El gobierno venezolano liberó a 99 opositores que habían sido detenidos tras las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de julio de 2024, un proceso marcado por denuncias de fraude.
Las autoridades explicaron que las excarcelaciones se produjeron luego de decisiones judiciales que revisaron cada caso de manera individual, reiterando que en el país no existen presos políticos, una afirmación rechazada por organizaciones de derechos humanos.
Colectivos independientes sostienen que aún cientos de personas permanecen privadas de libertad por razones políticas y alertan que muchas liberaciones se conceden bajo condiciones estrictas, citando casos como el de una médica condenada por mensajes críticos.
Analistas interpretan la medida como un intento de mostrar señales de distensión ante el aumento de sanciones y presión internacional, sin implicar cambios profundos en la política interna.
