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Las autoridades de Panamá asumieron el lunes el control de los puertos de Balboa y Cristóbal, ubicados en las entradas del canal de Panamá, luego de que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión otorgada a la compañía hongkonesa CK Hutchinson Holdings, que administraba estas instalaciones desde hace casi tres décadas.
La resolución pone fin a un período de administración privada y establece una transición de 18 meses durante los cuales los puertos serán operados por dos de las mayores navieras del mundo antes de abrirse nuevamente a licitación.
La Corte señaló que la renovación del contrato por 25 años en 2021 tenía una «inclinación desproporcionada a favor de la empresa en desventaja del Estado panameño».
La medida no implica una expropiación, sino la garantía de operación mientras se determina el valor real de los activos.