Participación Ciudadana rechazó que el Gobierno haya desviado fondos del Presupuesto de la Nación destinados a otras áreas para entregarlo a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral (JCE).
Afirman que el “bajadero” que el Gobierno ha realizado para complacer a los partidos es una decisión política al margen de la ley, que sienta un precedente que puede traer graves problemas en el futuro.
Dijeron que el país deberá abocarse a resolver de manera institucional todos los asuntos que conllevan violaciones anuales en el presupuesto.
Por tanto, Participación Ciudadana aspira que en una próxima revisión constitucional se revisen las condiciones y montos de financiamiento que se consignaron en las leyes electorales y de partidos, a la luz de los pobres resultados que hemos tenido.
Sin embargo, explicaron que hasta que eso se produzca, no se puede pasar por alto ni apoyar violaciones a las leyes como la que se ha anunciado, en detrimento de las demás instituciones y sectores que todos los años reciben un presupuesto muy por debajo de sus necesidades.
Entre las instituciones que reciben recortes presupuestarios, no sólo está la JCE, incluyendo las asignaciones a los partidos, sino también instituciones tan necesitadas como el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República, los ayuntamientos, la Universidad Autónomas de Santos Domingo (UASD), la Cámara de Cuentas, entre un total de 13.