El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández fue liberado el 1 de diciembre de una prisión federal de alta seguridad en Pensilvania, según los registros del Buró Federal de Prisiones (BOP).
Su salida se produjo tras recibir un perdón total del presidente estadounidense Donald Trump.
Aunque la base de datos oficial confirma su liberación, no se han revelado detalles sobre su paradero actual ni los pasos legales que podrían seguirse.
Hernández había sido extraditado en 2022 y condenado en marzo de 2024 a 45 años de prisión por delitos vinculados al narcotráfico y al uso de armas.
Tras la noticia, su esposa, Ana García, agradeció públicamente a Trump y celebró que el exmandatario “volviera a ser un hombre libre” después de casi cuatro años detenido.
La semana anterior, Trump ya había adelantado su intención de indultar a Hernández, alegando que el Gobierno de Joe Biden había “tendido una trampa” al expresidente hondureño.
El anuncio coincidió con el clima electoral en Honduras, donde el candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, respaldado por Trump, compite en unas elecciones muy reñidas según el escrutinio preliminar.
El indulto ha generado fuertes reacciones tanto en Honduras como en Estados Unidos. Sus críticos sostienen que la decisión debilita la lucha contra el narcotráfico y envía un mensaje negativo sobre la rendición de cuentas.
Sus defensores, en cambio, cuestionan la legitimidad del juicio y denuncian motivaciones políticas.
Según Axios, Hernández habría entregado a Trump una carta en la que lo elogiaba y destacaba la cooperación bilateral durante su administración, en un gesto acompañado por una intensa campaña de cabildeo dirigida por Roger Stone.
La Casa Blanca respaldó la versión de Trump sobre una presunta manipulación del caso durante la Administración Biden.
La portavoz Karoline Leavitt afirmó que el abogado defensor de Hernández tuvo apenas tres semanas para preparar el juicio y alegó que la acusación se basaba en testimonios de “delincuentes confesos” en busca de beneficios judiciales.
También afirmó que la causa habría estado influenciada por intereses políticos vinculados al gobierno de Xiomara Castro y a funcionarios del Partido Demócrata estadounidense.
