La Segunda Sala Penal del Distrito Nacional fijó para el próximo 30 de julio el inicio del juicio de fondo contra el comunicador Ángel Martínez, quien enfrenta cargos por presunta difamación e injuria en perjuicio de la ministra de Interior y Policía, Faride Raful.
La audiencia fue programada para las 9:00 de la mañana y estará a cargo del tribunal presidido por la magistrada Clara Luz Almonte.
La asignación del proceso se produjo luego de que la Presidencia de las Cámaras Penales apoderara a la Segunda Sala Penal mediante el mecanismo de sorteo aleatorio computarizado, procedimiento establecido para garantizar la distribución objetiva de los expedientes judiciales.
Durante el juicio, el tribunal deberá conocer las acusaciones presentadas contra Martínez y valorar las pruebas aportadas por las partes para determinar si existen responsabilidades penales en los hechos denunciados por la funcionaria.
El caso ha generado atención pública debido a la notoriedad de las partes involucradas y al debate en torno a los límites entre la libertad de expresión y la protección del honor y la reputación de las personas.
Con la fijación de la audiencia, el proceso entra en su fase de conocimiento de fondo, donde se ventilarán los argumentos de la defensa y de la parte querellante antes de que el tribunal emita una decisión sobre el caso.
Agentes de la Policía Nacional apresaron en menos de 48 horas a un hombre acusado de atacar con un arma blanca a su expareja sentimental en un hecho ocurrido en el sector Los Restauradores, en la provincia Valverde.
El detenido fue identificado como Domingo Antonio Jáquez Liberato, quien era activamente buscado mediante la orden de arresto No. 476/2026 por su presunta implicación en la agresión contra una mujer de 26 años, según informó la institución en un comunicado emitido este martes.
La captura fue posible gracias a labores de inteligencia, seguimiento e investigación realizadas por miembros de la Dirección Regional Noroeste, quienes localizaron al imputado en la provincia Santiago Rodríguez y posteriormente lo trasladaron a Mao para los procedimientos legales correspondientes.
De acuerdo con el informe preliminar, el hecho se produjo la noche del pasado 13 de junio, cuando la víctima se encontraba compartiendo en una vivienda del sector Los Restauradores y presuntamente fue atacada por su expareja con un arma blanca tipo colín. Como consecuencia, sufrió múltiples heridas en ambos brazos, conforme al diagnóstico médico.
La Policía Nacional indicó que, con el arresto del presunto agresor, el caso quedó esclarecido y será puesto a disposición del Ministerio Público para el proceso judicial correspondiente.
Asimismo, la institución reiteró su compromiso de responder con rapidez y eficacia ante los casos de violencia, garantizando la protección de las víctimas y el cumplimiento de la ley.
Agentes de la División de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad del Ensanche Luperón recuperaron una gran cantidad de joyas, relojes y dinero en efectivo robados de una joyería ubicada en el sector Capotillo, en el Distrito Nacional, tras una rápida intervención que permitió esclarecer el caso y arrestar a uno de los principales sospechosos.
Según informó la Policía Nacional en un comunicado emitido este martes, la investigación se inició luego de que el propietario del establecimiento denunciara la sustracción de dinero en efectivo, prendas de oro y mercancías en exhibición, valoradas en más de 750 gramos de joyas, además de más de RD$320,000 en efectivo.
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Como resultado de las pesquisas, fue detenido Yordi Gutiérrez, de 25 años y exempleado del negocio, quien admitió su participación en el robo. Las autoridades indicaron que continúan la búsqueda de otros presuntos implicados, entre ellos un hombre identificado únicamente como «Joel», quien permanece prófugo.
Durante el proceso investigativo, la esposa del detenido entregó de manera voluntaria una caja que contenía decenas de prendas, incluyendo medallas, cadenas, guillos, argollas y aretes, además de 16 relojes de distintas marcas, una balanza digital y una considerable suma de monedas y dinero en efectivo que presuntamente guardaban relación con el hecho.
Asimismo, fue recuperada la suma de RD$20,000 que, de acuerdo con las investigaciones, había sido entregada a otro de los involucrados, identificado como Junior Enrique Guzmán, quien compareció ante las autoridades y devolvió voluntariamente el dinero.
La Policía Nacional informó que tanto los detenidos como las evidencias recuperadas fueron remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes, mientras continúan las labores para localizar y capturar a los demás implicados en el caso.
El general de la Fuerza Aérea Julio Camilo de los Santos Viola, exsubjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), fue condenado a 15 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
La sentencia fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado además por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo.
Raúl Alejandro Girón Jiménez, señalado como el «delator» del caso Coral, fue condenado a cinco años de prisión. No obstante, el tribunal declaró la pena como cumplida debido al tiempo que ha permanecido vinculado al proceso judicial, por lo que no se prevé que sea enviado a la cárcel.
Raúl Alejandro Girón Jiménez admitió su responsabilidad en los hechos imputados por el Ministerio Público y decidió colaborar con las autoridades durante las investigaciones dirigidas a desmantelar la presunta red integrada por militares, policías y civiles, acusada de desfalcar al Estado dominicano mediante el desvío de fondos y operaciones de lavado de activos.
De acuerdo con el expediente acusatorio, compuesto por 195 páginas, Girón Jiménez y otras personas realizaban depósitos y transacciones para introducir al sistema financiero los recursos presuntamente sustraídos del patrimonio estatal. Según la acusación, esos fondos terminaban, de manera directa o indirecta, en poder del coronel Rafael Núñez de Aza y del general Adán Cáceres Silvestre.
El coronel Rafael Núñez de Aza, uno de los implicados en el caso Coral, fue condenado a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos.
Núñez de Aza se desempeñó como encargado del Departamento Financiero del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP), posición desde la cual habría participado en las operaciones irregulares investigadas por el Ministerio Público.
El general Juan Carlos Torres Robiou, exdirector del Cuerpo Especializado en Seguridad Turística (Cestur), fue sentenciado a 20 años de prisión y al pago de una multa equivalente a 200 salarios mínimos, tras ser hallado culpable en el caso Coral.
El tribunal concluyó que Torres Robiou estuvo involucrado en maniobras de sustracción de fondos vinculadas a nóminas, ventas, labores de inteligencia y raciones alimenticias durante el período en que dirigió el Cestur.
La pastora Rossy Guzmán, vinculada durante varios años al caso Coral, fue condenada a 15 años de prisión por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, en una decisión emitida durante la madrugada de este martes.
La sentencia fue dictada por las juezas Giselle Méndez, Jissel Naranjo y Tania Yunes, quienes fundamentaron su decisión en las pruebas aportadas por el Ministerio Público durante el juicio de fondo.
Según la acusación, Guzmán Sánchez integraba una estructura liderada por el mayor general retirado Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP). El expediente señala que la imputada estuvo vinculada a maniobras de lavado de activos, testaferrato y ocultamiento de bienes que habrían sido adquiridos con recursos obtenidos mediante el presunto desvío de fondos públicos.
El Ministerio Público sostuvo que la red logró movilizar más de RD$4,500 millones provenientes de instituciones estatales, entre ellas el CUSEP y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (CESTUR).
El exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), Adán Cáceres, fue sentenciado a 20 años de prisión y condenado al pago de una multa equivalente a 400 salarios mínimos, tras ser hallado culpable en el entramado de corrupción desmantelado mediante la operación Coral.
Adán Cáceres y Juan Carlos Torres Robiou fueron declarados culpables de asociación de malhechores, prevaricación, desfalco, enriquecimiento ilícito, incremento patrimonial injustificado y otros delitos agravados por su condición de funcionarios públicos.
En tanto, Rafael Núñez de Aza fue hallado culpable de asociación de malhechores, prevaricación, soborno, desfalco, estafa contra el Estado, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado.
La decisión fue emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Esmirna Gisselle Méndez e integrado por las magistradas Tania Yunes y Jissel Naranjo, tras un extenso proceso judicial en el que el Ministerio Público presentó cientos de pruebas documentales, periciales y testimoniales para sustentar la acusación.
Agentes del Departamento Operativo II de Investigación de Crímenes y Delitos Contra la Propiedad realizaron un amplio operativo preventivo en varios sectores del Distrito Nacional, donde ocuparon drogas, armas de fuego, armas blancas, máquinas tragamonedas y detuvieron a nueve personas para fines de investigación.
La intervención fue desplegada en los sectores Villa Francisca, Capotillo, Villas Agrícolas, Villa María, Simón Bolívar, Villa Juana y Villa Consuelo, como parte de las acciones dirigidas a combatir actividades delictivas, localizar prófugos de la justicia y fortalecer la seguridad ciudadana.
Durante los operativos fueron ocupadas 230 porciones de un vegetal presumiblemente marihuana, dos kilos y una porción adicional de un polvo blanco presumiblemente cocaína, así como 25 porciones de un material rocoso presumiblemente crack. Además, se incautaron nueve balanzas utilizadas para el pesaje de sustancias narcóticas.
Los agentes también ocuparon dos pistolas, siete armas blancas, cuatro máquinas tragamonedas y dos teléfonos celulares, evidencias que serán puestas a disposición de las autoridades competentes para los fines correspondientes.
Como parte de las acciones preventivas, fueron depuradas 48 personas, así como 20 vehículos y 30 motocicletas, mientras que nueve individuos resultaron detenidos para fines de investigación.
El Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET), informa que, aunque una vaguada en niveles altos genera una inestabilidad marginal sobre el territorio nacional, la humedad disponible en la atmósfera continúa siendo limitada, lo que reduce significativamente las probabilidades de lluvias y tormentas eléctricas.
En consecuencia, durante la mañana predominará un ambiente mayormente soleado, con algunas nubes dispersas de manera ocasional en gran parte del país. Estas condiciones de tiempo estable se mantendrán durante la tarde, cuando el cielo podría adquirir un aspecto grisáceo y opaco debido a la incursión de una ligera capa de polvo del Sahara en nuestra masa de aire.
No se esperan precipitaciones significativas, por lo que las condiciones serán favorables para la realización de todo tipo de actividades al aire libre.
La Policía Nacional informó que amplía las investigaciones relacionadas con la desaparición de la joven Johanna Lisbeth Contreras, de 22 años, cuyo caso fue reportado por sus familiares el pasado miércoles.
La institución precisó que varias personas han sido entrevistadas como parte del proceso investigativo, incluyendo a una persona de alto interés para las autoridades, conforme a las evidencias recopiladas durante la fase inicial de la investigación.
Estas tasas están sujetas a revisión en cualquier momento por las condiciones del mercado.
La sentencia emitida en el caso Coral no solo estableció condenas de prisión contra 23 personas halladas culpables de corrupción administrativa, sino que también ordenó el decomiso de una amplia cantidad de bienes y equipos utilizados o adquiridos mediante las actividades ilícitas investigadas por el Ministerio Público.
Entre los bienes confiscados figuran armas de fuego de distintas marcas y modelos, incluyendo pistolas Glock, Beretta y CZ, además de escopetas, rifles y municiones de diversos calibres.
También fueron decomisados relojes de lujo de reconocidas marcas como Rolex, Bulova, MontBlanc, Guess y Giorgio Milano, considerados parte del patrimonio acumulado por la estructura delictiva.
La sentencia núm. 249-02-2026-SSEN-00040 dispuso además la incautación de computadoras, laptops, tabletas, teléfonos celulares, discos duros, memorias USB y otros dispositivos electrónicos que formaron parte de las evidencias presentadas durante el proceso.
Asimismo, se ordenó el decomiso de drones, equipos de polígrafo y sellos gomígrafos utilizados en instituciones públicas y empresas vinculadas a los acusados.
El tribunal también declaró responsables a varias compañías utilizadas para canalizar recursos y operaciones financieras, ordenando la clausura y disolución de algunas de ellas.
Con estas medidas, las autoridades buscan garantizar la recuperación de activos a favor del Estado dominicano y fortalecer la lucha contra la corrupción y la impunidad en la administración pública.
La insuficiencia renal, que en República Dominicana continúa bajo vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud Pública, muestra un aumento sostenido de pacientes que requieren atención especializada.
El registro oficial de 2025, que contabiliza más de 2500 episodios de insuficiencia renal aguda con una reducción del 9,4% frente al año anterior, se suma a un crecimiento progresivo de personas en terapia dialítica que ya superan los seis mil casos según la Sociedad Dominicana de Nefrología.
Además, expertos señalan que enfermedades como la diabetes y la hipertensión, que afectan de forma silenciosa a gran parte de la población, son las principales causas de esta condición que puede derivar en tratamientos de diálisis o trasplante renal.
La revisión de la indexación salarial, que busca ajustar el impuesto sobre la renta conforme a la inflación acumulada, fue nuevamente defendida por el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, quien planteó que el mínimo exento debería elevarse hasta los 52 mil pesos.
El legislador, al valorar el plan económico del Gobierno, señaló que aunque reconoce avances en la propuesta, considera insuficiente el ajuste planteado, ya que solo corrige parcialmente una distorsión que afecta a trabajadores con ingresos medios.
Además, advirtió que el tema será evaluado por el Tribunal Constitucional, donde se discutirá un recurso que, según dijo, busca garantizar el cumplimiento íntegro de la ley.
La necesidad de contar con estadísticas de calidad para fortalecer las políticas públicas centradas en la niñez en República Dominicana fue destacada por el representante de UNICEF, Carlos Carreras, durante la socialización de la encuesta MIX 2025.
El estudio, que reúne información actualizada sobre salud, educación, nutrición, violencia, embarazo adolescente y uniones tempranas, permitirá evaluar el cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el país.
Además, estos datos, que serán utilizados para orientar decisiones en políticas, presupuestos y leyes, buscan identificar brechas y mejorar la protección integral de la infancia.
La posible visita del Papa León XIV a República Dominicana, que fue planteada durante una audiencia privada en el Vaticano, quedó abierta tras la invitación realizada por el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán.
El pontífice, quien según el prelado mostró cercanía con la Iglesia dominicana, habría indicado que su agenda de este año le impide concretar el viaje, aunque no descarta incluir al país en 2027.
Además, se señaló que una eventual visita papal, que sería la primera desde Juan Pablo II en 1992, dependerá de la reorganización de su calendario internacional.
El proyecto de medidas económicas, que el Gobierno mantiene en discusión legislativa pese al escenario internacional, no será retirado del Congreso, según afirmó el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz.
El funcionario explicó que la reciente reducción del precio del petróleo, junto con subsidios superiores a 20 mil millones de pesos y apoyos a fertilizantes que superan los 2 mil millones, ha permitido sostener la política económica sin modificar la iniciativa.
Además, defendió que el plan incorpora incentivos tributarios y eliminación de ciertos gravámenes, por lo que, según su criterio, no corresponde su retiro pese a las críticas de la oposición del PLD.
El caso Jet Set avanzó a juicio de fondo tras la resolución del Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, que decidió enviar a los hermanos Espaillat a proceso judicial por la tragedia ocurrida en la discoteca.
El expediente se sostiene en un peritaje que atribuye el derrumbe a una sobrecarga estructural, lo que dejó 236 fallecidos y 180 personas heridas en el hecho.
Asimismo, el tribunal dispuso un embargo de 500 millones de pesos y ratificó medidas de coerción mientras el proceso entra en su siguiente etapa.
