La Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó este martes tres meses de prisión preventiva a un hombre imputado de hackear las redes sociales de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP).
La magistrada Factima Veloz decidió enviar a Ronald Familia Fría al Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, tras escuchar la decisión de la jueza el imputado se desmayó y posteriormente su padre también, quien lo acompañó en la audiencia.
La medida fue tomada luego de que el Ministerio Público presentara ante el tribunal las pruebas suficientes que sustentan la acusación contra Ronald Familia Frías, alias Oso Negro, por violación a los artículos 6, párrafos 1 y 2, así como los artículos 10, 11, 16 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, relacionados con acceso ilícito, daño o alteración de datos, sabotaje, chantaje y robo de identidad, en perjuicio de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y el Estado Dominicano.
El imputado, quien fuera encargado de medios de dicha institución hasta agosto de 2023, habría utilizado información privilegiada para acceder de manera no autorizada a las cuentas de redes sociales de la entidad gubernamental y perpetrar una serie de ataques cibernéticos que incluyeron el chantaje y la manipulación de datos sensibles.
Recordamos que las cuentas en Instagram y Facebook de la DGCP fue hackeada por un usuario que se identificaba como «Oso Negro», quien aseguraba controlaba el sitio y advirtió a la entidad gubernamental que tenía 24 horas para cumplir con sus requisitos, los que no identificaba.
La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) identificó como Bernardo Vicente Montero (San Juan), Francisco Olivares (Saca Teca) y José Luis Martínez (Raca Vaca), los internos fallecidos durante la riña ocurrida la noche del lunes en el Centro de Privación de Libertad ubicado en la Fortaleza de la provincia Samaná.
Mientras que los heridos fueron identificados por las autoridades penitenciarias como Alejandro Brazobán, Ariel de Peña y Cristian de la Cruz.
El Ministerio Público de Samaná está a cargo del proceso de investigación de los hechos.La DGSPC indicó a través de un comunicado de prensa, que el altercado lo inició el interno Bernardo Vicente Montero (San Juan) en el área de Los Veteranos de dicho penal, quien, acompañado de los también privados de libertad Ramly de León y Jonathan Pantaleón, procedió a encerrar a 13 reos en una celda, a quienes luego agredieron a palos, puñaladas y machetazos.
Detalló que los miembros del Ejército a cargo de la seguridad del recinto, cuando se percataron de que el interno San Juan había propinado heridas cortantes a sus compañeros, procedieron a llamar al sistema de Emergencias 9-1-1, cuyo personal procedió con el traslado de los privados de libertad que resultaron heridos al hospital Doctor Leopoldo Pou de esta ciudad.
Las autoridades del penal informaron que presuntamente el origen del problema fue por un asunto personal entre los internos Bernardo Vicente Montero y Francisco Olivares. La disputa por un supuesto video habría conllevado al enfrentamiento en el que también resultaron afectados sus compañeros de celdas.
Al lugar se presentaron representantes de la Fiscalía de Samaná, la Policía Científica, médicos legistas y la Unidad de 9-1-1 para llevar a cabo los procedimientos de lugar.
La DGSPC informó que se está a la espera de los resultados de la autopsia de rigor que realiza a los cuerpos de los fallecidos el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), según lo establece la Ley 136-80, en su artículo 1, la cual obliga a la práctica de la autopsia judicial en la instrucción de todo caso de muerte si la persona estuviera en prisión.
La institución precisó que los fallecidos Vicente Montero y Olivares cumplían condenas de 20 años de prisión cada uno por homicidio, en tanto que Martínez estaba acusado de asociación de malhechores y homicidio, con estatus preventivo.
Asimismo, detalló, respecto a los heridos, también con estatus de preventivos, Brazobán, De Peña y De la Cruz, que el primero está acusado de robo y los dos últimos de homicidio.
En tanto que Ramly de León y Jonathan Pantaleón, también involucrados en la riña, guardan prisión en dicho penal por delitos de robo y homicidio, respectivamente.
Las autoridades indicaron que avanzan en el proceso de investigación del caso para proceder con las medidas correspondientes.
La Policía de Houston, Texas, arrestó a los sospechosos del homicidio a tiros de Luis Alfredo Pacheco, hijo de Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, el pasado primero de abril.
Los detenidos son Hernán Torres, Sr. de 50 años, Hernán Torres, Jr. de 25 años, y Hernando Torres de 19 años, a quienes se les acusa de asesinato en el Tribunal Estatal de Distrito 338.
Una investigación preliminar y evidencia en la escena revelaron que las dos víctimas, junto con otros dos hombres, salieron de la tienda y se subieron a una camioneta negra. En ese momento, un Dodge Charger plateado y un Mercedes Benz plateado se acercaron al SUV.
Dos hombres descendieron del Dodge, mientras que uno lo hizo del Mercedes Benz, y los tres abrieron fuego contra la camioneta. Posteriormente, los sospechosos huyeron en el Charger y el Mercedes.
Las fotografías de vigilancia de los sospechosos, descritos en ese momento únicamente como hombres hispanos adultos vestidos de blanco, y de los vehículos fueron difundidas al público el 2 de abril.
Investigaciones adicionales identificaron a los Torres como los sospechosos en este caso. El lunes 6 de mayo, el Equipo de Supresión del Crimen de la División de Patrulla Gessner Sur del HPD, junto con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA) y los Alguaciles Federales, arrestaron a Hernán Torres, Jr. y Hernando Torres sin incidentes.
Un tercer sospechoso, Hernán Torres, Sr., está detenido en Filadelfia, Pensilvania, por cargos no relacionados. Actualmente está esperando su extradición al condado de Harris. Se adjunta a este comunicado de prensa una fotografía de la reserva del condado de Harris de 2022.
A causa de las lluvias registradas en la cuenca alta de ese afluente en Loma de Cabrera, provincia Dajabón, desbordó el canal construido por los haitianos en el poblado de Juana Méndez, ubicado en la franja norte de la frontera con República Dominicana.
Las aguas del Masacre han impactado la obra de capital privado en Haití, cuyos peligros han sido advertidos por el Gobierno dominicano, opuesto a esta construcción hídrica desde su inicio debido a que viola un tratado común.
Los lugareños que viven en la parte baja del canal comenzaron a ser desalojados por la Defensa Civil de Haití ante la gran cantidad de agua que está bajando. La crecida del río anegó toda la estructura.
Agentes policiales, adscritos a la Dirección Central de Investigación (DICRIM) arrestaron ayer en distintos puntos a 11 personas por la comisión de distintos delitos, ocupando dos vehículos, ocho porciones de sustancias narcóticas y dinero en efectivo.
Entre los detenidos está Ana Elizabeth Pozo Ricardo, quien fue detenida en Santiago tras recibir en su cuenta bancaria la suma de $30,800, producto de una transferencia ilícita de fondos (Phishing) en perjuicio de otra mujer, cuya identidad se hace reserva.
Mientras que en Barahona fue apresado Israidel Alcántara Anziani, de 26 años, a quien se le ocupó cinco porciones de distintas drogas y un encendedor.
Asimismo, en La Romana fue detenido Marco Alexander Aponte Cedeño, ocupándose en el interior del vehículo marca Hyundai, modelo Sonata i20, blanco, placa No. A713693, tres porciones de presunta marihuana, dos celulares y $4,250 pesos en efectivo.
En otro orden, en Elías Piña, fue detenido Yeison Smil Vallejo Morillo, de 27 años, a bordo del vehículo marca Kia, modelo Sorrento, placa No. G555819, año 2015, el cual, al ser depurado en los archivos de plan piloto, figura como robado en fecha desde el 5 de febrero del año en curso.
Los detenidos y lo ocupado están en poder del Ministerio Público, para los fines legales correspondientes.
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La bancada opositora depositó ante la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales un voluminoso expediente con decenas de decretos del presidente Luis Abinader, mediante los cuales son otorgadas de forma supuestamente irregular miles de pensiones solidarias.
El pasado el jueves, el ministro de Educación anunció un aumento salarial de un 8% a los docentes, el cual implica RD$5,174.5 millones adicionales en lo que resta del año y en 2025, lo que el Comité Ejecutivo del gremio consideró de insuficiente y que la institución lo hizo de manera unilateral.
Según información preliminar, el conflicto se habría originado entre reclusos trasladados desde la cárcel de La Victoria después del incendio ocurrido en dicha prisión hace algunas semanas.
Furcal responderá ante la justicia por la muerte del ciudadano chino Jhei Leet, también identificado como Chen Zongxin.
El bloque de diputados del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), presentó hoy un extenso expediente ante la Procuraduría Especializada de Delitos Electorales. Este documento contiene numerosos decretos emitidos y firmados por el presidente Luis Abinader, en los cuales se otorgan miles de pensiones solidarias de manera irregular.
Según la bancada opositora, estos decretos son evidencia de la utilización de las pensiones como recurso de campaña en favor del proyecto reeleccionista de Abinader. Luis Henríquez, vocero del bloque de diputados del PLD, declaró que «el presidente ha usado los recursos públicos con la entrega de estas pensiones fraudulentas, para pagar favores a personas de su partido y en otros casos, también para cubrir compromisos económicos con dirigentes de otros partidos, alimentando así el transfuguismo y el clientelismo en el país».
Henríquez también señaló el desorden existente en la Dirección General de Pensiones, reflejado en las advertencias de diversos sectores de la sociedad dominicana, que han expresado preocupación por el impacto económico que representa para el Estado el otorgamiento de miles de pensiones sin sustento.
El congresista afirmó que «el Ministerio Público, en especial la unidad de Delitos Electorales, no puede seguir de espalda a esta advertencia y las múltiples denuncias», por lo que han llevado documentación con pruebas de estas irregularidades para exigir respuestas de las autoridades.
Las intensas lluvias de las últimas horas han impactado a 25 acueductos en el Distrito Nacional, dejando a 302,759 usuarios sin servicio de agua. Según el Centro de Operaciones de Emergencia (COE), 24 acueductos están totalmente fuera de servicio, mientras que uno opera parcialmente.
Además, se reporta la movilización precautoria de 45 personas en Santiago Rodríguez debido a las fuertes lluvias, así como inundaciones en La Vega y Monseñor Nouel, donde se vieron afectadas viviendas y servicios públicos como el Centro Geriátrico Margarita Herrera de Pinar Quemado.
La vaguada que afecta al territorio nacional ha ocasionado diversas consecuencias, como inundaciones, deslizamientos de tierra, y cortes de comunicación en comunidades de Santiago Rodríguez, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, La Vega, San Pedro de Macorís, Elías Piña, Monseñor Nouel y Espaillat.
El COE advierte que las lluvias persistirán durante la noche, pronosticando un aumento de la nubosidad, acompañado de aguaceros moderados a fuertes, tormentas eléctricas y ráfagas de viento, por lo que mantiene 25 provincias bajo alerta.
Actualmente, 17 provincias se encuentran en alerta amarilla, incluyendo María Trinidad Sánchez, Duarte, Espaillat, La Altagracia, Sánchez Ramírez, La Vega, Monseñor Nouel, Monte Plata, Santiago, Monte Cristi, Puerto Plata, Samaná, San Pedro de Macorís, Valverde, El Seibo, Santiago Rodríguez y Hato Mayor, mientras que ocho están en alerta verde: Santo Domingo, Distrito Nacional, La Romana, Elías Piña, Hermanas Mirabal, Azua, San Cristóbal y San José de Ocoa.
Agentes policiales de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), en Barahona detuvieron a dos hombres acusados de estafar con grandes sumas de dinero a una mujer.
Los acusados fueron identificados como Miguel Ángel Duran Dipre y Ramón Orlando Batista Ramírez “Monchi”, los cuales están acusados de estafar a la mujer con la suma de 150,000 dólares y dos millones de pesos bajo la promesa de gestionar la libertad de su pareja. Además de la estafa, se les acusa de acosar y chantajear a la mujer con propuestas indecentes para devolverle el dinero.
Los detenidos, con órdenes de arresto respectivas, fueron puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.