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La Fuerza del Pueblo denunció graves irregularidades técnicas, jurídicas y económicas en el proyecto de extradición de sedimentos de la presa de Hatillo.
Según la organización, los contratos suscritos contemplan volúmenes de material más de 13 veces superiores a los autorizados por el Ministerio de Medio Ambiente.
La relación técnica consignada en los documentos permite inferir una proporción aproximada de 4 metros cúbicos de material grueso aprovechable por cada metro cúbico de material fino no aprovechable.
A partir de esa proporción, la organización estima un potencial de casi un millón de metros cúbicos comercializables.
Fuerza del Pueblo planteó que el material aprovechable se utilice, pero que la ESGIR no inicie y, si ya comenzó, detenga de inmediato toda extracción, acarreo y entrega de material bajo el permiso señalado.
Esa pausa debe mantenerse hasta que la comisión técnica anunciada el 2 de julio, u otra designada para tales fines, evalúe el proyecto y publique sus conclusiones y recomendaciones con la opinión técnica del INDRHI.
El partido sostuvo que en el río Yuna no puede seguir operando una cantera y que la cola de anillo no puede convertirse en el cuerpo de un negocio opaco.
Asimismo, exigió que se publiquen las cuentas y que cuadren. De forma paralela, Acción Política, a través de su Secretaría de Medio Ambiente, exigió suspender las operaciones hasta aclarar las discrepancias. Esa organización estimó que la comercialización de grava y arena podría alcanzar un valor cercano a los millones.