Las inspecciones se realizaron en el marco del proceso de evaluación en la seguridad de la carga de datos a nivel nacional.
El Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) suspendió hoy el contrato con la empresa suplidora responsable de la distribución del almuerzo en la escuela María Teresa de Calcuta, donde 22 estudiantes presentaron reacciones adversas al consumo del alimento el pasado martes.
El organismo lamentó el incidente ocurrido en la referida escuela ubicada en Caballona, Santo Domingo Oeste.
Tras el reporte, la Dirección Ejecutiva activó el protocolo de manejo de eventos adversos y dispuso una investigación del hecho.
Una comisión integrada por técnicos del Departamento de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Gestión Alimentaria, especialistas la División de Epidemiología y el Departamento de Gestión de Salud Escolar se trasladó al centro educativo para evaluar la situación, identificando que el alimento servido ese día carecía de las características organolépticas (aspecto, olor y sabor) requeridas para el consumo.
Esta comisión tomó muestras del almuerzo, las cuales fueron enviadas al Laboratorio Nacional Dr. Defilló para fines de análisis.
En vista de esta situación, la Dirección Ejecutiva dispuso la suspensión de la empresa Jannaly Company, SRL, una medida de rigor hasta tanto se conozca los resultados del análisis microbiológico y concluyan las investigaciones.
La institución reiteró que no tolerará ninguna actuación por descuido o negligencia que ponga en peligro la salud de los escolares quienes son el futuro de la nación.
La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) acogió este jueves la solicitud del Ministerio Público y le impuso prisión preventiva a José Ismael Jiménez Diloné, implicado en la red criminal que estafó con millones de dólares a adultos mayores residentes en los Estados Unidos.
El tribunal también decidió mantener la medida de coerción, consistente en presentación periódica, impedimento de salida del país y garantía económica, que le había sido impuesta al imputado Juan Rafael Parra, por su vinculación a la red que fue desmantelada con la Operación Discovery en Santiago, tras establecerse que defraudó a cientos de ciudadanos estadounidenses a través de estafas, extorsión y robo de identidad.
La solicitud formulada por el Ministerio Público, que estuvo representado por el procurador adjunto Andrés Chalas, fue acogida por los jueces Francisco Jerez, Nancy Salcedo y Fran Soto, quienes impusieron la prisión preventiva contra Jiménez Diloné y ordenaron que la cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres, de Santiago.
Los jueces fijaron el conocimiento de la solicitud de extradición de ambos imputados para el próximo 11 de junio, a partir de las 11:00 de la mañana.
La red criminal que integraban varias personas estafó a los adultos mayores desde centros de llamadas en la República Dominicana, desde donde los contactaban, haciéndose pasar por hijos, nietos u otros familiares cercanos, pidiendo ayuda económica para salir de un problema, alegadamente, por un accidente automovilístico.
Las autoridades de los Estados Unidos los piden en extradición por los hechos que se les imputan.
La Junta Central Electoral (JCE) estableció hoy el protocolo especial para la cadena de custodia de los materiales electorales y equipos que serán utilizados en el proceso electoral, con estándares de las normas de calidad con las cuales la institución está certificada.
Mediante la resolución 36-2024, la Junta dispuso además la manera en que deben ser adquiridos, a través de compras y contrataciones correspondientes hasta prohibir destruirlos por las juntas electorales y las Oficinas de Coordinación de Logística Electoral en el Exterior (OCLEE), o las demás áreas responsables.
Según la resolución, esta se deberá cumplir hasta que la entidad rectora de las elecciones precise qué hacer.
Los ETED contarán con los mecanismos de seguridad necesarios para conservar su integridad, previo, durante y posterior a las elecciones, con las revisiones de calidad correspondientes.
Otras de las disposiciones de la JCE están basadas en la calidad, revisión, entrega, distribución y medios de transporte de los materiales.
La JCE hará llegar los equipos y materiales a las juntas electorales con cinco días de antelación a las elecciones, las boletas y sobres para las boletas observadas, impresos para declaraciones de protestas e impugnaciones, escritorio, lápices, libros para actas, registros y cualquier otro material.
La recepción de estos materiales deberá producirse con no más de cuatro días, ni menos de dos días de antelación a la fecha de las elecciones.
La institución indica, a través del reglamento, que la Policía Militar ejecutará su labor de seguridad durante todo el proceso electoral, conforme lo haya dispuesto el pleno de la JCE, salvo el caso donde el mismo pleno disponga otro protocolo.
Luego de las elecciones, los materiales y los equipos deberán ser devueltos hacia la JCE y la OCLEE, según corresponda.
La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) se comprometió hoy a evitar las paralizaciones de docencia en los centros educativos y a recurrir al diálogo con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (Minerd), ante cualquier conflicto que pueda poner en riesgo el derecho a la enseñanza de los más de 2.6 millones de estudiantes del sector público preuniversitario.
Así lo anunció el presidente de ese gremio magisterial, Eduardo Hidalgo, al concluir la segunda reunión de trabajo con funcionarios del Minerd, con la presencia de representantes de la comisión mediadora y en donde se abordaron once puntos clave para propiciar mejoras en el sistema educativo dominicano.
“Nosotros lo que hemos planteado es que garantizamos el año escolar”, manifestó Hidalgo, quien subrayó que “la ADP cuando se compromete a lograr el feliz año escolar, lo va a cumplir”.
Afirmó que el año escolar está por encima de un 85% de cumplimiento en el calendario y el horario, tras sostener que la apuesta al diálogo y la concertación ratifica el compromiso del colectivo de profesores de “trabajar juntos por la calidad de la educación”.
“Si hay que recuperar el tiempo invertido en la justa lucha, los maestros saben que siempre lo hemos hecho, al igual que las autoridades”, añadió Hidalgo, quien estuvo acompañado por otros dirigentes del Comité Ejecutivo de la ADP.
Durante la reunión, el ministro de Educación, Ángel Hernández, expresó la intención del Minerd de continuar con las conversaciones junto a la ADP para “seguir adelante de buena fe y trabajar juntos para que real y efectivamente la escuela pública sea de calidad”.
En representación de la comisión mediadora, Enrique de León, agradeció al presidente Luis Abinader la aprobación de un 10 % de incremento salarial para los maestros y su interés en la paz y tranquilidad de los centros educativos para lograr buenos resultados de aprendizaje en los niños.
“Lo que hemos decidido es trabajar como aliados, con confianza, entre ambos. Y tener una línea abierta de comunicación. Lo primero, para evitar el conflicto, es comunicarse y eso estará abierto”, informó.
La comisión mediadora, afirmó De León, está “muy satisfecha”. “Le ponemos una nota muy alta tanto al Minerd como a la ADP por la madurez, la sensatez y el amor al país que han demostrado al llegar a estas condiciones”, declaró.
En el encuentro estuvieron presentes los viceministros de Planificación y Desarrollo Educativo, Rolando Reyes; de Servicios Técnicos y Pedagógicos, Ancell Scheker; de Acreditación y Certificación Docente, Francisco D’Óleo; y la directora de Gestión Humana, Clara Joa.
Las devastadoras inundaciones en la región sur de Brasil han dejado hasta el momento 108 fallecidos y 136 desaparecidos, además de 374 heridos, según el balance divulgado este jueves por la Defensa Civil.
Hay cerca de 1,5 millones de damnificados en Río Grande do Sul, fronterizo con Uruguay y Argentina, donde las lluvias torrenciales han causado una destrucción sin precedentes en este próspero estado brasileño, donde se han reportado 107 de las víctimas mortales.
El otro fallecido se registró en el vecino estado de Santa Catarina, que también se vio afectado por el intenso temporal de la última semana, aunque en menor grado.
En Rio Grande do Sul se han visto afectados 425 municipios, algunos de los cuales están totalmente sumergidos bajo el agua y donde 6.200 han quedado totalmente destruidas, según datos parciales de la Confederación Nacional de los Municipios.
Alrededor de 232.000 personas han sido evacuadas de sus hogares y trasladadas a albergues o las casas de sus parientes, de acuerdo con la Defensa Civil.
Cientos de policías, bomberos, militares y voluntarios se afanan aún hoy para rescatar a la población que todavía está incomunicada por el elevado nivel del agua y que empieza a sufrir con la falta de víveres.
Además, las lluvias de las últimas horas obligaron a suspender las labores de salvamento en Porto Alegre, la capital regional, donde aún hay barrios completamente inundados y el principal aeropuerto estará cerrado por lo menos hasta finales de este mes.
El fuerte temporal se desató el lunes de la semana pasada y continuó los días siguientes provocando cuantiosos daños en carreteras, puentes, viviendas y dejando sin luz, ni agua potable a buena parte de la población de Rio Grande do Sul.
Rio Grande do Sul, un importante polo agropecuario, ya sufrió el año pasado fenómenos climáticos extremos, con raros ciclones extratopicales, que también provocaron graves estragos, aunque lejos de la envergadura de este último.
Los especialistas meteorológicos han asociado la intensidad de estos temporales al cambio climático.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó el miércoles, durante un acto para presentar inversiones en áreas de infraestructura y prevención de desastres naturales, que esta tragedia climática es «un aviso para el mundo» y «una factura que le está pasando el planeta» a la humanidad.
Bajo el cargo de asesinato fue condenado a cumplir 30 años de reclusión mayor, un hombre a quien la Fiscalía de Santiago judicializó luego de que le propinara varios disparos de arma de fuego a otros dos, uno de los cuales falleció, en el municipio Tamboril, en el mes de marzo del año 2022.
El Segundo Tribunal Colegiado condenó al acusado Lewdy de Jesús Vásquez Blanco y/o Leudy Antonio Vásquez, por el asesinato de Cristian Manuel Peña Peralta y las heridas provocadas a Carlos Rafael Fernández García.
La procuradora fiscal Cristina Ramírez realizó la investigación del caso, logrando obtener en el proceso suficientes pruebas con las que se sustentó la acusación contra Vásquez.
En la audiencia, el fiscal litigante Pedro Martínez, representando al Ministerio Público, aportó numerosos elementos de pruebas en contra del procesado, quien, asociado con otra persona que se encuentra prófuga de la justicia, abordaba, empuñando un arma de fuego, la parte trasera de una motocicleta (tipo pasola), en la que ubicaron y vigilaron a las víctimas, para luego sorprenderlas, atacándolas a tiros.
Los impactos disparados por Vásquez apagaron la vida a Peña Peralta y dejaron con lesiones graves a Fernández García.
El litigante demostró ante el tribunal, que en los registros del Ministerio de Interior y Policía no hay armas de fuego a nombre del acusado, lo que establece que hizo uso de un arma ilegal para cometer los hechos, conforme el número de reporte 01794-2022.
La condena, que fue impuesta en atención a los cargos penales por violación a los artículos 265, 266, 295, 297 y 302 del Código Penal Dominicano, fue ordenada por los jueces Osvaldo Castillo, Esther Reyes y Luis Ernesto Torres, del citado tribunal.
El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional acogió la solicitud de variación de medida de coerción presentada por la defensa del teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Erasmo Roger Pérez, imputado de la Operación Coral.
La jueza Esmirna Gisell Méndez dispuso variar la prisión domiciliaria existente por una garantía económica de RD$500 mil, mediante una empresa aseguradora, además de mantener el impedimento de salida sin autorización judicial, para salvaguardar el peligro de fuga existente, señalado por el Ministerio Público.
En oposición a la solicitud de la defensa del imputado, el Ministerio Público señaló durante la audiencia de este jueves que, las deudas presentadas ante el tribunal, como razón fundamental para la variación de la medida de coerción existente, sólo profundizaban la posibilidad del peligro de fuga por parte del imputado Erasmo Roger Pérez.
En ese sentido, el órgano acusador detalló que dichas deudas, confirman la teoría fáctica del Ministerio Público, en la que el órgano acusador señala al teniente coronel de ir más allá de sus funciones para enriquecerse ilícitamente y obtener un estilo de vida que no puede solventar con sus ingresos formales, que continúa percibiendo como militar.
En igual sentido, la solicitud halló rechazo por parte del abogado del Estado, José Alberto Ortiz Beltrán, al entender que la defensa del imputado no presentó pruebas ni presupuesto novedosos que dieran al traste con la variación de la medida de coerción.
Al detallar las razones de la decisión del tribunal, la jueza Esmirna Gisell Méndez indicó que además de resguardar el peligro de fuga, el juzgador se ve en la obligación de tomar en cuenta que la privación de libertad sea por un tiempo razonable, con la finalidad de que no se convierta en una pena anticipada.
El teniente coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, Erasmo Roger Pérez, está entre los imputados de la Operación Coral, mediante la cual el Ministerio Público destapó un entramado de corrupción, acusado de estafar al Estado dominicano con más de 4,500 millones de pesos, entre los años 2012 y 2020. Además, por sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
En este proceso además están acusados, el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre, el general Juan Carlos Torres Robiou y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FARD) Julio Camilo de los Santos Viola, el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán y el coronel Rafael Núñez De Aza.
De igual manera, al general Torres Robiou (FARD) y José Manuel Rosario Pirón, así como la pastora Rossy Guzmán Sánchez, Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco, entre otros.
En la audiencia previa de este jueves, el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el 16 de mayo, a las 10:00 de la mañana, el inicio formal del juicio de fondo contra los imputados de las operaciones Coral y Coral 5G.
Agentes policiales de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), detuvieron a tres hombres relacionados con el robo de 15,990 pesos, resultado de consumos no autorizados con tarjetas de crédito y débito sustraídas del monedero de una ciudadana en Gazcue, Distrito Nacional.
Los arrestados son Fermín Avelino, de nacionalidad dominico-haitiana; Wilfrido Amaury Arias Martínez apodado como “Luis” y Frankely Santana Mosquea alias “Frankely” .
De acuerdo con el informe preliminar, el robo ocurrió cuando la víctima dejó su vehículo, un Kia Carens gris del año 2017 con placa No. A970153, estacionado en la calle Hermano Deligne esquina Casimiro de Moya.
Los detenidos sustrajeron su monedero, que contenía documentos de identidad, licencia de conducir, carnet del seguro médico, y varias tarjetas de crédito y débito, con las cuales realizaron 19 consumos no autorizados en diferentes comercios, totalizando 15,990 pesos en efectivo.
Además, fueron captados por cámaras de seguridad de un supermercado, una estación de combustible, un restaurante y una farmacia, donde realizaron varias transacciones con las tarjetas robadas.
Los detenidos serán presentados al Ministerio Público para los procedimientos legales correspondientes.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Andrés Jáquez Liranzo, aseguró a la sociedad dominicana que el Pleno del órgano electoral garantiza este 19 de mayo unas elecciones “íntegras, cívicas, seguras, pacíficas, dignas, transparentes y justas”
Llamó a los candidatos y a las organizaciones políticas a enviar a sus votantes un mensaje de dignidad, de civismo y de prudencia en este tramo final del proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales y congresuales.
El presidente del órgano electoral habló ayer en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, entidad que cerró con la conferencia magistral de Jáquez Liranzo en el ciclo de almuerzos electorales al que asistieron representantes de las distintas fuerzas políticas del país y del empresariado local e internacional.
Jáquez Liranzo aseguró que una de las grandes acciones en procura del fortalecimiento, la transparencia, la legitimidad del propio órgano electoral y del proceso es la relación forjada con los partidos, agrupaciones y movimientos políticos.
Dijo que con cada uno de sus delegados, titulares y suplentes, mantienen un diálogo abierto y constante que ha permitido que las decisiones se tomen bajo el predominio de la observación, sugerencias y opiniones de ellos, pero apegadas a las leyes y a la Constitución.
“La Junta Central Electoral reitera su compromiso con el apego a las leyes y a la Constitución para garantizar la integridad del voto para las próximas elecciones”, reiteró Jáquez Liranzo insistiendo en que el mensaje de las organizaciones políticas a sus votantes debe ser de dignidad, civismo y prudencia, porque cualquier otro “no es un mensaje correcto”, citando a Juan Pablo Duarte cuando dijo que “la política no es una especulación, sino una ciencia, la más pura, la más digna”.
Luego de recordar las disposiciones de la Resolución 18-2024 adoptada por el Pleno del órgano electoral que establece el protocolo para la seguridad de la cadena de custodia y de los recintos electorales por parte de la Policía Militar Electoral durante las elecciones, Jáquez Liranzo detalló el plan que este organismo desplegará antes, durante y después de las votaciones para garantizar el buen desenvolvimiento del proceso.
Manifestó que el Plan de Trabajo de la Policía Militar Electoral consta de tres niveles de acciones empleando 60 mil hombres y mujeres que tendrán a su cargo “la delicada función apegada de manera irrestricta y categórica a las resoluciones de la JCE y de las leyes que rigen el desarrollo del proceso electoral.
Explicó que el plan tendrá un despliegue de 37 zonas de operaciones que estarán dirigidas por un oficial general.
Asimismo, que cada recinto electoral estará coordinado por un oficial superior con oficiales subalternos a su servicio. Esto incluye dos miembros de la Policía Militar Electoral por cada colegio electoral a nivel nacional, al margen de un personal adicional como reserva.
Dijo que el primer grupo de trabajo de la PME será responsable de garantizar la cadena de custodia del proceso electoral que comienza desde que se reciben las dos valijas con los kits electorales y los materiales de votación en las juntas electorales, su traslado a cada colegio electoral en los recintos electorales hasta que termina el proceso y son retornadas a las juntas electorales nuevamente.
Agregó que otro grupo será desplegado en el perímetro y las inmediaciones de los recintos electorales para evitar la instalación de carpas, de mesas, la aglomeración de personas y el activismo político el día de las elecciones, mientras que un tercer grupo serán auxiliar del Ministerio Público Electoral integrado por policías y militares electorales especializados en el proceso penal como el llenado de actas de allanamientos, entre otras acciones legales competencia de la materia.
Jáquez Liranzo recordó que la investigación, persecución y acusación de estos, así como su juzgamiento, no es competencia de la JCE sino del Ministerio Público Electoral y que el juzgamiento es responsabilidad de los tribunales del primer grado penales de primera instancia.
Sin embargo, la JCE ha llegado a acuerdos de colaboración con el Ministerio Público en procura de mancomunidad para hacer las denuncias y desplegar una comunicación de sensibilización a toda la ciudadanía haciéndole saber que la compra y venta de sus cédulas es un delito, un crimen electoral que puede ser castigado con prisión.
Jáquez Liranzo aseguró que la organización del proceso electoral marcha viento en popa y a toda vela, firmes en la consecución de que la voluntad popular expresada en las urnas llegue a buen puerto, al puerto que debe ser, al puerto de la democracia.
La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) informó que aunque la vaguada se estará retirando del territorio dominicano, continuarán registrándose aguaceros en varias localidades este jueves.
Según uno de los manifestantes, esta promesa incumplida fue ofrecida hace dos años, cuando firmaron un documento que establecía que se le daría una remuneración.
Se logró intervenir la embarcación a varias millas náuticas al sur de San Pedro de Macorís, donde confiscaron 27 pacas que contenían en su interior los 675 paquetes de la sustancia.
El consejo de transición encargado de elegir a los nuevos gobernantes de Haití cambiará su método de operación en una medida que sorprendió a muchos.
En lugar de tener a un solo presidente del consejo, cuatro experimentados políticos tomarán turnos de cinco meses para presidir al organismo, según dos integrantes que no estaban autorizados a discutir los cambios de manera pública debido a que aún no se anuncian.
Los miembros declararon el miércoles que, a partir de ahora, el consejo también considerará a cinco integrantes como una mayoría, en lugar de cuatro. El consejo está integrado por nueve miembros, siete de los cuales tienen poder de voto.
“Ese es un verdadero cambio”, dijo Robert Fatton, experto en política haitiana en la Universidad de Virginia. “Creo que es positivo que en verdad vayan a compartir el poder. Es algo que es muy raro en la política de Haití”.
Los cuatro miembros que compartirán el poder son el presidente original del consejo Edgard Leblanc Fils, el exsenador Louis Gérald Gilles, el excandidato presidencial Leslie Voltaire y el exembajador en República Dominicana, Smith Augustin.
Los cambios se producen después de una revuelta interna que amenazó con desestabilizar al consejo luego de que fuera creado el 25 de abril. La disputa comenzó cinco días después, cuando cuatro de los integrantes anunciaron, para sorpresa de muchos, no sólo a un presidente del consejo, sino también a un primer ministro.
Sin embargo, está por verse si el exministro del Deporte Fritz Bélizaire permanecerá como el primer ministro designado. Un integrante del consejo dijo a la AP que tienen previsto realizar un anuncio la próxima semana.
Después de que se dé a conocer a un primer ministro, el consejo prevé elegir un nuevo gabinete, un proceso que muchos esperan que involucre largas y complicadas negociaciones con políticos influyentes.
“Ese va a ser el otro gran problema”, advirtió.
Los cambios se producen en momentos en que Haití se prepara para el despliegue de una fuerza policial keniana respaldada por Naciones Unidas con el objetivo de colaborar en el combate a las pandillas que han diezmado grandes extensiones de la capital Puerto Príncipe.
La Fiscalía de Hato Mayor logró que un tribunal de este distrito judicial dictara una sentencia condenatoria de 20 años de prisión en contra de un hombre que violó sexualmente a un niño de 10 años de edad.
El Ministerio Público, representado por la fiscal Jeanny Ramírez, logró que el Tribunal Colegiado de esta jurisdicción, integrado por los jueces Francisco Arias Sánchez, Haissel Uribe Reyes y María del Carmen García, acogiera su petición e impusiera a Dalvin Moreno Ramírez la pena máxima que establece la ley en estos casos, por los hechos cometidos en perjuicio del menor de edad, de quien se omite su nombre para cuidar su integridad.
Con la investigación realizada por el Ministerio Público se logró establecer que el agresor aprovechó que el niño se dirigía sin compañía a la escuela, para cometer el hecho delictivo.
El órgano persecutor demostró de manera irrefutable, que el procesado faltó a los artículos 306 y 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, y el artículo 396, letras B y C, del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
Moreno Ramírez cumplirá la condena en la cárcel pública de El Seibo.
El alcalde de Santo Domingo Este, Dío Astacio, y el general Eddy Pérez Peralta, director regional de la Policía Nacional en esa demarcación, se reunieron para coordinar estrategias destinadas a fortalecer la seguridad ciudadana en este municipio, que cuenta con más de un millón de habitantes.
Durante el encuentro, resaltaron la importancia de la colaboración entre la alcaldía y la policía para garantizar la seguridad de los ciudadanos, especialmente en situaciones de riesgo. Se acordó que las unidades de la Policía Municipal trabajarán en conjunto con los efectivos policiales para brindar una respuesta rápida y efectiva ante cualquier incidente.
Astacio expresó: “Queremos presentar un plan de acción conjunto para demostrar que tenemos un ayuntamiento comprometido con el cumplimiento de la ley. Contaremos con abogados y policías ambientales que cooperarán con la policía y brindarán apoyo a las víctimas. No permitiremos que los casos queden impunes y que la ciudad sea un caos”. El objetivo es alcanzar niveles de seguridad que demuestren el compromiso de las autoridades con el bienestar y la tranquilidad de todos los ciudadanos.
Por su parte, el general Pérez Peralta destacó los logros obtenidos por la dirección regional bajo su mando, reconocida por el presidente de la República como la mejor del país en reducción de la delincuencia. “Esta unidad trabaja las 24 horas del día para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Creemos en las medidas preventivas y seguiremos trabajando en conjunto con el ayuntamiento para convertir a Santo Domingo Este en un municipio aún más seguro”, afirmó.
Este esfuerzo conjunto se alinea con los estándares internacionales de seguridad de la ONU y busca posicionar a Santo Domingo Este como un referente en la región en materia de seguridad.
La Procuraduría Fiscal de Santo Domingo Este y Norte obtuvo una condena de 20 años de prisión en contra de un pedófilo que violó sexualmente a un adolescente de 14 años de edad, a quien conoció a través de las redes sociales, en un hecho ocurrido en el año 2023, en esta jurisdicción.
La condena fue dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de este distrito judicial, que preside la jueza Josefina Ubiera Guerrero, e integran las magistradas Yury Cuevas de la Cruz y Ariella Cedano Núñez, en contra de Luis Alberto Galán Brand, por los hechos cometidos en perjuicio del adolescente, nombre que se omite para proteger su identidad.
Durante el juicio, el Ministerio Público, que estuvo representado por la fiscal litigante Ivette Mateo, demostró ante el tribunal que el hoy procesado violentó el artículo 331 del Código Penal Dominicano, modificado por la Ley 24-97 sobre Violencia de Género, y los artículos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 396 del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03).
El expediente instrumentado por el fiscal investigador Bienvenido Polanco, relata que el día 31 de marzo del año 2023, alrededor de la 5:00 de la tarde, mientras la madre de la víctima llegaba a su vivienda, observó al procesado escalando por una de las paredes de su casa y en ese momento pasó una patrulla de miembros de la Policía Nacional, quienes lo detuvieron y lo cuestionaron.
Relata que en presencia del acusado y con él dentro de la vivienda, es cuando descubren que estaba abusando sexualmente del menor.
Para corroborar la acción delictiva, el Ministerio Público realizó a la víctima evaluaciones psicológicas y ginecológicas forenses, cuyos resultados establecieron la veracidad de los hechos.
La investigación reveló que el pederasta tenía alrededor de un mes contactando al adolescente a través de las redes sociales, medio que utilizaba para, en reiteradas ocasiones, invitar al menor de edad a que lo visitara en su casa, pero el adolescente se negaba, hasta que accedió a que el agresor lo visitara en su hogar, en donde fue detenido en flagrante delito.
El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, informó que esa entidad inició los operativos de inspección y vigilancia para evitar que ocurran engaños en las ofertas que se publican muchos comercios con motivo de la celebración del Día de las Madres.
Alcántara dijo que como ya es costumbre en su gestión, para esta época de gran flujo comercial la institución que dirige activa estos operativos preventivos en las principales provincias del país para que se respeten los derechos de los consumidores.
“Nuestra misión es vigilar el comportamiento comercial a propósito de las ofertas y promociones que publican establecimientos comerciales con motivo del Día de las Madres y así poder brindar confianza y la garantía necesaria a las personas consumidoras”, indicó.
El funcionario sostuvo que estas jornadas especiales de inspección, comprenden, además, la verificación de la publicidad de ofertas de bienes y servicios que se promocionan a través del comercio electrónico.
Asimismo, reveló que se vigilarán negocios dedicados a la venta de aparatos eléctricos, electrónicos y electrodomésticos.
También florerías, restaurantes, spa, bares, establecimientos con venta de ropa para damas, zapaterías, perfumerías, pastelerías, joyerías y mueblerías.
Alcántara explicó que con estos operativos se busca proteger a los consumidores de la publicidad engañosa, la cual, según dijo, “ha ido desapareciendo desde que asumimos la dirección ejecutiva de Pro Consumidor y la población lo ha podido comprobar en celebraciones de gran actividad comercial como son Día de Reyes, Día de San Valentín, Día de los Padres, Black Friday o Viernes Negro y las festividades navideñas”.
Igualmente, manifestó que como parte de este operativo se publicará un sondeo de precios en el portal web de la institución, para que los consumidores puedan verificar las ofertas de los principales electrodomésticos que se comercializan en estas fechas y así comparen los costos de los mismos antes, durante y el mismo día de la celebración.
El titular de Pro Consumidor hizo un llamado a la población a denunciar prácticas abusivas como cobros indebidos, incumplimiento de ofertas y promociones o restricción de venta en cualquier establecimiento. Para ello indicó que pueden hacerlo por Proco App o a los teléfonos 809-567-8555 y al 1-809-200-8555 desde el interior sin cargos.