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La entrada en vigencia del nuevo Código Penal el próximo 3 de agosto ha generado alertas en el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que denunció que el articulado del código vulnera derechos fundamentales al incluir disposiciones que podrían penalizar expresiones contra funcionarios públicos, desconociendo decisiones previas del Tribunal Constitucional que declararon inconstitucional esa figura.
El dirigente peledeísta Carlos Guzmán afirmó que el gobierno de Luis Abinader busca imponer un «estilo dictatorial» y que la normativa podría ser utilizada para silenciar a periodistas y usuarios de redes sociales, fomentando la autocensura en el debate público.
La organización política también cuestionó el presupuesto millonario en publicidad oficial, que consideran una herramienta para controlar la información y fortalecer la narrativa gubernamental.
El Colegio Médico Dominicano anunció que elevará recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley, sumándose a las voces críticas del nuevo marco legal.