ONU confirma recepción de carta del líder de 400 Mawozo en medio de ofensiva contra pandillas en Haití

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que recibió una carta enviada por Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou, líder de la pandilla 400 Mawozo, en la que propone una mediación ante el aumento de las operaciones de seguridad en Haití.  Sin embargo, el organismo aclaró que recibir el documento no representa un reconocimiento […]

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La Organización de las Naciones Unidas (ONU) confirmó que recibió una carta enviada por Wilson Joseph, conocido como Lanmò Sanjou, líder de la pandilla 400 Mawozo, en la que propone una mediación ante el aumento de las operaciones de seguridad en Haití. 

Sin embargo, el organismo aclaró que recibir el documento no representa un reconocimiento de su autor ni un respaldo a su contenido.

La confirmación fue ofrecida el 2 de noviembre por Stéphane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, quien precisó que la misiva estaba dirigida a António Guterres. 

Sobre Joseph pesa una acusación federal en Estados Unidos por toma de rehenes y conspiración para cometer ese delito, mientras Washington ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que permita su captura.

La comunicación se conoció en medio de la tensión generada por la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños, ocurrida el pasado 18 de octubre, tras un ataque contra el vehículo en el que se desplazaban por la zona de Plaine du Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe. 

Al cumplirse 16 días sin información confirmada sobre su paradero, El Salvador intensificó su presencia militar en territorio haitiano, con un despliegue que supera los 2,000 efectivos, según los informes citados.

La ONU también aclaró que la mayoría de los militares salvadoreños desplegados no forman parte de la Fuerza de Represión de Pandillas (GSF), respaldada por Naciones Unidas, por lo que están fuera del ámbito de supervisión de su oficina de apoyo. 

El organismo reiteró que todas las operaciones de seguridad deben cumplir el derecho internacional y garantizar la protección de la población civil, así como la transparencia y la rendición de cuentas.