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El Gobierno dominicano aprobó, mediante el Decreto 787-26, el Código de Ética de la Inteligencia Artificial para los Servicios Públicos, una normativa que establece reglas obligatorias para garantizar que esta tecnología sea utilizada de manera responsable, segura, transparente e inclusiva en las instituciones del Estado.
La disposición, impulsada por la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación (OGTIC) y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), establece que los sistemas de inteligencia artificial que puedan afectar derechos ciudadanos, beneficios sociales o decisiones administrativas de alto impacto deberán someterse a evaluaciones éticas y contar con supervisión antes de entrar en funcionamiento.
Entre las principales medidas figura el derecho de los ciudadanos a conocer cuándo una decisión o trámite público utiliza inteligencia artificial, solicitar explicaciones y recurrir a una revisión humana.
Asimismo, quedan prohibidas prácticas como la clasificación social generalizada, la identificación biométrica masiva en espacios públicos sin orden judicial, el perfilamiento criminal basado en prejuicios socioeconómicos o territoriales, la automatización de sentencias penales y las armas autónomas.
El código también establece una protección especial para niños, niñas y adolescentes, además de exigir garantías de ciberseguridad, trazabilidad y protección de los datos personales en los sistemas tecnológicos contratados por las instituciones públicas.
Para supervisar y coordinar su aplicación, se creará el Consejo Nacional de Ética de la Inteligencia Artificial, con participación de representantes del Estado y sectores no gubernamentales.
Las instituciones públicas dispondrán de 180 días calendario para adecuar sus procedimientos, registrar los sistemas de inteligencia artificial que utilizan, designar a los funcionarios responsables e implementar las medidas necesarias para cumplir con la nueva normativa, que busca fortalecer la transparencia y proteger los derechos de la ciudadanía en la transformación digital del Estado.