En el marco del Día Internacional del Trabajo, organizaciones sindicales del Cibao hicieron un llamado público a favor de mejores salarios y del respeto a la libertad sindical, al considerar que estos derechos siguen siendo vulnerados en distintos sectores productivos del país.
El activista social Radamés Mercedes instó a la clase trabajadora a organizarse y mantener la lucha por reivindicaciones laborales, al señalar que muchas conquistas históricas se han debilitado con el tiempo.
Asimismo, representantes comunitarios advirtieron que los ingresos actuales no permiten una vida digna para numerosas familias, por lo que exigieron al Estado medidas urgentes que garanticen justicia social y mejores condiciones de empleo.
En el municipio de Jaina, representantes de derechos humanos y propietarios de bancas de lotería denunciaron una serie de supuestos actos de vandalismo contra negocios del sector, los cuales, según afirman, han ocurrido sin intervención efectiva de las autoridades.
Los afectados sostienen que miembros de una asociación local habrían dañado equipos y pintado establecimientos, en medio de un proceso de regularización que, según explican, ha generado tensiones en la zona.
Además, un comité de derechos humanos acudió a la Procuraduría General de la República para interponer una denuncia formal, al considerar que estos hechos podrían escalar si no se toman medidas judiciales oportunas.
Durante el proceso judicial del caso Jet Set, abogados querellantes advirtieron que la incorporación del peritaje sobre el colapso del techo después del cierre de los debates podría vulnerar el principio de contradicción, ya que dicha prueba no fue discutida en audiencia.
Los juristas señalaron que el juez reservó el fallo para el 15 de junio sin que el informe técnico estuviera disponible, lo que, según argumentan, impediría su valoración dentro del proceso conforme a las normas legales vigentes.
Asimismo, sostuvieron que admitir este documento en una etapa posterior podría afectar el derecho de defensa de las víctimas, en un contexto donde también se discute la posible aplicación de figuras jurídicas como el dolo eventual.
Durante la audiencia preliminar del caso Jet Set, Maribel Espaillat ofreció su testimonio ante el tribunal, en el que relató cómo vivió el colapso del techo mientras permanecía junto a su esposo y otras personas bajo los escombros.
La imputada explicó que, tras el derrumbe, fue auxiliada por personal de seguridad y trasladada a un centro médico, donde recibió atención por múltiples heridas, mientras insistía en que nunca imaginaron que un hecho de esa magnitud pudiera ocurrir.
Asimismo, sostuvo que su familia ha mantenido una trayectoria de trabajo y que espera que el proceso judicial permita esclarecer lo sucedido, en un contexto marcado por el dolor de las víctimas y la búsqueda de responsabilidades.
Durante la audiencia preliminar del caso Jet Set, víctimas y familiares ofrecieron testimonios ante el juez, en los que describieron cómo vivieron el colapso y las pérdidas sufridas, mientras insistían en que se haga justicia por las más de 236 personas fallecidas.
Una sobreviviente narró que quedó atrapada bajo los escombros por más de tres horas, tras el desplome del techo que, según su versión, ya mostraba señales de riesgo que habrían sido advertidas por los responsables.
Asimismo, otros afectados afirmaron que lo ocurrido no fue un hecho imprevisible, sino una tragedia que, según sostienen, pudo evitarse, por lo que esperan que las autoridades adopten decisiones judiciales acordes con la magnitud del caso.
Previo a la audiencia del caso Yesé, representantes sociales y religiosos manifestaron respaldo a las víctimas, mientras cuestionaron el rumbo del proceso judicial.
Señalaron que la investigación debe fortalecerse, ya que consideran que la calificación jurídica actual no refleja la magnitud de los hechos ni la muerte de más de 236 personas.
Además, indicaron que esperan decisiones firmes de los jueces, quienes deberán valorar las pruebas presentadas y determinar si corresponde modificar medidas contra los acusados.
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones informa a la ciudadanía que a partir de esta noche habrá suspensión temporal del tránsito en el paso a desnivel de la avenida 27 de Febrero con Tiradentes, para la continuación de los trabajos que se realizan en esa estructura.
El cierre al tránsito inicia a partir de las 10:00 de la noche de este viernes y se extenderá hasta el lunes a las 4:00 de la mañana.
Esta intervención forma parte de una programación técnica que se ejecuta en horario nocturno, para reducir el impacto en la movilidad diaria y, sobre todo, garantizar condiciones seguras tanto para los conductores como para los equipos de trabajo en vía.
Estas medidas requieren ajustes, pero cada paso que da el MOPC está orientado a un objetivo mayor: construir infraestructuras más seguras, funcionales y duraderas para todos.
Recomendaciones:
* Planifique sus desplazamientos con antelación.
* Utilice vías alternas durante el horario indicado.
* Respete la señalización y las indicaciones del personal en la zona.
Cierre puente flotante
El MOPC también informa que este sábado 2 de mayo, en horario de 10:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, el puente flotante sobre el río Ozama estará cerrado al tránsito vehicular.
El motivo del cierre es por el paso de la embarcación M/V Bourbon Liberty 308, que estará saliendo del Astillero Joseph Industrial Development Corp.
El MOPC señala que durante ese lapso de tiempo las vías alternas para los conductores desplazarse incluyen los puentes Juan Pablo Duarte, Juan Bosch y Matías Ramón Mella.
El puente flotante comunica el Distrito Nacional con el sector de Villa Duarte, perteneciente al municipio Santo Domingo Este.
El presidente de EE.UU., Donald Trump, ha enviado este viernes, día en el que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, una carta a los legisladores asegurando que la guerra con Irán ha «concluido».
El documento, obtenido por el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo Trump requiera de la aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar.
«No ha habido intercambio de fuego entre EE.UU. e Irán desde el 7 de abril de 2026», escribe Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en la mencionada fecha y que el republicano extendió de manera unilateral y de manera indefinida la semana pasada.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump han asegurado en los últimos dos días que el alto el fuego pone el contador a cero en lo que respecta a ese permiso que estipula la ley de Poderes de Guerra.
La norma obliga a que el Congreso apruebe – siempre que el Legislativo no haya declarado o autorizado ya la guerra o que EE.UU. no haya sido atacado directamente- mantener las tropas antes de que se cumplan 60 días de iniciado el conflicto.
Trump sugirió hoy además que la ley, aprobada en 1973 en las postrimerías de la guerra de Vietnam, podría ser inconstitucional y puntualizó que ningún Gobierno estadounidense ha apelado desde entonces al Congreso para mantener una operación en el exterior activa.
«Hay algunas personas que la consideran inconstitucional», dijo sobre la ley. «Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (…) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?», indicó el presidente a periodistas en la Casa Blanca.
El plazo de 60 días teóricamente se cumple según establecieron legisladores, en su mayoría demócratas, a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por el republicano el pasado 2 de marzo, dos días después de que EE.UU. e Israel lanzaran sus ataques contra Irán.
La Dirección General de Migración (DGM) informó que, en los meses enero-abril del año 2026, han sido deportados 126,790 extranjeros en condición migratoria irregular, de los cuales 27,540 corresponden al mes de abril, acciones que se ejecutan cumpliendo las normativas vigentes en materia de control migratorio en República Dominicana.
Del total de deportados, durante el período indicado, los extranjeros en condición migratoria irregular han sido procesados en los centros migratorios y puntos de control fronterizo como se detalla a continuación: en Haina 37,196; Santiago 6,581; Dajabón 40,357; Elías Piña 20,415; Jimaní 14,919 y en Pedernales, 7,322.
Durante los operativos de interdicción del mes de abril, los Agentes de Reacción Rápida (ARR) de la institución aprehendieron a 19,920 personas, los demás fueron entregados por miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía: Ejército 4,922; el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza Terrestre del Ministerio de Defensa (CESFRONT) 2,183 y agentes de la Policía Nacional 517.
Con relación a los operativos de interdicción realizados este jueves 30 de abril, la DGM informa la detención de 954 indocumentados y deportación de 953, por los principales puntos de control fronterizo, en operaciones donde los agentes de Migración realizaron el 75.5% de las aprehensiones (721 casos).
Por Elías Piña retornaron a su país de origen 462 personas que fueron procesadas, lo que equivale a un 48.5% de las deportaciones totales del día; desde Dajabón salieron hacia Haití 199 (20.9%), Jimaní 185 (19.4%) y Pedernales 107 (11.2%).
En el Gran Santo Domingo se detuvieron 117 personas en Los Minas, Villa Mella, Arroyo Hondo y Herrera.
Se registraron 50 interdicciones en la provincia de Puerto Plata, 39 detenciones en Espaillat (San Víctor, Juan López, Canca y La Reyna). En Santiago de los Caballeros se reportaron 25 casos y en el bloque La Vega, Duarte y Bonao, 66.
En Elías Piña se reportaron 89 personas detenidas; en San Juan de la Maguana 61, en Pedernales sumaron 107 detenciones.
En Barahona hubo 30 casos (Ojeda, Los Blancos, Los Patos, Paraíso, Enriquillo y El Arroyo), en Bahoruco 10 (municipios Neiba, Galván y Villa Jaragua); en Azua, Peravia y San José de Ocoa 27; en Mao y Santiago Rodríguez se reportaron 44 casos.
En el Este, en La Altagracia, La Romana y San Pedro de Macorís sumaron 41 detenciones; mientras que, en Hato Mayor y El Seibo, se reportaron 15.
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Un hombre fue condenado a 20 años de prisión, por quitarle la vida a su pareja sentimental, en un hecho ocurrido el pasado 31 de agosto de 2024 en Monte Plata.
La condena fue dictada en contra de Anastacio Hernández Pascual (Pindo) por haber provocado la muerte a Elaine Esther Andújar, a quien produjo heridas contundentes de arma blanca en la cabeza.
El Ministerio Público, representado por el procurador fiscal José del Carmen García Hernández, demostró ante el tribunal, que el hoy sentenciado violó las disposiciones de los artículos 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
El expediente indica que el imputado fue arrestado en flagrante delito por miembros de la Policía Nacional, en el sector Pueblo Nuevo Debajo, de Sabana Grande de Boyá, luego de propinarle tres heridas en el cráneo a la víctima con un arma blanca tipo mocha, que provocaron lesión de cuero cabelludo y pericráneo.
También, fractura del hueso temporal, frontal y occipital izquierdo, así como contusión y hemorragia de masa temporal, conllevando a conmoción y anoxia cerebral como mecanismo terminal de la muerte.
Detalla que los daños ocasionados se consideran heridas de naturaleza esencialmente mortal, según el informe de autopsia núm SD-A-0876-2024.
El Tribunal Colegiado de Monte Plata, integrado por las juezas Hilda Nieves Sánchez Luna, Johanna Giselle Reyes Moquete y Carmen Daniela Araujo Rivas, estableció que la pena deberá ser cumplida por el procesado en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras.
Otros tres miembros de la estructura de microtráfico que lidera alias “El Cojo” fueron capturados mediante operativos de inteligencia e interdicción, ejecutados en el municipio de Guayubin, provincia de Montecristi, con un arma de fuego, drogas y otras evidencias, utilizadas para sus actividades ilícitas.
Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público, dentro del reforzamiento de las operaciones contra el microtráfico, intervinieron en la calle proyecto del sector el Pocito, donde según informes varios hombres estaban operando un punto de venta de sustancias narcóticas.
Tras incursionar en el lugar, los individuos intentaron escapar de la persecución sin lograr su objetivo. Durante la intervención las unidades operativas incautaron 365 gramos de un polvo blanco presumiblemente cocaína, 73 dosis de marihuana, un arma de fuego (Tipo Sub-Fusil), marca Luger, con su cargador y varias cápsulas, una balanza, celulares y dinero en efectivo.
Los detenidos son el haitiano Jimmy Gomez, Wilson Perez y Luis Alberys Solis, quienes según informes son parte de la estructura de microtráfico que lidera Alias “El Cojo”, quien es buscado activamente por las autoridades.
Recientemente las autoridades, habían capturado en Montecristi, en allanamientos simultáneos a los reconocidos distribuidores de drogas apodados “Tolete”, “El Chavo” y “El Gordo” a quienes les ocupó drogas, un arma de fuego y otras evidencias.
La Policía Nacional, a través de su Dirección Central de Inteligencia (DINTEL), desarticuló una estructura que operaba de manera clandestina presuntamente dedicada a estafas cibernéticas, durante un operativo realizado en la avenida Konrad Adenauer, en Santo Domingo Norte, donde resultaron detenidas 25 personas.
La intervención, ejecutada de manera conjunta con el Ministerio Público, se efectuó en cumplimiento de la orden de allanamiento No. 2026-AJ0031799, tras labores de inteligencia que evidenciaron el funcionamiento irregular del establecimiento, el cual no contaba con registro mercantil ni habilitación legal para operar.
Durante la operación fueron ocupados 23 computadoras portátiles, 33 teléfonos móviles, 21 audífonos, 27 cargadores, 20 dispositivos tipo mouse, dos pizarras, un router satelital Starlink Mesh Wi-Fi (modelo UTR-211) y dos routers adicionales, equipos presuntamente utilizados para la ejecución de actividades ilícitas en el entorno digital.
Asimismo, las autoridades retuvieron seis vehículos vinculados a la operación, mientras que entre los detenidos figuran José Manuel Casilla, Pedro Luis Trinidad, Manuel Arnulfo Polanco Santos, Carlos Javier Pérez e Isaac Carreño Brito, identificados preliminarmente como presuntos coordinadores de la estructura.
Los detenidos y las evidencias fueron puestos bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes, en tanto la Policía Nacional amplía las investigaciones a los fines de determinar el alcance total de la red y posibles conexiones adicionales.
El Ministerio Público, a través de la Dirección General de Persecución, sometió a la justicia y solicitó la imposición de prisión preventiva, como medida de coerción, contra un hombre que, haciéndose pasar por abogado y fiscal en ejercicio, estafó a varias personas.
El imputado Enercido Amaurys Heredia González, quien enfrenta cargos por estafa, usurpación de funciones y crímenes y delitos de alta tecnología, fue arrestado en flagrante delito dentro de las propias instalaciones del Ministerio Público, en plena ejecución del esquema fraudulento.
Durante las pesquisas han sido identificadas al menos cuatro víctimas directas, con perjuicio económico acreditado que ascienden a decenas de miles de pesos dominicanos, además de una extorsión tentada de RD$150 mil.
En la instancia depositada ante la Oficina Coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, el Ministerio Público establece que inició una investigación contra el imputado Heredia González que determinó que, durante al menos los últimos dos años, de manera sistemática y deliberada, operó un esquema delictivo de suplantación de identidad, estafa, chantaje y extorsión.
Indica que para cometer el hecho delictivo se hacía pasar ante sus víctimas como abogado habilitado, condición que no posee, según certificación de la Secretaría General del Ministerio Público y verificación ante una universidad, y como fiscal en ejercicio del Ministerio Público.
Refiere que, valiéndose de un número de WhatsApp, configurado con el logo oficial del Ministerio Público, como foto de perfil, remitía citaciones falsas a sus víctimas involucrándolas en supuestos casos de homicidio, con el propósito de cobrarles honorarios anticipados por representación jurídica inexistente y, en los casos más graves, extorsionarlas bajo amenaza de arresto inminente.
En el proceso de investigación se ha establecido que Heredia González figura como estudiante activo de la carrera de Derecho en un centro universitario, sin título profesional. Durante un registro de persona le fue ocupado al imputado el carné de estudiante de la referida universidad.
A las víctimas, personas que conocía, le informaba que se había convertido en abogado, poniéndose a su disposición. Para cometer los hechos le hacía promesa de gestionarle asuntos jurídicos por cuales cobraba sumas en pesos y dólares. Algunas de las víctimas recibieron mensajes vía WhatsApp donde eran citadas por supuesta vinculación con hechos criminales.
El imputado también se ofreció como abogado defensor de una de las víctimas ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y negoció honorarios que redujo de RD$300,000.00 hasta RD$40,000.00, solicitando RD$10,000.00 de anticipo.
El pasado 29 de abril de 2026, a las 09:03 de la mañana, el imputado se presentó con la víctima al edificio de la sede central del Ministerio Público, insistiendo en cobrar el saldo restante y mencionando detalles personales del entorno familiar de la víctima como instrumento de presión.
Momentos después, al preguntar la víctima en la recepción por un supuesto fiscal, la secretaria confirmó que no existía. El procurador fiscal, Miguel J. Collado García, quien se encontraba en la oficina, al percatarse de que el imputado Heredia González se encontraba estafando y presionando a la víctima con una citación falsa a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), procedió al arresto en flagrante al imputado en las citadas instalaciones del Ministerio Público.
La solicitud está sustentada con distintas pruebas documentales, materiales y procesales, incluyendo el carnet de estudiante de la carrera de Derecho.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a los artículos 405 y 258 del Código Penal Dominicano, que sancionan la estafa y la usurpación de funciones públicas, así como a los artículos 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
El director general de Presupuestos, José Rijo Prevot, anunció que el gobierno ha dispuesto medidas de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a los 40 mil millones de pesos, partiendo del principio de que todo lo comprometido bajo contrato se mantendrá.
Las medidas incluyen reducción de gastos operacionales, contención en compra de vehículos, reducción de reparaciones y mantenimientos, limitación de eventos, ajustes en publicidad, reducción de viáticos y pasajes, y ajuste en combustible.
Además, se implementará una reducción verificable de las transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas que pueden generar sus propios recursos.
Centrales sindicales aprovecharon el Día del Trabajador para advertir a los legisladores que la cesantía no puede retroceder, pese a que la Cámara de Diputados ya validó la reforma laboral sin tocar este derecho.
Los dirigentes amenazaron con la magnitud de las concentraciones si se intenta violentar lo acordado en comisión, señalando que el presidente Luis Abinader ha dicho que no intervendrá el tema de la cesantía.
La comisión de la Cámara de Diputados concluyó sin aprobar el retroceso, y se espera que el nuevo código de trabajo sea aprobado en esta legislatura, dotando al país de una legislación moderna que represente los intereses de esta época donde el trabajo ha cambiado.
