Unos 14 integrantes de la orquesta del fallecido merenguero Rubby Pérez fueron compensados económicamente por la empresa Inversiones E & L, S. R. L., propietaria del Jet Set Club, además de Zulinka Yadhira Pérez Lizardo, hija del artista y parte de su equipo musical, así como su esposo, Teosaris Miguel Báez Polanco, también músico de la orquesta.
La entrega de un cheque por un millón de pesos a Zulinka tras el colapso del techo ocurrido el pasado 8 de abril, tragedia que dejó 236 muertos y más de 180 heridos, generó controversia en redes sociales, lo que la llevó a ofrecer declaraciones públicas para aclarar que el pago buscaba cubrir gastos médicos y personales derivados del suceso, y no implicaba renuncia a la búsqueda de justicia para su padre.
Entre los músicos que figuran en el documento presentado por la defensa de los Espaillat están los músicos Aníbal Arodi Albuerme Rosa, Deivis Alberti Antigua Paulino, Esdras Hernández Segura, Jean Carlos Ubiera Payano, Jordy Ramírez Matos, Juan Luis Gómez Espinal, Junior Radhamés Sánchez Pérez.
Así como también Manuel de Jesús Tatis, Martín José Encarnación Pineda, Misael Abreu Cruz, Máximo Leonardo Núñez Díaz, Raúl Andrés Castro Valerio, Teófilo Blas Dimil Reyes Céspedes y Félix Fernando Soto Rodríguez.
Según el documento el recibo de descargo y desestimiento busca dar “una asistencia o apoyo económico destinado a cubrir y solventar gastos médicos, personales y cualquier daño o perjuicio sufrido como consecuencia del colapso de la infraestructura donde operaba el establecimiento comercial conocido como Jet Set, incluyendo, la afectación que pueda haber recibido como empleado y miembro de la orquesta del señor Roberto Antonio Pérez Herrera, conocido popularmente como Rubby Pérez, quien lamentablemente falleció a raíz del aludido suceso”.
Estas compensaciones forman parte de una serie de acuerdos entre la empresa y afectados, que han sido incluidos en el expediente de defensa de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, imputados por la tragedia.
Sin embargo, sectores de la sociedad siguen exigiendo que el proceso judicial determine responsabilidades más allá de los arreglos económicos.
