El presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, admitió que personas vinculadas a su organización y a otras fuerzas políticas han sido señaladas o procesadas por presuntos vínculos con estructuras criminales.
Durante la presentación de un proyecto de reforma a la Ley 33-18 ante su bloque de legisladores, Paliza introdujo herramientas como la declaración jurada de patrimonio, certificado de no antecedentes penales expedido por países de residencia en los últimos 15 años y pruebas antidopaje para candidatos.
La iniciativa busca fortalecer la integridad del sistema de partidos y prevenir que la política sea una «puerta de entrada para intereses o actividades ilícitas», reforzando el control del financiamiento político.
