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Legisladores opositores y oficialistas confrontan posiciones sobre la muerte de presuntos prófugos en operativos policiales, tras la propuesta del senador Antonio Taveras de interpelar al director de la Policía y a la ministra Faride Raful.
Diputados y senadores de la Fuerza del Pueblo respaldan la iniciativa y sostienen que ambos funcionarios deben comparecer ante el Congreso. El jurista Servio Tulio Castaño afirmó que el Ministerio Público tiene la obligación de investigar estos casos.
El diputado, Rafael Castillo, denunció que más de una veintena de presuntos prófugos han muerto en intercambios policiales. Castillo acusó a congresistas del PRM de guardar silencio ante estos hechos y señaló que la policía está haciendo casos indebidos contra ciudadanos ejemplares.
Desde el oficialismo, legisladores rechazaron adelantar conclusiones y advirtieron que no se puede hablar de asesinatos sin resultados concluyentes del Ministerio Público.
El jurista Servio Tulio Castaño sostuvo que cualquier muerte en el país debe ser investigada por el Ministerio Público. Castaño afirmó que el Congreso es el órgano de control del Estado y que es necesario que los funcionarios expliquen lo ocurrido.
El jurista también planteó la necesidad de impulsar políticas preventivas para enfrentar la delincuencia sin dejar de garantizar el cumplimiento de la ley.
El debate se produce en medio de cuestionamientos a los procedimientos policiales y el denominado Código 29, señalado como una supuesta práctica para ejecutar a presuntos delincuentes.
Las declaraciones se produjeron antes de la segunda reunión de la Comisión Bicameral de Interior y Policía, que estudia además el proyecto de reforma policial.