
Senadores de la Fuerza del Pueblo solicitaron una extensión de siete meses para la entrada en vigencia del nuevo Código Penal, argumentando que varios artículos presentan irregularidades y que organizaciones como el Colegio Médico y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) han señalado inconstitucionalidades en la pieza.
El senador opositor cuestionó que no es posible que tantas entidades estén equivocadas al solicitar más tiempo para estudiar el código, y señaló los artículos 8, 9, 12 y 354 como los principales puntos de conflicto.
Sin embargo, senadores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) sostuvieron que la pieza ha sido discutida durante décadas y que el país necesita el código para combatir delitos graves como el crimen organizado, el feminicidio y los delitos digitales.
Los oficialistas defendieron que las modificaciones pueden realizarse después de la vigencia mediante leyes correctivas, mientras que la oposición insiste en que los ajustes deben hacerse antes de que la ley entre en vigor.