La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso este martes medidas de coerción a los vinculados por el Ministerio Público a la red de corrupción administrativa Coral 5G y declaró el caso complejo.
La prisión preventiva deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en la provincia San Cristóbal.
El caso del general Julio De los Santos Viola, quien recusó a la jueza, se conocerá en otra audiencia, cuando la Corte de Apelación del Distrito Nacional decida.
De acuerdo al Ministerio Público, La red de corrupción desmantelada con las operaciones Coral y Coral 5G movió al menos 4,500 millones de pesos.
Ministerio Público
“Nosotros presentamos para el conocimiento de esta medida de coerción a 12 imputados, y de esos 12 imputados, 10 han quedado con medida de coerción privativa de libertad, lo que nos parece un reconocimiento más a la contundencia de los procesos que nosotros presentamos ante los tribunales”, resaltó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho a su salida de la medida de coerción a los imputados en el caso Coral 5G.
Camacho detalló que cinco de esas personas quedaron privadas de libertad con prisión preventiva y otros cinco con arresto domiciliario, en tanto que a otros dos les fue impuesto impedimento de salida del país y presentación periódica.
En ese mismo orden, agregó “es una muestra además de que la lucha contra la corrupción avanza en República Dominicana”.
Abogado defensa
El abogado Cándido Simón, representante del imputado del caso Coral 5G, el general Juan Carlos Torres Robiou (FAD), exclamó su disconformidad con la medida propuesta por el Ministerio Público de 18 meses de prisión preventiva.
Simón indicó que no debería ser más de 3 meses, presto que ese es el tiempo en que se deben revisar las medidas de coerción.