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El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó la solidez de la investigación del Ministerio Público contra la presunta red de corrupción administrativa que habría sustraído fondos públicos mediante operaciones vinculadas al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), y manifestó su expectativa de que el tribunal acoja las medidas de coerción solicitadas.
Camacho explicó que la acusación presentada ante el tribunal está respaldada por unos 706 medios de prueba y señaló que, durante el proceso, al menos 13 de los imputados admitieron los hechos que se les atribuyen.
“Hemos presentado la medida de coerción que ha traído el Ministerio Público; que terminada la presentación de la medida no solamente está sustentada en unos 706 medios de prueba que ha aportado el Ministerio Público, sino que, además, esas pruebas han llevado al menos a 13 de los imputados a admitir los hechos ante el tribunal”, declaró.
El funcionario ofreció sus declaraciones a la salida de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, donde concluyó la audiencia de solicitud de medidas de coerción y el juez Rigoberto Sena se reservó el fallo para el próximo domingo 27 de septiembre, a las 7:00 de la noche.
Camacho encabezó el equipo litigante del Ministerio Público junto a la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca); el procurador de corte Héctor García y los fiscales litigantes Rosa Alba García, Ernesto Guzmán Alberto, Emmanuel Ramírez y Yudelka Holguín.
Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó variar la prisión preventiva inicialmente planteada por arresto domiciliario para los imputados Heidy Coronado Paulino, Lucreisy Polanco Núñez, Einstein Rafael Borromé Valdez, Carlos Job Ynoa Olivero, Engels Federico Díaz Mendoza, Rafael Mauricio Cabral González, Víctor Felipe Rodríguez García, Marcelino Eusebio Figuereo y Ray Ernesto Mercedes Lugo.
Según Camacho, estas personas admitieron los hechos que se les imputan y han colaborado con la investigación. Los domicilios donde cumplirían la medida fueron aportados al tribunal.
“Una parte de los implicados ha colaborado con la investigación del Ministerio Público y nosotros, siendo coherentes, como lo hemos hecho en todos los casos, en la medida en que las personas muestran arrepentimiento, admiten los hechos y piden incluso excusas ante el tribunal, aunque esto no es suficiente y el proceso sigue, sí el Ministerio Público solicitó al tribunal que se les imponga, tomando en cuenta su colaboración, el arresto domiciliario”, explicó.
Camacho insistió en que la evidencia presentada por el órgano persecutor es suficiente para sustentar las medidas solicitadas.
“Lo que sí puedo asegurar es que en este caso el Ministerio Público ha entregado al tribunal la evidencia suficiente para que se imponga la medida de coerción indicada por el Ministerio Público”, afirmó.
También cuestionó los argumentos presentados por algunas de las defensas, al considerar que la entrega de documentos personales o académicos no necesariamente desvirtúa el peligro de fuga.
“Las defensas confunden documentos con presupuestos; el hecho de traer una cantidad de documentos, como certificados académicos, que no es un presupuesto, y además no tiene ninguna utilidad como para desvirtuar el peligro de fuga vinculado con el daño a resarcir y la pena imponible”, sostuvo.
De su lado, Mirna Ortiz reiteró que el proceso no debe analizarse únicamente desde la perspectiva de los recursos económicos presuntamente manejados, sino también desde la afectación al derecho fundamental a la salud.
“Esto no se trata de los montos percibidos, porque el bien jurídico en este proceso no radica en cuánto recibió o dejó de recibir la persona; el bien jurídico protegido aquí es un derecho fundamental, que es el derecho a la salud”, explicó.
Ortiz recordó que el proceso se encuentra en la etapa de medidas de coerción y que la investigación continúa abierta.
“¿Significa esto que son los únicos recibidos por esos ciudadanos, los que están en la medida? No. Tenemos toda una fase de investigación abierta”, indicó.
La titular de la Pepca sostuvo que el Ministerio Público presentó ante el tribunal los elementos que considera necesarios para establecer la vinculación entre los imputados y los hechos investigados.
“¿Qué ha traído el Ministerio Público a este tribunal? Lo necesario para agotar esa fase procesal, para crear la vinculación necesaria entre los hechos y los imputados, de manera tal que este juzgador se convenza de la necesidad de imposición de medida y del tipo de medida que el Ministerio Público está solicitando”, manifestó.
Asimismo, explicó que parte de los recursos presuntamente involucrados no necesariamente puede ser rastreada mediante operaciones bancarias, debido a que, según declaraciones ofrecidas por algunos imputados ante el tribunal, determinadas sumas habrían sido entregadas en efectivo.
El Ministerio Público mantiene la solicitud de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo para Angeury Guzmán Vásquez, Starky Atahualpa Arturo y Rodríguez Nova, así como para la gastroenteróloga Ysabel Heredia Vallejo y los médicos Juan Henry Poueriet, Hanna Rashell Rodríguez Almánzar, Luz Esther Reyes Durán de Ramírez, Edwin Alberto Batista Cruz, José Luís Díaz Hernández, Guillermo Enrique Dicló Garabito, Griselda Altagracia Basora Ramírez y Juan Gabriel Rodríguez Ravelo.
La solicitud también incluye a los médicos Martha María Saldaña Saldaña, Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez, Keila Beatriz Acosta Leonardo, Laura Altagracia Santana Evangelista, Wander Manuel Díaz Encarnación y Yocaira Antonia Méndez Beltré.
Los fiscales solicitaron, además, que el proceso sea declarado complejo, alegando la existencia de una pluralidad de hechos, víctimas y posibles implicados, así como elementos que, según el Ministerio Público, corresponden a un esquema de delincuencia organizada.
El proceso se originó con la Operación Cobra, mediante la cual el Ministerio Público arrestó el año pasado a Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, exdirector del SeNaSa y señalado por el órgano acusador como cabecilla del entramado investigado.
También fueron incluidos en esa primera etapa Gustavo Enrique Messina Cruz, Francisco Iván Minaya Pérez, Germán Rafael Robles Quiñones, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo, Cinty Acosta Sención, Heidi Mariela Pineda Perdomo, Eduardo Read Estrella y Ángel Luis Guzmán Vásquez.
El Ministerio Público busca obtener sanciones penales y el decomiso de recursos que, según la investigación, habrían sido sustraídos al Estado dominicano.
A los involucrados se les atribuyen, entre otros delitos, coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
De acuerdo con el órgano acusador, durante la investigación se han obtenido evidencias sobre presuntos sobornos a gran escala, alteraciones de estados financieros y programas especiales sin sustento jurídico que habrían sido utilizados para distraer recursos públicos mediante maniobras fraudulentas.
El Ministerio Público sostiene que se trata de un esquema de corrupción que habría operado desde la dirección ejecutiva del SeNaSa, con la participación de funcionarios de esa Administradora de Riesgos de Salud y prestadores de servicios médicos, en perjuicio del Estado dominicano.
Como parte de las líneas de investigación relacionadas con el caso, el Ministerio Público puso en marcha en junio la Operación Onco14, que derivó en el arresto de tres personas señaladas por su presunta participación en una estructura que habría utilizado de manera fraudulenta al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer.
La investigación también involucra al Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC), pacientes afectados por cáncer y al SeNaSa.
Por este caso fueron arrestados Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC; su esposa, Luisa Yasiris Guzmán, presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y su exesposa, Dilcia Isabel Vargas Sánchez.
Vargas Sánchez, quien se divorció de Lora Cruceta en 2014, ocupó la Vicepresidencia y se desempeñó como auditora interna y externa del patronato que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao durante el período en que Lora Cruceta presidía la organización.
Lora Cruceta y Guzmán cumplen prisión preventiva, mientras Vargas Sánchez permanece bajo arresto domiciliario.