
El nuevo Código Penal enfrenta una amplia ofensiva judicial con más de 15 acciones de inconstitucionalidad presentadas ante el Tribunal Constitucional, a pocos días de su entrada en vigencia.
Siete de esos recursos cuestionan el artículo 310, que sanciona el ultraje contra jueces, fiscales y otros servidores públicos.
Organizaciones y juristas sostienen que esa disposición podría afectar derechos como la libertad de expresión y el ejercicio de la defensa.
Legisladores señalaron que cualquier observación emitida por el Tribunal Constitucional será evaluada por la comisión de seguimiento creada para revisar la implementación de la nueva legislación.