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Las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos (OEA) enfrentan cuestionamientos por los limitados resultados de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), creada para combatir las bandas criminales que mantienen amplias zonas de Haití bajo su control.
A un año de su autorización, la violencia persiste y las elecciones presidenciales, previstas para diciembre de 2026, fueron pospuestas sin una nueva fecha definida.
La misión, encabezada por Jack Christofides, tenía como objetivo alcanzar un despliegue de 5,500 efectivos; sin embargo, solo cuenta con unos 1,600, según el informe divulgado.
La falta de personal, los retrasos burocráticos y las deficiencias logísticas han limitado sus operaciones, mientras los países comprometidos con el envío de tropas demoran en cumplir sus compromisos.
Un memorando atribuido a la Administración del presidente estadounidense Donald Trump cuestiona la gestión internacional y advierte que la extensión del mandato no se ha traducido en mejoras concretas para la población haitiana.
El documento propone trasladar la conducción operativa bajo supervisión estratégica del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), con el propósito de fortalecer la planificación, la logística y la coordinación de las acciones contra las pandillas.
La crisis continúa marcada por los secuestros, los asesinatos, la violencia sexual, las extorsiones y las restricciones a la movilidad de los ciudadanos.
Aunque el Consejo de Seguridad de la ONU prorrogó el mandato de la fuerza hasta el 31 de marzo de 2027, la falta de avances mantiene abierto el debate sobre la eficacia de la estrategia internacional y la necesidad de adoptar medidas que permitan recuperar la seguridad y la estabilidad institucional de Haití.