Comunidades de zonas urbanas del Gran Santo Domingo realizaron este martes una marcha desde el Congreso Nacional hasta la Oficina de Abogados del Estado para exigir el cese de los desalojos forzosos y la creación de un marco legal que garantice el derecho a la vivienda digna.
Los manifestantes denunciaron que «cientos de familias han sido expulsadas o amenazadas» a pesar de llevar entre 30 y 50 años viviendo en estas zonas, donde cuentan con todos los servicios básicos como educación, electricidad, agua potable y calles pavimentadas.
Los protestantes criticaron que desde la Oficina de Abogados del Estado «están emitiendo órdenes de desalojo a diestra y siniestra» sin respetar el debido proceso legal, mientras hicieron un llamado al Congreso Nacional para retomar una propuesta de resolución presentada meses atrás por el senador de Santo Domingo.
Esta iniciativa busca que el presidente de la República declare de utilidad pública estas comunidades consolidadas, reconociendo su permanencia histórica y evitando los desplazamientos forzosos que afectan principalmente a familias de escasos recursos que han desarrollado sus vidas durante décadas en estos sectores urbanos.
