
En un contexto de creciente malestar social, senadores de la República Dominicana han calificado como legítimas las manifestaciones y los cacerolazos registrados en distintos sectores del país, haciendo un llamado al gobierno a atender los reclamos de la población.
El derecho a la protesta, concebido en la Constitución y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue defendido por los legisladores como un pilar democrático, aunque llamaron a la ciudadanía a ejercerlo con tranquilidad y apego a las normas de convivencia.
Mientras tanto, desde la oposición se reconoce el descontento, pero se advierte que buscarán capitalizar políticamente estas movilizaciones para generar presión adicional sobre el gobierno.