El Ministerio Público afirmó que Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de las discotecas Jet Set, privilegiaron la actividad comercial por encima de la seguridad del público, lo cual habría derivado en el colapso del techo durante un concierto de merengue el pasado 8 de abril.
El trágico incidente dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos entre asistentes, empleados y músicos, quienes se encontraban dentro del recinto cuando ocurrió el derrumbe.
A Antonio se le dictaron 18 meses de prisión preventiva, mientras que a Maribel se le impuso una medida cautelar de impedimento de salida del país.
