El movimiento cívico Participación Ciudadana responsabilizó al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno de la aprobación de un Código Penal que protege la corrupción estableciendo límites a su enjuiciamiento, vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías.
Afirman que el referido código es aprobado bajo el falso argumento de querer modernizar un instrumento legal como el que actualmente nos rige, sin importar el precio que haya que pagar.
La organización cívica indica que la dirección del partido de Gobierno no se puede escudar en el carácter corporativo del congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación que de aprobarse llevaría el país a la norma de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales.
“Por esta razón hacemos un llamado al presidente de la República Luis Abinader a que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido”, explicaron en un comunicado.
El proyecto de Código Penal aprobado en el senado y aprobado ahora en primera lectura en la Cámara de diputados establece una prescripción de 20 años a los delitos de corrupción violando la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente.
“La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano, por lo que debería colocarse al lado de los crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo que es permitido por el artículo 146 constitucional”, expresó.
“Los diputados acaban de aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó el Consejo Nacional.
Hace tres años el proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de diputados obviaba derechos de las mujeres reconocidos en más de 190 países, ahora el proyecto aprobado en el senado violenta además los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que ha obligado a decenas de organizaciones nacionales e internacionales a dar un grito de alarma ante este retroceso institucional expresa el documento.