Las protestas contra la Ley 87-01 se intensifican en distintos sectores sociales, luego de que organizaciones advirtieran que la reforma al sistema de seguridad social podría favorecer intereses empresariales y modificar condiciones de retiro.
Estas declaraciones surgen en medio de discusiones del Poder Ejecutivo sobre cambios al modelo vigente, que según los colectivos afectarían derechos adquiridos desde su creación en 2001.
Además, los grupos sostienen que el esquema actual no garantiza pensiones dignas y que se busca profundizar la participación de administradoras privadas en los fondos. En consecuencia, los movimientos sociales anuncian que las calles serán el principal escenario de movilización si no se abre un diálogo nacional.
El Ministerio Público solicitó medidas de coerción contra Joel Carmona Pinales, de 25 años, acusado de la muerte de su hija de 8 meses en un hecho ocurrido en abril en el sector Jeringa de San Cristóbal, según el expediente acusatorio.
El imputado enfrenta cargos por homicidio voluntario y actos de tortura y barbarie, luego de que la autopsia determinara que la menor falleció a causa del síndrome de niño maltratado, con múltiples lesiones graves.
El órgano persecutor, que afirma contar con pruebas que comprometen su responsabilidad penal, pidió prisión preventiva en Najayo Hombres, mientras la audiencia quedó fijada para el 15 de mayo.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, expresó preocupación por el incremento de feminicidios en la República Dominicana, al considerar que persisten graves desafíos pese a los esfuerzos del Gobierno en materia de prevención.
El legislador, que calificó la situación como dolorosa y preocupante, señaló que el país aún no puede exhibir avances concretos en la reducción de estos crímenes.
Asimismo, exhortó a las autoridades competentes a fortalecer las acciones dirigidas a disminuir de manera significativa la violencia contra las mujeres, que continúa afectando la realidad social del país.
Una patana se volcó en la avenida Prolongación 27 de Febrero, en las cercanías de la Plaza de la Bandera, en sentido este-oeste, dejando una gran cantidad de huacales con botellas dispersos en la vía tras el accidente registrado la tarde de este jueves.
El hecho provocó que transeúntes se acercaran al lugar, donde algunos recogieron parte de la mercancía mientras las autoridades trabajaban en la limpieza del área y en la regulación del tránsito.
No se han reportado personas heridas, y las autoridades aún investigan las circunstancias que provocaron el vuelco del vehículo.
El director del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, afirmó que en los próximos días no se aplicarán operativos de fiscalización contra motoristas, pasoleros y otros conductores de motocicletas, en el marco de la revisión de la normativa vigente.
El funcionario explicó que existe desinformación sobre las medidas, al precisar que no se ha establecido la obligación de comprar dos cascos ni una fecha límite para controles.
La institución, que se encuentra en una fase de educación para agentes y conductores, sostiene que el enfoque actual busca reducir confusiones y reforzar el uso de cascos homologados para salvar vidas.
Un agente de la DGZET hirió de bala a un motoconchista en Villaolímpica, Santiago, durante una fiscalización por circular sin casco, según versiones preliminares que aún están bajo verificación.
El hecho ocurrió cuando el conductor, que habría sido detenido por incumplir normas de tránsito, presuntamente agredió al funcionario con una bofetada, lo que derivó en una confrontación en el lugar.
La situación, que terminó con el motorista herido por arma de fuego, está siendo investigada para determinar responsabilidades administrativas y penales.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este jueves que su homólogo chino, Xi Jinping, le ofreció «ayuda» con la guerra de Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz durante la reunión que mantuvieron en Pekín.
«Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo’», explicó Trump en una entrevista con la cadena Fox News desde China.
Según un extracto de la entrevista, que se emitirá por completo el jueves por la noche en Estados Unidos, Trump afirmó que al presidente chino «le gustaría que se abriera el estrecho de Ormuz».
Según el líder estadounidense, Xi también se habría comprometido ante Trump a no suministrar equipamiento militar a Irán.
«Dijo que no va a entregar equipo militar, lo cual es una declaración importante. Pero, al mismo tiempo, dijo que compran gran parte de su petróleo allí y que les gustaría seguir haciéndolo», explicó.
La guerra de Irán ganó peso en la visita de Trump a China porque en los días previos Washington pidió a Pekín un papel más activo ante Teherán, al considerar que el bloqueo de Ormuz afecta directamente a los intereses energéticos y comerciales de China, ya que por esa vía pasan aproximadamente el 45 % de sus importaciones de gas y petróleo.
Xi y Trump coincidieron en la reunión que Irán no debe tener «nunca» armas nucleares y en la necesidad de reabrir el estrecho de Ormuz al transporte de hidrocarburos sin cobrar derechos de paso, según un comunicado de la Casa Blanca sobre esa primera reunión.
Trump, que se encuentra de visita oficial a Pekín por primera vez desde 2017, en su primer mandato, mantendrá este viernes un nuevo encuentro con Xi antes de regresar a Washington.
Las autoridades sanitarias de Estados Unidos están vigilando a 41 personas en todo el país por haber estado en contacto con personas infectadas con la variante andina del hantavirus a partir del brote del crucero MV Hondius, que el pasado fin de semana fondeó en Tenerife.
El grupo incluye a las 18 personas que fueron evacuadas tras viajar a bordo del Hondius y que están siendo vigilados en centros de salud, al igual que los pasajeros que salieron del crucero antes de que se detectara el brote del virus y un tercer grupo de personas que estuvieron en contacto con uno de los infectados del buque durante un vuelo, según indicaron responsables de salud en una llamada con periodistas.
Este último grupo estuvo expuesto a una persona que viajó en el crucero, presentaba síntomas y tomó un avión desde la isla de Santa Elena hacia Johannesburgo.
El riesgo al público general, sin embargo, continúa siendo «bajo», según indicó David Fitter, de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés), agencia que lidera la respuesta al hantavirus en EE.UU. sin que se hayan confirmado casos hasta el momento.
Las 23 personas que no están en cuarentena en centros de salud permanecen en sus hogares, bajo la vigilancia de los CDC, que les recomendó aislarse durante un periodo de 42 días.
«Estamos trabajando de cerca con los pasajeros y con nuestros socios de salud pública para garantizar el monitoreo y el acceso rápido a atención médica en caso de que desarrollen síntomas», indicó Fitter y agregó que el objetivo de los CDC es «acompañarlos y elaborar planes según sus situaciones específicas».
El MV Hondius con 151 pasajeros y tripulantes llegó a Canarias tras un periplo que comenzó en Ushuaia, en Argentina, y que les llevó a varias islas en el Atlántico y durante el que aparecieron varios casos de hantavirus que causaron tres muertos.
Los 18 estadounidenses evacuados desde Tenerife llegaron a EE.UU. el pasado lunes en la madrugada.
Las autoridades judiciales conocerán este jueves la solicitud de medida de coerción contra Ashley Mariel Sánchez Marqués Victorino, conocida como “La Masha”, junto a Alexander Martínez Nolasco, de 18 años, y Carla Yulissa Rodríguez, acusados de portar ilegalmente armas de fuego.
Los tres implicados fueron arrestados en flagrante delito y serán posteriormente puestos a disposición de la justicia para que se determinen las medidas cautelares correspondientes.
El caso ha generado expectativa en la opinión pública debido a la identidad de la principal imputada.
República Dominicana suma 33 feminicidios en lo que va del año, cifras del Observatorio de Justicia y Género que han llevado a congresistas a solicitar al gobierno declarar esta problemática como emergencia nacional ante el alarmante incremento de mujeres asesinadas por sus verdugos.
Las legisladoras señalaron que las políticas públicas actuales han fallado y que muchas víctimas no reciben protección adecuada ni acceso a representación legal de calidad, mientras decenas de niños quedan en la orfandad.
El caso más reciente es el de Esmeralda Moronta, quien fue asesinada por su expareja luego de acudir a la Fiscalía de Violencia de Género en busca de protección sin recibir respuesta.
Una mujer de 36 años identificada como Esmeralda Moronta de los Santos perdió la vida la tarde de este miércoles en la calle Puerto Rico, sector Almarroza 1, Santo Domingo Este, tras ser atacada a tiros presuntamente por su expareja sentimental, Omar Tejeda Guzmán, de 48 años.
Según testimonios de residentes, la víctima fue perseguida hasta un colmado del sector donde el agresor le realizó disparos con una pistola Glock calibre 9 milímetros, provocándole la muerte.
Posteriormente, Tejeda Guzmán se quitó la vida con la misma arma, mientras oficiales de investigaciones de homicidio y el Ministerio Público realizan levantamientos de cámaras en el lugar.
Más de 1000 familias de los sectores El Higuero, Mancebo, Amor de Dios, Los Mameyes y Rincón paralizaron el transporte y salieron a las calles para exigir al presidente Luis Abinader el arreglo de sus vías, que permanecen deterioradas décadas sin solución.
Los residentes denuncian que en tiempos de lluvia quedan incomunicados porque los arroyos crecen y estudiantes deben caminar hasta 1.5 kilómetros y cruzar ríos para llegar al liceo.
Un vecino de 42 años afirmó que nunca ha visto una calle en buen estado en su comunidad, mientras otros advirtieron que darán 15 días de plazo antes de volver a protestar.
Una jueza de Hermanas Mirabal impuso tres meses de prisión preventiva en contra de tres hombres que agredieron a otro a palos, causándole la muerte, en un hecho ocurrido el pasado sábado, en el sector San José, del municipio Villa Tapia.
La medida de coerción fue impuesta a los nombrados Luis Miguel Díaz Fernández (Chicho), Crispifer Ignacio López Arnaud (Crispi) y Cristian Adoni Moya Vicente, por la muerte a palos del señor Cristian Antonio Díaz Bidó (Papito).
En la solicitud de medidas de coerción, el Ministerio Público establece que el hecho ocurrió el pasado 9 de mayo de 2026, alrededor de la 1:00 de la tarde, cuando Díaz Bidó se encontraba en un colmado de la referida localidad.
Detalla que al lugar llegaron los imputados y rodearon a la víctima, procediendo el nombrado Díaz Fernández a agredirlo a palos. Díaz Bidó resultó con heridas en diferentes partes del cuerpo que le provocaron la muerte. Los hechos quedaron captados en vídeos de cámaras de seguridad, donde se observa a los imputados portando el palo utilizado para cometer la acción delictiva.
Previo al crimen, los procesados dieron seguimiento a la víctima en los alrededores de la localidad, durante toda la mañana, de acuerdo con los testimonios de familiares del hoy occiso.
Tras ocurrir el caso, la Policía Nacional activó la búsqueda de los imputados, quienes fueron arrestados en la ciudad de Santo Domingo.
La jueza Yudelka de León, del Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Hermanas Mirabal, dispuso el cumplimiento de la prisión en distintos centros penitenciarios de la región norte del país.
Díaz Fernández cumplirá la medida en la cárcel Juana Núñez, del municipio Salcedo, provincia Hermanas Mirabal, y López Arnaud en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Vista al Valle, de San Francisco de Macorís, en la provincia Duarte, mientras que Moya Vicente la cumplirá en el CCR La Isleta, del municipio de Moca, provincia Espaillat.
El Ministerio Público ha calificado los hechos como violación a los artículos 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano.
El director del Intrant, Milton Morrison, aseguró que los próximos días no habrá fiscalización contra motoristas motoconchistas ni otros conductores de motocicletas, tras una reunión «sincera y fructífera» con representantes del sector donde se evidenció una «gran desinformación».
Morrison explicó que el Intrant tampoco ha establecido una fecha fatal para operativos, contrario a las versiones circulantes, y que los motoconchistas no están obligados a comprar dos cascos.
La entidad implementará una etapa de educación y formación para agentes y el sector mototaxi, con el objetivo prioritario de salvar vidas mediante el uso del casco protector homologado.
Motoristas de diferentes paradas del Gran Santo Domingo amenazan con protestar en las calles tras la disposición del Intrant que exige cascos homologados bajo la normativa técnica avalada por la Organización Mundial del Comercio.
Los conductores reclaman que el costo de cada casco alcanza hasta 8 mil pesos y que la exigencia de portar cascos para pasajeros genera problemas de higiene al compartirlos entre diferentes usuarios.
Además, advierten que la medida podría aumentar la delincuencia al facilitar que personas encapuchadas cometan atracos sin ser identificadas. La normativa se sustenta en el artículo 157 de la ley 63-17 y el Decreto 256-20.
La Oficina de Atención Permanente de Pedernales impuso tres meses de prisión preventiva, como medida de coerción, a cuatro hombres atrapados mientras intentaban introducir drogas y sustancias controladas a territorio dominicano.
A Luis Alberto Figueroa Ariza, de nacionalidad venezolana, Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Acosta Santana y Manolo Roselló Amador, la Fiscalía de Pedernales les imputa el delito de tráfico internacional de drogas y sustancias controladas.
En audiencia, el Ministerio Público, representado por los procuradores fiscales Eleuterio Cuevas y Carmen Virginia Felipe, bajo la coordinación del procurador titular de Pedernales, Dervio Heredia, demostró la necesidad de imponer la prisión preventiva para garantizar que los imputados respondan ante el proceso judicial.
En su imputación, el órgano persecutor explica que Figueroa Ariza y Montás Tapia fueron interceptados a 50.11 millas al suroeste de la isla Beata, provincia Pedernales, en una embarcación en la que transportaban 1,220.86 libras de marihuana y 39 kilogramos de cocaína.
En cuanto a Acosta Santana y Rosello Amador, ambos malhechores fueron interceptados a unas 79 millas al suroeste de la provincia Pedernales, en una embarcación en la que movilizaban 104.80 libras de marihuana y 326.37 kilogramos de cocaína.
Ambas embarcaciones fueron interceptadas, en flagrante delito, en un operativo realizado el pasado 5 de mayo del presente año, bajo la coordinación del Ministerio Público con agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y con el apoyo de la Armada de la República Dominicana (ARD).
Las acciones cometidas por los imputados constituyen una violación a los artículos 5 (a), 59 párrafo I y 75 párrafo II de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas
Por decisión del tribunal, los imputados cumplirán la medida de coerción en la cárcel pública de Pedernales.
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