Las altas facturaciones eléctricas en Puerto Plata han causado indignación en muchas familias, pues no aceptan la cantidad fuerte de dinero que tienen que pagar. Es por eso que realizaron una protesta, prendiendo fuego en las calles de diferentes zonas para que su voz sea escuchada. Se espera que las autoridades competentes realicen las modificaciones correspondientes.
Padres de Familia cierran escuela por estar desacuerdo con la suspensión de dos maestras, las cuales realizan un buen trabajo hacia los niños. Muchos se apersonaron al Centro Educativo para ponerle un candado en la puerta. También están exigiendo que se brinden las reparaciones necesarias, pues las aulas y los baños en donde estarán los alumnos se encuentran en pésimas condiciones.
Sujeto involucrado en una red criminal que se dedicaba a la distribución del medicamento fentanilo es arrestado. El Ministerio Público también ha sido denunciando al hombre identificado como Alberto López por lavado de activos y pornografía infantil, casos que serán investigados con el pasar de los día. El abogado del acuso no quiso brindar más declaraciones sobre su defendido.
Grupo de la Unión Nacional de Transportistas denuncian verse afectados en el área laboral por la cantidad de haitianos que se encuentran en el país. Esto se debe a que la migración cada vez es más fuerte y lamentablemente muchos no están de acuerdo. La mano de obra de los dominicanos no está siendo valorada, pues prefieren pagar menos a los migrantes que llegan de Haití.
Una mujer de descendencia haitiana fue arrestada en Santiago por las autoridades de migraciones, debido a que se encontraba de manera ilegal en el país. Ella atinó a pedir ayuda, debido a que sus menores hijos se encontraban en la escuela y tiene una madre de la tercera edad muy enferma. Muchas espectadores le pidieron a las autoridades que le den tiempo, sin embargo, no fue así.
Corrupción, terrorismo y sabotaje son parte de los cargos que la Procuraduría General de la República le levantó a Hugo Beras Goico, José Ángel “Jochy” Gómez Canaán y cuatro personas más vinculadas al escándalo de la empresa Transcore Latam con el Intrant.
Así lo establece la orden de arresto solicitada por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), a Fátima Scarlette Veloz Suárez, Jueza titular del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, adscrito a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Entre los hechos objeto de la imputación se encuentran el contrato, que el Ministerio Público tilda de fraudulento, para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo, así como un contrato «ilegal» con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix firmado el 23 de junio del 2020, utilizado «para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto», afirmó.
Cargos detallados contra los imputados:
-Corrupción administrativa, prevista en el artículo 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana.
-Coalición de funcionarios, según los artículos 123 y 124 del Código Penal.
-Uso indebido de documentos privados (artículos 147, 150, 151).
-Desfalco y estafa en perjuicio del Estado (artículos 171, 172, 405).
-Asociación de malhechores (artículos 265, 266 del Código Penal).
-Sabotaje y robo de identidad, en virtud de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
-Contrabando, según la Ley 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito.
-Lavado de activos y financiamiento del terrorismo, conforme a la Ley 155-17.
-Actos de terrorismo, en base a la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
De acuerdo con la orden de arresto esta trama se origino en el 2017 cuando Jochy Gómez fue beneficiado con diversos contratos del Estado, incluyendo el otorgado a la empresa Dekolor S.R.L…
Por dicho contrato el empresario recibió la suma de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una.
“Es justo señalar que el origen de esta trama se remonta a 2017, cuando José Ángel Gómez Canaán (Jochy) fue beneficiado con diversos contratos del Estado, incluyendo el otorgado a la empresa Dekolor S.R.L., de la cual es co-gerente junto con Rogelio Ramón Oruña Aguilar. Dekolor ha recibido más de RD$ 4,655 millones por la emisión de licencias de conducir, cobrando RD$ 805.69 por cada una”, dijo la Pepca en la orden de detención.
De igual forma estableció que: “En 2020, José Ángel Gómez Canaán (Jochy) también se benefició de un contrato ilegal, consistente en un «Acuerdo de Colaboración» entre el Ministerio de Defensa y su empresa AURIX S.A.S., aunque este contrato no figura registrado oficialmente”.
Junto a Hugo Beras y Jochi Gómez se encuentran detenidos Frank Díaz, Asistente de Hugo Beras; Samuel Gregorio Sepúlveda, exdirector de tecnologia del Intrant. También Juan Francisco Álvarez Carbuccia, exdirector administrativo y financiero del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez. El mismo propietario de la empresa Transcore Latam; y Carlos José Peguero Vargas.
Se recuerda que el 9 de noviembre el entonces director ejecutivo del Intrant, Hugo Beras, solicitó al presidente Luis Abinader una licencia sin disfrute de sueldo, a raíz de nuevas informaciones sobre el proceso de ejecución del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Las fuerzas de seguridad de Argentina detuvieron al dominicano Peter Francis Kennedy, quien tenía pedido de captura internacional solicitada por la Justicia de Colombia por los delitos de pedofilia y zoofilia, según informaron este jueves fuentes oficiales.
Kennedy, de 63 años y quien quedó detenido después de ser capturado en la vía pública en el barrio capitalino de Belgrano, es requerido por el Juzgado Municipal Penal de Cali, del departamento del Valle del Cauca, en el suroeste de Colombia.
La Justicia colombiana determinó que Kennedy es responsable de los sucesos ocurridos durante 2022 en Cali, donde alquiló diferentes apartamentos en un edificio de la Avenida de las Américas, para llevar a niños, niñas y adolescentes, a cambio de dinero, para abusarlos sexualmente.
Asimismo, se comprobó que el fugitivo mantenía relaciones sexuales con animales y sometía a actos zoofílicos a los menores de edad.
En el marco del intercambio de información con Interpol Colombia, las fuerzas de seguridad argentinas determinaron que Kennedy registraba varios ingresos a Argentina y que declaraba diferentes domicilios en la capital de la provincia de Córdoba (centro).
Se comprobó que el fugitivo había contraído matrimonio con una mujer muy menor a él e inmediatamente solicitó la radicación en Argentina, por lo que los efectivos de Interpol dedujeron que en ese matrimonio no existía lazo afectivo, sino que fue una vía rápida para lograr la ciudadanía.
Los detectives constataron que antes de publicarse su captura internacional, Kennedy voló rumbo a la ciudad brasilera de Fortaleza, con escala en la ciudad de San Pablo, y se determinó que a comienzos de septiembre viajó rumbo a Foz de Iguazú, donde habría adquirido una identidad falsa, con la que posteriormente ingresó a Argentina.
Luego de arduas tareas de inteligencia criminal, los policías establecieron que Kennedy realizaría una transacción en una escribanía situada sobre la calle Rodríguez Peña, en Buenos Aires, y mediante tareas de geolocalización de su teléfono celular, lo capturaron en la calle Mendoza al 1700, en el barrio chino de Belgrano.
El huracán Helene ha dejado una trágica estela de destrucción en el sureste de Estados Unidos, con un saldo devastador de al menos 200 personas fallecidas. Todavía hay personas desaparecidas y las labores de búsqueda continúan en las áreas más afectadas.
La Casa Blanca, en respuesta, ha activado una operación a gran escala para atender a las víctimas del desastre. El presidente Joe Biden visitará Florida y Georgia para evaluar los daños y coordinar el apoyo federal. Además, aprobó asistencia federal para las zonas más afectadas.
Biden comentó al sobrevolar los estados afectados que “se pueden ver casas que han sido movidas claramente de un lado del río al otro, convertidas en pilas de escombros”.
El impacto del huracán se ha concentrado con especial fuerza en Carolina del Norte, donde los servicios y la infraestructura han sido severamente golpeados. Patch aportó que en esta región, específicamente en el condado de Buncombe, al menos 61 residentes han perdido la vida. El apoyo humanitario sigue llegando, con la Guardia Nacional desplegando suministros vitales a las zonas más aisladas.
La situación es crítica, pues cerca de un millón de personas continúan sin suministro eléctrico en los estados sureños. PowerOutage.us informó que solo en Carolina del Sur hay 379.000 clientes sin servicio, seguido por Carolina del Norte y Georgia que cuentan con aproximadamente 292.000 y 250.000 damnificados, respectivamente.
Este evento ha dejado a comunidades enteras en una situación tanto de aislamiento como carencia, mientras funcionarios gubernamentales piden a la población que conserve agua, en particular en los lugares bajo órdenes de hervirla.
“Los soldados acelerarán la entrega de suministros vitales de alimentos, agua y medicamentos a comunidades aisladas de Carolina del Norte; tienen la mano de obra y las capacidades logísticas para realizar esta tarea vital, y rápidamente. Se unirán a cientos de miembros de la Guardia Nacional desplegados bajo las autoridades estatales en apoyo de la respuesta”, dijo Biden en un comunicado.
En comparación con otros desastres, Helene emerge como una de las tormentas más mortíferas en la historia reciente de Estados Unidos, posicionándose como la segunda después de Katrina. USA Today también advierte sobre estudios que estiman que las consecuencias fatales de Helene podrían incrementarse con el tiempo.
Con la llegada inminente del huracán Kirk, con proyecciones hacia la costa este del país, las autoridades mantienen un seguimiento de los patrones climáticos. El Centro Nacional de Huracanes advirtió sobre la posibilidad de olas peligrosamente altas a lo largo de esta región para el fin de semana, lo que representa un nuevo desafío para las ya afectadas comunidades costeras.
El presidente Luis Abinader reafirmó este jueves su compromiso con un gobierno abierto, transparente y accesible para el fortalecimiento de la democracia y la confianza de la ciudadanía en sus instituciones.
“Reafirmo nuestro compromiso con un gobierno que actúe con la máxima transparencia y que siempre esté a la altura de las expectativas de nuestros pueblos. Juntos podemos construir un país donde cada dominicano se sienta orgulloso de su gobierno y de su participación en la vida pública”.
Al pronunciar sus palabras en el acto de presentación del V Plan de Acción de Gobierno Abierto de la República Dominicana, el mandatario enfatizó que la información sobre la gestión pública es un derecho de todos los ciudadanos y que el gobierno debe ser responsable de garantizar que dicha información esté al alcance de todos.
«Cada dominicano tiene el derecho de saber cómo se administran sus recursos», afirmó el presidente Abinader, resaltando que la transparencia fomenta la participación activa de la ciudadanía y fortalece el diálogo entre el gobierno y los ciudadanos.
El gobernante subrayó que la confianza de la ciudadanía es el pilar que sostiene el sistema democrático y que sin transparencia se pone en riesgo la posibilidad de construir una sociedad justa y equitativa.
El jefe de Estado aseguró que a través de plataformas digitales están dando pasos firmes hacia un gobierno más abierto, fortaleciendo la comunicación y facilitando el acceso a la información.
Entre las medidas mencionadas, destacó la creación, por primera vez en la República Dominicana, del Foro Multiactor de Gobierno Abierto, una plataforma destinada a coordinar y facilitar la formulación de los planes nacionales de acción ante la Alianza para el Gobierno Abierto.
De su lado la directora de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), Milagros Ortiz Bosch, enfatizó que «la ética en la administración pública no solo es un compromiso, sino una obligación que deben cumplir todos los servidores del Estado».
Resaltó que la Digeig trabaja incansablemente para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a la información en formato abierto y reutilizable que les permita estar al tanto sobre cómo se manejan los recursos públicos, y que además puedan participar en los procesos para así seguir construyendo la gobernanza.
Asistieron al acto, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos; el ministro administrativo de la Presidencia, Andrés Bautista; de Obras Públicas, Deligne Ascensión; de Salud, Víctor Atallah; de la Mujer, Mayra Jiménez; de la Juventud, Carlos Valdez; de Economía, Pável Isa Contreras, y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa, además del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, entre otros.
Los miembros del Consejo Presidencial de Transición (CPT) de Haití, Louis Gerald Gilles, Smith Augustin y Emmanuel Vertilaires deben ser procesados por abuso de sus funciones, pago de sobornos y corrupción pasiva, recomendó la Unidad de Lucha contra la Corrupción (ULCC) en un informe dado a conocer este miércoles en una rueda de prensa.
La ULCC, organismo estatal que investiga los casos de corrupción en el país, exige que «se ponga en marcha la acción pública».
La recomendación se basa en las disposiciones de la Ley del 12 de marzo de 2014 sobre la prevención y la represión de la corrupción en Haití.
Este informe trata sobre las investigaciones acerca de que estos tres miembros del Consejo Presidencial (CPT) supuestamente solicitaron 100 millones de gourdes (unos 759.700 dólares) para influir en la reelección de Raoul Pascal Pierre-Louis como presidente del estatal Consejo de Administración del Banco Nacional de Crédito (BNC).
En las conclusiones de su investigación, la ULCC exige que también se emprendan acciones públicas contra Raoul Pierre-Louis, antiguo presidente del BNC, por obstrucción a la Justicia, y que sea extraditado a Haití. Pierre-Louis se encuentra en paradero desconocido, según las investigaciones.
Como resultado de este informe, los tres consejeros presidenciales imputados corren el riesgo de perder sus puestos en el Consejo Presidencial.
El segmento de migración de AN7 Meridiano también recibe preguntas de los televidentes, las cuales fueron respondidas por nuestra especialista.
En busca de preservar el orden y la seguridad en todo en territorio nacional, en el marco de distintos enfrentamientos, incidentes, violencia y hasta manifestaciones por parte de ciudadanos haitianos; la gestión liderada por Luis Abinader presentó una serie de medidas que aplicará la expulsión semanal de los extranjeros ilegales.
Agujeros en la vía, basura, y hasta charcos de agua producto de presuntas fugas y tuberías dañadas; son solo algunas de las muestras del completo deterioro y abandono que tienen las calles del mencionado sector. Una situación que preocupa e indigna a los vecinos.
Los nombramientos ausentes de 14 profesores en el mencionado centro educativo, han provocado que las distintas clases no sean impartidas y con ello los menores resulten afectados. En medio de esta problemática, los padres de familia han hecho la respectiva denuncia.
El Ministerio Público incorporó como prueba, ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, un informe de investigación especial realizado por la Contraloría General de la República, que revela irregularidades en pagos por más de RD$310 millones, vinculados a procesos de compras ejecutados durante la gestión de Wilfredo Lorenzo (Freddy) Hidalgo Núñez como ministro de Salud Pública en 2013.
Según el fiscal Ernesto Guzmán Alberto, de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), la liberación de estos pagos se logró mediante una solicitud de dispensa dirigida al excontralor general de la República, Rafael Germosén, por el Dr. Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública, la cual careció de la legalidad necesaria.
Durante la audiencia, el auditor Amisael Félix Vicioso, quien lideró la investigación, testificó que “toda liberación de pago debe estar firmada por el contralor general de la República”.
Indicó que las 25 órdenes de compra revisadas, vinculadas a medicamentos de alto costo e insumos adquiridos para la Semana Santa de 2013, no cumplían con la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones ni con su reglamento de aplicación.
Entre los hallazgos, Félix Vicioso identificó irregularidades como la falta de publicación, la autorización de compras con fecha posterior a la recepción de las ofertas, y coincidencia entre la fecha de solicitud de cotización y la fecha límite para entregar la oferta.
También destacó que, además, de no haber cumplido con el proceso de compras y contrataciones, no le fueron realizados contratos a los mismos.
Respecto a los pagos, el auditor señaló que hubo irregularidades vinculadas a la violación de la Ley 340-06, a pesar de lo cual se pagaron más de RD$310 millones, de los cuales más de RD$260 millones estaban destinados a la compra de medicamentos de alto costo y más de RD$49 a la adquisición de kits y material gastable para Semana Santa 2013.
Mencionó a las empresas General Medical Solution A.M., S.R.L. y Domedical Supply S.R.L., ambas vinculadas al acusado Alexis Medina Sánchez, como beneficiarias de algunos de estos pagos.
Por su parte, la auditora Rosa Iris Fanis, de la Contraloría General de la República, quien investigó las 25 órdenes de pago, los procesos de compra carecían de la publicación en periódicos y de actas de adjudicación, y que el proceso de compra, realizado bajo la modalidad de urgencia, incumplió varios requisitos legales.
“Faltaba el informe pericial, se omitió el plazo establecido entre la convocatoria y la licitación, y hubo incongruencias en la compra”, afirmó.
Fanis subrayó que, conforme a la ley, la resolución que autoriza una compra de urgencia debe contar con un informe pericial previo que la justifique, lo cual no ocurrió.
Explicó que la solicitud de dispensa es una excepción para omitir ciertos requisitos cuando hay un pago pendiente, y en este caso, el Dr. Freddy Hidalgo solicitó dicha dispensa al entonces contralor Rafael Germosén.
Sin embargo, la auditoría concluyó que los procesos no eran subsanables: “El proceso de urgencia no cumplió con los requerimientos de la ley”, estableció.
La testigo Carmen Magalys Baltazar Carpio, quien trabajó en la Consultoría Jurídica del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), también fue presentada. Baltazar Carpio elaboró un informe legal en octubre de 2013 en ocasión de una licitación pública para la compra de medicamentos para enfermedades catastróficas.
Según su testimonio, “algunas empresas ni siquiera calificaban”, y mencionó que General Medical Solution A.M., S.R.L. no contaba con la autorización del fabricante del medicamento de alto costo, lo que hizo constar en su informe.
Finalmente, la abogada Katherine Josefina Belén Peña, actual analista de verificación en la División de Verificación y Fiscalización de la Cámara de Cuentas, fue presentada para incorporar los informes de fiscalización patrimonial realizados al Dr. Freddy Hidalgo y a Rafael Germosén.
Ambos están involucrados en el esquema de corrupción desmantelado mediante la Operación Antipulpo que, según la acusación, permitió a la red encabezada por Alexis Medina desviar más de RD$4,500 millones del Estado.
El tribunal presidido por la jueza Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Yissell Soto y Clara Sobeida Castillo, recesó la audiencia hasta el próximo lunes 7 de octubre, a las 9:00 de la mañana, cuando la barra de la defensa continuará con el contrainterrogatorio de Belén Peña.
El Ministerio Público puso en marcha este miércoles la Operación Camaleón con la que arrestó a siete personas a las que, en las próximas horas, se les solicitará medida de coerción, imputados de pertenecer a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Los imputados permanecen arrestados en el Centro de Atención de Privación de Libertad de la Fiscalía del Distrito Nacional.
Durante la Operación, desplegada en la noche del 2 de octubre del 2024, se allanaron residencias y empresas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este, San Cristóbal y Punta Cana. En estos operativos participaron, aproximadamente, 170 efectivos de la Policía Nacional, Unidades Especiales y más de 30 fiscales especializados contra el crimen organizado.
Durante los allanamientos se ocuparon cientos de evidencias que confirman las imputaciones del Ministerio Público, que los ha calificado como unos de las “Más exitosas de sus operaciones contra el crimen organizado, al punto que el procesamiento de las evidencias en algunos de ellos se prolongó por más de 12 horas”.
Entre los hechos objetos de la imputación se encuentran el contrato fraudulento para la modernización del sistema de semaforización del Gran Santo Domingo; el contrato ilegal con el Ministerio de Defensa y la empresa Aurix, de fecha 23 de junio del 2020, utilizado para usurpar funciones propias de los organismos de inteligencia, seguridad y defensa del Estado y el sabotaje ocurrido en contra de la red semafórica en el mes de agosto.
Haití pidió este jueves a República Dominicana respetar los derechos de los inmigrantes haitianos, un día después de que el Gobierno del vecino país anunciara que deportará hasta 10.000 indocumentados por semana.
Tras «tomar nota» de la decisión, que calificó de «lamentable», la ministra haitiana de Exteriores, Dominique Dupuy, llamó al Gobierno dominicano a través de un mensaje en X «a respetar los derechos inalienables de cada niño, cada mujer y cada hombre» objeto de esta acción, que afectará mayoritariamente a los inmigrantes haitianos.
En ese sentido, aseguró que fortalecerán las capacidades de la misión diplomática y las oficinas consulares de Haití en territorio dominicano «para atender adecuadamente» a sus conciudadanos.
Asimismo, anunció próximas reuniones con organizaciones de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en la zona fronteriza para definir una estrategia de apoyo a las personas afectadas.
El Gobierno de República Dominicana anunció el miércoles que repatriará a hasta 10.000 indocumentados por semana con el objetivo de «reducir el exceso de población migrante que se percibe en las comunidades dominicanas».
Según indicó el portavoz de la Presidencia dominicano, Homero Figueroa, tras finalizar una reunión del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional, el operativo se llevará a cabo «bajo estrictos protocolos que aseguren el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los repatriados».
Figueroa señaló que, a pesar del respaldo internacional y la presencia de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad para Haití, liderada por Kenia, «los resultados hasta ahora han sido limitados y el proceso avanza con lentitud».
«Ante esta realidad, nos vemos obligados a actuar de manera decidida y responsable para garantizar la seguridad y estabilidad de nuestro país», subrayó.
En su discurso la semana pasada ante la Asamblea General de la ONU, el presidente dominicano, Luis Abinader, dijo que la inestabilidad en el país vecino «ha generado una presión significativa» sobre la seguridad de República Dominicana, donde viven más de medio millón de haitianos, de acuerdo con distintas fuentes.
Según la Dirección General de Migración de República Dominicana, en el primer semestre del año se deportó a sus países a 67.844 extranjeros, de ellos la inmensa mayoría haitianos (66.227).
Por su parte, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) informó a mediados de julio de que unos 86.000 haitianos habían sido «devueltos a la fuerza» a su país en lo que iba de año desde naciones vecinas, sin especificar cuáles.
Pese a las críticas por los retornos forzosos a Haití y los llamamientos desde múltiples instancias a parar las deportaciones ante la crisis y la inseguridad en ese país, el año pasado 216.000 haitianos fueron deportados desde Estados vecinos, de acuerdo con el informe de 2023 de esa agencia de Naciones Unidas.
Incautan dos vehículos, un celular y varias memorias al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, durante el allanamiento en su residencia la noche de ayer, según informó su abogada Laura Acosta.
Beras permanece detenido en la carcelita del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva donde fue trasladado la madrugada de este jueves.
Acosta afirmó que a su cliente se violaron sus derechos fundamentales desde el primer momento del procedimiento y que aún desconoce los motivos de su detención.
La jurista cuestionó el hecho de que al momento de su detención del ex director del Intrant el MP, le leyó varios artículos del código penal.
La abogada resaltó la falta de comunicación y el cierre de puertas por parte de las autoridades judiciales, lo que, según ella, evidencia un proceso judicial viciado y carente de transparencia. “Hay irregularidades en el manejo del proceso judicial de mi cliente que no podemos pasar por alto”, subrayó Acosta.
La abogada informó que su cliente está siendo investigado de manera preliminar, por el ministerio público por varios delitos, entre ellos corrupción, coalición de funcionarios, uso de documentos privados, desfalco, asociación de malhechores, sabotaje, robo de identidad, crímenes contra la nación, contrabando y lavado de activos.
Beras está siendo investigado por el escándalo surgido luego de que la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) detectó irregularidades en el contrato entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y la empresa Transcore Latam, SRL, para la instalación del sistema semafórico del Gran Santo Domingo.
Acosta expresó que su defendido se encuentra tranquilo, aunque preocupado por sus hijos, especialmente por los más pequeños, quienes presenciaron el allanamiento y su arresto.
El allanamiento y la detención de Hugo Beras ocurrieron horas después de que este emitiera declaraciones sobre el caso de la empresa Transcore Latam, SRL y las irregularidades en la licitación para la modernización, ampliación, supervisión y gestión del Sistema Integral del Centro de Control de Tráfico. y la Red Semafórica del Gran Santo Domingo.
Miembros de la Policía Nacional detienen a dos personas y el decomiso de varias motocicletas y otros objetos en el Repuesto Joselo Gomas, ubicado en la calle principal del sector La Gloria, Santiago Oeste.
La intervención tenía como objetivo localizar motocicletas y piezas de origen dudoso, luego de que el conocido delincuente José Luis Polanco Castro (alias Monal), de 37 años, actualmente en prisión preventiva por robo de motocicletas, señalara dicho taller como el lugar donde vendía las motocicletas robadas.
En el lugar fueron incautadas tres motocicletas, cinco motores de motocicletas, dos tabletas, ocho celulares de diferentes marcas, 27 matrículas de motocicletas, 11 placas, 14 cédulas de identidad y dos licencias de conducir categoría 01.
Los detenidos fueron identificados como Estarlin Bienemi (alias Sande), haitiano, de 29 años, indocumentado, y Juan Manuel Guerra Vargas (alias Monchy), dominicano de 43 años, ambos residentes en Cienfuegos, Santiago de los Caballeros.
Al ser interrogados, los detenidos señalaron que el propietario del negocio es una persona conocida como Juan, quien no se encontraba presente en el momento del allanamiento.
Este operativo es parte del trabajo continuo, eficaz y oportuno de la Policía Nacional para combatir los actos ilícitos en la provincia.
Los objetos ocupados y los detenidos están bajo custodia policial y serán remitidos al Ministerio Público para los fines legales correspondientes.
Hoy arribó a República Dominicana el vuelo humanitario de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que enviaron al Líbano para evacuar a los colombianos que se encuentran en el país del Oriente Próximo donde el Estado de Israel realiza una intervención militar contra el grupo yihadista Hezbolá.
”El vuelo de la @FuerzaAereaCol que trae de regreso 144 compatriotas evacuados de Beirut aterrizó esta madrugada en Punta Cana (República Dominicana) (sic)”, informó en su cuenta oficial de la red social X.
El vicecanciller colombiano, además, anunció que en el transcurso de este jueves estará llegando a la capital colombiana.
“Antes del medio día llegará al aeropuerto CATAM en Bogotá donde serán recibidos por la @CancilleriaCol (sic)”, detalló Rojas en la misma red social.
Aunque se esperaba su aterrizaje en el territorio nacional en la mañana de este jueves, fue necesario que tuvieran que llegar primero a Portugal en la tarde del miércoles, según informaron en la misma FAC.
“Nuestros compatriotas están cada vez más cerca de casa. El vuelo FAC 1219 realizó una escala técnica en Lisboa para continuar el viaje rumbo a #Bogotá. Muy pronto, el cielo Colombiano los recibirá (sic)”, informaron en X.
En el vuelo, según informaron en la Fuerza Aérea, entre los connacionales evacuados, están tres bebés de brazos y dos perros.
Se debe recordar que fue el mismo presidente de la República, Gustavo Petro, quien anunció la operación humanitaria durante su participación en la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) el martes 24 de septiembre. Donde también señaló que además del retorno de los colombianos, se enviarán ayudas para los civiles libaneses afectados por la incursión israelí.
“La colombianidad en el Líbano será protegida por nuestros servicios diplomáticos. Irá avión a recoger a quienes quieran regresar a Colombia”, afirmó en X durante esa ocasión.
Precisamente, el mismo vicecanciller recordó que el jefe de Estado y el Ministro de Relaciones Exteriores, Luis Gilberto Murillo, han estado al frente de la evacuación de los colombianos que estaban en el país árabe.
A mediados de septiembre, Israel ha llevado a cabo una intervención militar sin precedentes en Líbano contra objetivos de Hezbolá.
Al principio, los ataques fueron precisos, dirigidos a miembros del grupo que utilizaban buscapersonas para eludir el seguimiento.
Pero desde la semana pasada, sin embargo, la estrategia cambió, iniciándose una ofensiva a gran escala con bombardeos en el más reciente murieron dos personas y 11 resultaron heridas en un ataque aéreo israelí contra un edificio del centro de Beirut, según informó este jueves el Ministerio de Salud libanés, mientras que el portavoz castrense israelí alertó de más bombardeos en el sur de la ciudad durante la noche del miércoles.
Además, como viene sucediendo en los últimos días, el portavoz de Ejército en árabe, Avichay Adraee, pidió a los habitantes de barrios del extrarradio sur de Beirut, conocido como el Dahye, que se alejen de unas zonas determinadas porque las van a bombardear.
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