El Ministerio Público reafirmó que apelará la sentencia emitida en el caso contra Juan Alexis Medina y los demás imputados, luego de que este miércoles fueran notificados los plazos procesales con la entrega íntegra de la decisión, compuesta por 10,841 páginas en formato digital.
La fiscal Elizabeth Paredes Ramírez destacó que todas las partes estuvieron de acuerdo con recibir la notificación mediante un dispositivo electrónico, recordando que el Ministerio Público ha sido pionero en el uso de medios digitales para la entrega y notificación de evidencias. La jueza presidenta, Claribel Nivar, explicó el procedimiento para acceder al dispositivo USB y su contenido, mientras el secretario del tribunal verificó y abrió el archivo en presencia de todos los involucrados.
Paredes Ramírez, adscrita a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), señaló que esta modalidad representa un avance para el sistema de justicia, ya que agiliza las notificaciones, refuerza la seguridad y reduce el uso de papel. Durante el acto, Juan Alexis Medina no estuvo presente.
Decisión del tribunal
El tribunal declaró culpable a Medina Sánchez —señalado como cabecilla del entramado de corrupción— por soborno en el comercio y la inversión, lavado de activos, uso de documentos falsos y asociación de malhechores, imponiéndole una condena de siete años de prisión.
También fueron condenados José Dolores Santana Carmona (6 años) y Wacal Vernabel Méndez Pineda, Francisco Ramón Brea Morel, Carlos Martín Montes de Oca, Rigoberto Alcántara Batista, Paola Mercedes y Víctor Matías Encarnación (5 años). Además, Medina Sánchez, Santana Carmona, Méndez Pineda, Mercedes, Alcántara Batista y varias empresas deberán pagar 500 millones de pesos al Estado dominicano.
Las empresas vinculadas al caso incluyen Domedical Supply SRL, Fuel American Inc., General Supply Corporations SRL, General Medical Solution AM SRL, Kyanred Supply SRL, Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL, United Suppliers Corporations SRL, Wattmax Dominicana SRL, WMI International SRL, Wonder Island Park SRL, Acorpor SRL, Ichor Oil SRL, Globus Electrical SRL, Contratas Solution Services CSS SRL, Constructora Alcántara Bobea (CONALBO) SRL, Proyectos Engineering & Construction PIC SRL, Reivasapt Investment SRL y Suhold Transporte y Logística SRL.
Los condenados deberán cumplir sus penas en los centros de corrección y rehabilitación Najayo Hombres y Najayo Mujeres, en San Cristóbal, además de pagar las costas penales.
En virtud de un acuerdo con el Ministerio Público, Víctor Matías Encarnación Montero fue condenado a cinco años de prisión con pena suspendida bajo condiciones, además del pago de una multa de 500 mil pesos y las costas del proceso.
En cambio, fueron absueltos Fernando Rosa, Carmen Magalys, Freddy Hidalgo, Rafael Antonio Germosén Andújar, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Pachristy Emmanuel Ramírez, Carlos José Alarcón, Libni Arodi Valenzuela Matos, José Miguel Genao Torres, Antonio Florentino Méndez, José Idelfonso Correa Martínez, Aquiles Alejandro Christopher Sánchez y Fulvio Antonio Cabreja Gómez, así como las empresas Cemeraf y Editorama, que fueron liberadas de responsabilidad penal.
El Ministerio Público sostuvo que Medina utilizó múltiples empresas para obtener contratos violando la Ley 340, afectando instituciones como el Ministerio de Salud Pública, Obras Públicas, EdeEste y la Policía Nacional, donde se registraron irregularidades por más de 220 millones de pesos, incluyendo 32 millones en combustible no entregado.
El tribunal constató que la empresa Fuel America incumplió requisitos esenciales para suplir combustible a la Policía Nacional y confirmó irregularidades en varias estaciones de la institución. En su decisión, las juezas calificaron de “asombrosas” las anomalías detectadas.
También se verificaron sobornos en la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana (UERS). Las juezas rechazaron la exclusión de pruebas presentadas por el Ministerio Público, concluyendo que fueron obtenidas respetando el debido proceso.
