Operación Lobo Revela Red de Sobornos con Confesiones de la Mitad de los Acusados

El procurador adjunto Wilson Camacho resaltó el pasado miércoles la solidez de la investigación del Ministerio Público en el marco de la Operación Lobo, que condujo al arresto de militares y civiles vinculados a una red de sobornos que afectó a diversas instituciones del Estado. Camacho destacó que cinco de los diez imputados han admitido su participación en los hechos, lo que, a su juicio, evidencia la contundencia del expediente presentado.

“El 50 % de los acusados ha confesado su implicación en actos graves de corrupción, lo que fortalece el pedido del Ministerio Público de arresto domiciliario para estos colaboradores y prisión preventiva para los demás”, explicó el procurador.

Camacho también calificó el caso como inusual, ya que involucra tanto a quienes ofrecieron los sobornos, como a los intermediarios y a quienes los recibieron. “Esperamos que el sistema de justicia actúe especialmente con aquellos que aún no han cooperado con la investigación”, agregó.

Equipo de fiscales

Durante la audiencia, Camacho lideró un equipo de fiscales que incluyó a la procuradora de corte Mirna Ortiz, así como a los representantes de la PEPCA Elizabeth Paredes, Ernesto Guzmán, Yoneivy González y Rosa María Pichardo.

Al responder preguntas de la prensa, el procurador afirmó que las pruebas aportadas son irrefutables, incluyendo documentación financiera que respalda cada pago ilegal. “Tenemos registros contables de cada peso pagado en sobornos, respaldados por documentos entregados por el Senasa y por transacciones financieras específicas”, señaló.

Camacho detalló que las transferencias ilícitas fueron realizadas por el empresario Quilvio Rodríguez desde su empresa a las cuentas personales de encargados de seguridad de las instituciones afectadas. “Las cuentas fueron suministradas por los propios implicados durante reuniones para coordinar la distribución del dinero”, aseguró.

Culpabilidad

Además, valoró la cooperación de los imputados que admitieron su culpabilidad. “Estas cinco personas no solo confesaron los hechos, sino que detallaron cómo operaba el mecanismo de distribución de sobornos, confirmando así la teoría del caso del Ministerio Público”, dijo, subrayando que la colaboración debe tener un trato diferenciado en el proceso penal.

El juez Rigoberto Sena, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, se reservó el fallo, que será dado a conocer este jueves a las 6:00 de la tarde.

Entre los acusados figuran altos mandos militares y policiales, como el mayor general retirado Carlos Ambrosio Robles Díaz y varios coroneles, así como el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.

La estructura delictiva habría afectado instituciones como el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi), el Seguro Nacional de Salud (Senasa) y las empresas de distribución eléctrica EdeNorte, EdeEste y EdeSur.

Los imputados enfrentan cargos por soborno, asociación de malhechores, estafa contra el Estado y lavado de activos, bajo varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.