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La Defensoría del Pueblo denunció que más del 65% de la población carcelaria dominicana permanece bajo medidas de coerción, una situación que agrava el hacinamiento en las cárceles del país.
De una población que supera los 23,000 internos, más de 15,000 guardan prisión preventiva, a pesar de que la capacidad del sistema ronda los 16,000 internos.
El director de la Defensoría Pública, Valentín Medrano, afirmó que el 85% de las solicitudes de medidas de coerción presentadas por el Ministerio Público corresponden a prisión preventiva.
También señaló que los tribunales suelen acoger estos pedidos, lo que convierte una medida excepcional en una práctica recurrente.
Por su parte, Servio Tulio Castaños, vicepresidente de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), sostuvo que la responsabilidad no recae solo en el Ministerio Público.
A su juicio, los jueces también contribuyen al problema cuando conceden estas medidas sin aplicar otras alternativas contempladas en el Código Procesal Penal.