan que ser sancionados con penas que resultan irrisorias.
“Tenemos un marco jurídico desactualizado con penas irrazonables que, en muchos casos, no son ni mínimamente proporcionales al daño causado”, dijo Yeni Berenice Reynoso al referirse al tema.
La procuradora reconoció que varios legisladores de diferentes organizaciones políticas, incluyendo al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y el de la Cámara de Diputados, Alfredo Pachecho, le han manifestado directamente su compromiso con satisfacer la necesidad que tiene la sociedad dominicana de que se apruebe un nuevo Código Penal.
Planteó que los crímenes han cambiado conforme ha evolucionado la sociedad. “El mapa de la criminalidad es cada día más diverso, pero en República Dominicana seguimos teniendo como principal ley sustantiva un Código Penal que fue aprobado en 1884 y que, aunque se realizaron algunas modificaciones a lo largo de los años, resulta desactualizado para abordar los delitos con una calificación adecuada”.
“Múltiples conductas que son realmente delitos de dolo eventual, deben ser tipificados por el Ministerio Público como delitos culposos por falta de un Código Penal actualizado y esto impide que las víctimas, y en sentido general la sociedad, puedan tener una mayor protección del sistema de justicia, sobre todo en los casos en que se requiere de una sanción proporcional al hecho cometido y que implicaría una condena mayor”, dijo.
Citó como ejemplo que el Código Penal actual falla al no contemplar el concurso ideal de delitos, lo que lleva a que la sanción para la persona que, con una acción causa varios delitos, solo sea sancionada con la pena del delito mayor, sin tener la posibilidad de agravarla.
Lamentó que el Código Penal con el que los fiscales tienen que calificar los delitos ordinarios fuera sancionado por la Ley 2274, del 20 de agosto del año 1884.
Planteó que la legislación pudo desempeñar un rol importante, pero después de 141 años de vigencia, con la evolución histórica del país y los cambios sociales en un entorno globalizado y tecnológico, resulta irrazonable mantener la obsolescencia legislativa del Código Penal Dominicano.
La Corte de Apelación del Distrito Nacional dictó la tarde de este lunes dos meses de prisión preventiva, como medida de coerción, contra Leonardo Faña, director (suspendido) del Instituto Agrario Dominicano (IAD).
