El Ministerio de Educación comenzó de forma parcial la distribución del bono anual a algunos empleados, tras denuncias sobre el incumplimiento de ese pago.
De acuerdo con varios trabajadores, quienes prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, el ministro Luis Miguel de Camps solo autorizó el pago del incentivo a un grupo limitado de empleados, excluyendo a numerosos servidores que también desempeñan funciones esenciales en la entidad.
Los excluidos calificaron el hecho como una injusticia y manifestaron sentirse discriminados por las autoridades, señalando que “el bono se distribuyó por caritas, como si fuera un favor y no un derecho adquirido”.
