El Sindicato de Choferes Propietarios de Autobuses de la provincia La Altagracia denunció ante la Procuraduría General de la República presuntas amenazas, presiones e intimidaciones por parte de funcionarios y actores vinculados al sector transporte, alertando sobre un posible escenario de violencia.
El secretario general, L. Torres Jiménez, señaló que altos funcionarios y empresarios ejercen presión “de manera subliminal” sobre la membresía para forzarlo a desistir de una acusación que será conocida el 9 de abril en la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís.
La organización asegura que existe una estructura delictiva que intenta mediante coerción forzar el retiro de acusaciones, mientras Torres Jiménez respondió a advertencias públicas afirmando que “vamos para los tribunales y vamos para donde tengamos que ir”.
